Anticorrupción pide al juez una vista para decidir si Koldo y Ábalos siguen en libertad
El juez Puente advirtió del riesgo “creciente” de fuga a medida que se acercaba la fecha del juicio
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del Tribunal Supremo que acuerde una vista para decidir si se modifican las medidas cautelares que actualmente tienen impuestas el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, después de pedir para ellos 24 y 19 años y medio de prisión, respectivamente,...
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del Tribunal Supremo que acuerde una vista para decidir si se modifican las medidas cautelares que actualmente tienen impuestas el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, después de pedir para ellos 24 y 19 años y medio de prisión, respectivamente, por la trama de las mascarillas. El instructor Leopoldo Puente advirtió la última vez que ambos investigados comparecieron en la investigación que existía un riesgo “creciente” de fuga a medida que se acercaba la fecha de juicio.
El escrito que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado este miércoles en el Supremo solicita que se articule una vista de acuerdo al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo indica que durante esta audiencia “el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional con fianza”.
Hasta este momento, las acusaciones populares que están personadas en esta investigación habían solicitado que el exministro y su antiguo asistente ingresaran en un centro penitenciario, pero la Fiscalía siempre ha abogado por otro tipo de medidas cautelares que son las que, finalmente, ha acordado el juez en lugar de la prisión. Ábalos y Koldo tienen impuesta desde hace meses la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado y la prohibición de salir de España.
La última vez que ambos comparecieron en el Tribunal Supremo, el pasado 15 de octubre, el juez Puente argumentó que en ese momento no existía un alto de riesgo de fuga, pero admitió que este era “creciente” a medida que se robustecían los indicios y que se aproximaba “la fecha de celebración” del juicio. “Lo que, acaso, pudiera justificar, como sugirió el fiscal en su informe, la adopción de medidas cautelares más gravosas en lo porvenir”, indicaba el magistrado.
Además, Luzón indica que de cara al juicio y dado “el volumen y la relevancia de los documentos propuestos” por la Fiscalía, el Supremo debe disponer “los medios técnicos necesarios que permitan, al tiempo de su exhibición personal, la reproducción fiel y el visionado público de tales documentos”.
La Fiscalía solicita 24 años de prisión y una multa de más de 3,9 millones de euros para el exministro de Transportes José Luis Ábalos por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Para Koldo García ha pedido 19 años y seis meses, así como otra multa por 3,9 millones de euros. Ambos están acusados de cinco delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Por su parte, al empresario Víctor de Aldama, el fiscal le reclama solo siete años de cárcel, tras haberle aplicado una rebaja de la pena por haber colaborado con la justicia.
En el mismo escrito, Anticorrupción detalla las pruebas que pretende que se practiquen en el juicio, que previsiblemente, se celebrará en el Tribunal Supremo en los próximos meses. Luzón reclama la comparecencia de 39 testigos, entre ellos algunos presuntos miembros de la trama que están imputados en la parte de la investigación que se instruye e la Audiencia Nacional, como la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera o Joseba García y Patricia Uriz, hermano y exmujer de Koldo García. También pide que se cite a una de las exparejas de Ábalos, Jésica Rodríguez, a la que supuestamente enchufó en Ineco y Tragsatec; a su hijo Víctor Manuel Ábalos; al ex consejero delegado de Globalia, Francisco Javier Delgado; al empresario Claudio Rivas, socio de Aldama imputado en la trama de hidrocarburos; a la empresaria Carmen Pano y su hija Leonor González Pano, también imputadas en ese caso; y el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda Carlos Moreno.