El Gobierno andaluz admite ante el juez que aprobó cambiar la fiscalización de los contratos del SAS sin informes preceptivos previos
La viceconsejera de Economía y Hacienda revela que el Consejo de Gobierno tomó la trascendental decisión basándose solo en una petición verbal en el ‘Consejillo’ previo
El Gobierno andaluz (PP) ha admitido este martes ante el juez José Antonio Gómez que en 2020 cambió la fiscalización de los contratos de emergencia sanitarios, una decisión trascendental porque afectó a convenios por 242 millones con la sanidad privada, sin los informes previos preceptivos. El Consejo de Gobierno del Ejecutivo aprobó el 6 de octubre del año de la pandemia suprimir la fiscalización previa de dichos contratos por el control financiero permanente, basándose solo en una petición verbal que le hizo el viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, al de Hacienda, Roberto Ochoa, en el llamado Consejillo. Así lo ha explicado esta mañana la viceconsejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez, que ha declarado como testigo ante el juez del caso de los contratos de emergencia sanitarios, titular del Juzgado 13 de Instrucción de Sevilla, según fuentes del caso.
Martínez, número dos de la Consejería de Economía, ha reconocido que el Consejo de Gobierno eludió en 2020 para el cambio de fiscalización la propuesta inicial, los informes técnicos y la preceptiva memoria de la Intervención General y sin propuesta de la Comisión General de Viceconsejeros. Es decir, el órgano decisorio del Ejecutivo autonómico, presidido por Juan Manuel Moreno, omitió supuestamente el procedimiento debido y basó el cambio de fiscalización solo en un comentario o sugerencia verbal entre viceconsejeros.
La Fiscalía Anticorrupción ya exigió hace un año a la Junta “todo el expediente tramitado” para aprobar la conversión de la fiscalización a los contratos investigados, en su escrito de 11 de noviembre de 2024, pero la respuesta ha sido el silencio desde la Presidencia del Ejecutivo, que alegó haber aportado el expediente completo, pero sin informes técnicos, porque sencillamente no existían. La sorpresa ha saltado este martes cuando por primera vez la alto cargo de Economía ha reconocido la omisión. “El juez se ha quedado planchado al entender que no había documentación técnica previa para cambiar el orden del día del Consejo de Gobierno”, relatan fuentes presentes en el interrogatorio.
A preguntas del juez, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones personadas, Martínez, entonces interventora general, alegó que en 2020 recibió presiones desde sus subordinados para que la fiscalización previa se flexibilizara y se hiciera a posteriori, minimizando el control fiscalizador del gasto, según fuentes del caso. “Solo ese año tuvimos en Andalucía 6.700 fallecidos y 30.000 ingresados en los hospitales. Muchos de ellos, cercanos a mí”, justificó la viceconsejera a su salida del juzgado, donde como testigo tenía obligación de decir la verdad.
Sin embargo, Martínez eludió un detalle muy relevante que sí confirmaron las dos interventoras del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que también han declarado como testigos: entre marzo, cuando se declaró la pandemia, y el 6 de octubre, cuando el Consejo de Gobierno aprobó el cambio de fiscalización, la Intervención General, el cuerpo de élite que examina todos los gastos del Ejecutivo andaluz, emitió dos informes de reparo que paralizaron parte del gasto porque lo consideraban ilegal. Es decir, estos reparos de los interventores son un indicio relevante que explicaría por qué el Gobierno decidió cambiar la fiscalización a posteriori, a sabiendas de que la Intervención lo consideraba ilegal, como luego pusieron de manifiesto los informes de control entre 2021 y 2023 que analizaron el gasto de esos 242 millones cuestionados ahora por la investigación judicial. “Este cambio no fue casual y tiene unos efectos acreditados por las interventoras en su declaración”, recalcan fuentes del caso presentes en la declaración.
Tras la declaración de Martínez, es muy probable que acudan al juzgado los viceconsejeros de Salud y de Hacienda, para ratificar su versión de cómo es posible que una decisión adoptada por el Consejo de Gobierno careciera de soporte técnico y vulnerara la ley de esa forma, solo por las prisas, según fuentes del caso. Los viceconsejeros andaluces eran entonces los números dos de Juan Bravo, ―hoy vicesecretario nacional de Hacienda del PP― y de Jesús Aguirre ―actual presidente del Parlamento andaluz―.
Al no encontrar los informes preceptivos, el PSOE, personado como acusación popular en el caso, no daba crédito a la apresurada aprobación del Consejo de Gobierno, y en un escrito le pidió al juez hace tres semanas que le requiera de nuevo al Ejecutivo de Moreno “el expediente completo que obre en los archivos oficiales de Consejo de Gobierno (…) con especial referencia a la aportación de informes, memorias de la Intervención, propuesta o cualquier otro documento que hubiera fundamentado la decisión de suprimir la fiscalización previa del gasto público en los contratos de emergencia del SAS”. Además, le pedía al magistrado que requiera también la propuesta de acuerdo que salió del Consejillo previo al Consejo de Gobierno para aclarar todos los extremos.
La tesis de los socialistas es que el Ejecutivo andaluz decidió en octubre, para eliminar de un plumazo los reparos que había puesto la Intervención General al gasto de emergencia de la Consejería de Salud, cambiar al control financiero permanente para así continuar “el ilícito mantenimiento en el tiempo de la contratación fraudulenta de emergencia”. El PSOE subrayó que “la Intervención General de la Junta de Andalucía jamás pudo promover ni informar la supresión de la fiscalización previa de la contratación de emergencia del SAS, sencillamente porque no figuraba en la propuesta de acuerdo sobre la que realizaba la memoria”.
Mientras, el ex director económico del SAS, José Antonio Miranda, que también ha declarado como testigo ante el juez, ha echado balones fuera para justificar por qué la Consejería cambió de manera unilateral los conciertos vigentes con las clínicas privadas para elevar los precios de las operaciones, pese a que había ya unos precios estipulados y cerrados con la sanidad privada, más reducidos y convenientes para el erario público. “En concurrencia competitiva siempre hay una bajada de precios automática de en torno al 10%, pero Miranda no ha sabido explicar por qué decidió subirlos en vez de bajarlos”, explican fuentes del caso.
Miranda culpó de estos desajustes al director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, Hipólito Luis Carlos Martínez, que declaró a continuación como testigo. Por su parte, las dos interventoras que emitieron informes críticos con el uso de la modalidad de emergencia por parte del SAS, han ratificado sus duros informes en sede judicial. La próxima cita será el martes 25, cuando declararán en el juzgado la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores Miguel Ángel Guzmán ―que fichó el año pasado por la aseguradora Asisa tras un polémico informe sobre su posible incompatibilidad― y Diego Vargas.