Absueltos tres años después del juicio la empresa y las aseguradoras de la mina leonesa donde murieron seis personas en 2013
La magistrada no aprecia homicidios por imprudencia ni contra los derechos de los trabajadores en la explotación con advertencias de inseguridad
El Juzgado de lo Penal Número 2 de León ha absuelto a los empresarios mineros acusados de delitos de homicidio por imprudencia por los seis fallecimientos del Pozo Emilio del Valle de Pola de Gordón (León) en 2013. La jueza, que desde la celebración del juicio ha estado de baja tras casi tres años, entiende que no hay responsabilidad penal ni en la cúpula de la entidad responsable del yacimiento, pese a que había advertencias de riesgos a la seguridad de los empleados, ni condena a las aseguradoras. El juicio se dilató durante años por cuestiones procedimentales para exasperación de las familias de las víctimas, agotadas también por los casi tres años que han trascurrido sin que hubiera un dictamen. “Estamos muy decepcionados, lo que esta señora ha hecho, tres años de baja... y en una semana [desde que se incorporó] lo ha estudiado todo. No nos convence”, lamenta a EL PAÍS la madre de Manuel Moure, uno de los difuntos, aún emocionada y sin saber si recurrirán la sentencia.
El dictamen, del que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha emitido a los medios solo el resumen de la absolución, tiene 505 páginas donde se describen los pormenores de la causa. En definitiva, quedan absueltos todos los acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores, acusados de tener a los mineros trabajando en zonas de riesgo y sin las pertinentes medidas de seguridad, así como delitos de homicidios por imprudencia grave y lesiones por imprudencia grave, pues varios de los supervivientes sufrieron graves consecuencias.
También quedan exoneradas las compañías de seguros como responsables civiles indirectas y la entidad Hullera Vasco Leonesa, responsable civil subsidiaria de esa explotación de carbón en la montaña leonesa. La resolución puede recurrirse, algo que las familias no aclararon en las semanas previas, cuando aguardaban movimientos judiciales: la causa se juzgó dolorosamente en 2023, con el pesar de tener que relatar lo sucedido, y se les ha hecho un suplicio aguantar los casi tres años de baja de la jueza, quien apenas dos semanas después de volver al juzgado se ha pronunciado de esta manera.
El ministerio público reclamaba para los 16 dirigentes de la compañía unas penas de tres años y medio de prisión e indemnizaciones millonarias para las familias de los difuntos y de otros empleados afectados.
El pasado 28 de octubre se cumplieron 12 años del accidente ocurrido en la galería 740 de la mina en la montaña leonesa, un séptimo piso subterráneo donde explotó una masa de gas grisú y mató por asfixia a los seis hombres además de herir a varios de sus colegas, que tuvieron que rescatar los cadáveres de la explotación minera y quienes han asegurado que en los días previos a los hechos hubo interrupciones de actividad por exceso de riesgo. El 30 de marzo de 2026 harán tres años desde que la jueza dejó el juicio visto para sentencia, sin que hasta ahora se haya sabido nada al respecto. El próximo 30 de marzo de 2026 harían tres años desde que la jueza dejó el juicio visto para sentencia, si bien el posible recurso de los familiares de los fallecidos anticipa que se pueda prolongar aún más el proceso judicial. Los padres de Manuel Moure, fallecido en ese pozo, se han manifestado regularmente ante el juzgado durante los casi tres años que han pasado sin resolución judicial, que ahora estudiarán con sus abogados para decidir si recurrirla.