“Los tratan como paquetes”: el desarraigo detrás del traslado de más de 600 menores migrantes de Canarias

El auto del Supremo que ha dado de plazo hasta el 21 de noviembre al Gobierno para ubicar en sus centros a los menores migrantes que han solicitado asilo está costando más de un disgusto a las organizaciones que trabajan con estos chicos y a las familias que les prestan cobertura. La primera resolución del tribunal llegó en ...

El auto del Supremo que ha dado de plazo hasta el 21 de noviembre al Gobierno para ubicar en sus centros a los menores migrantes que han solicitado asilo está costando más de un disgusto a las organizaciones que trabajan con estos chicos y a las familias que les prestan cobertura. La primera resolución del tribunal llegó en marzo, pero la pelea política impidió avances hasta ahora, cuando las prisas están jugando malas pasadas. “Nunca he visto al niño llorar como hoy”, dice una de las madres canarias de un maliense que ha sido trasladado de la noche a la mañana desde su centro de acogida en Tenerife, de la comunidad, hasta Las Palmas, al centro Canarias 50, del Gobierno. Y ella tampoco puede contener las lágrimas al otro lado del teléfono.

Fue Canarias quien llevó al Supremo la acogida de los menores que solicitan asilo porque sus centros están saturados, y a la comunidad correspondía elaborar los expedientes de cada uno de ellos, con su situación particular, para que fueran ubicados por el Ministerio de Migraciones sin mayores trastornos. Pero muchos de ellos no quieren ir a la península porque ya tienen su colegio, sus amigos y sus familias en las islas. El Supremo ha dictaminado, pero la falta de plazas gubernamentales en la comunidad para reacomodar a más de 600 muchachos ha ocasionado situaciones de desarraigo, denuncian las organizaciones.

Las asociaciones humanitarias aseguran que se está “vulnerando el bien superior del menor”. Este martes, varios de los chicos abandonaban los centros canarios para viajar hasta la capital de las islas, al Canarias 50, un macrocentro donde deben ser entrevistados para evaluar sus preferencias. A los menores les ha tocado llorar, pero también a sus cuidadores y a las familias que llevan años prestándoles apoyo y cobijo.

Uno de ellos, al que llamaremos Luis, recibió este lunes por la tarde, al salir del colegio, la noticia de que debía abandonar Tenerife y salir hacia Las Palmas, al Canarias 50. Su madre no dejaba de llorar al teléfono minutos después de despedirse de él. “Es un niño que llegó hace un año tras pasar 20 días en el mar, estaba en parada cardiorrespiratoria y nos dijeron que llamáramos a su familia en Mali, porque se moría. Pero se fue despertando del coma. Tenía 15 años y siempre ha estado a nuestro lado, como un hijo”, dice la mujer, que no da su nombre para proteger al chico. De su centro tinerfeño han salido con él otros nueve menores, todos con el mismo destino, que puede que no sea el último. “Los están tratando como si fueran paquetes. Luis no se quiere ir, habla francés y español perfectamente y tenía una matrícula para hacer la FP de Electrónica. Desde su llegada tiene un tratamiento y visitas periódicas al médico. A estos niños no les están escuchando”, afirma la mujer. Muchos han llorado.

“No se está haciendo una interpretación muy ajustada del auto del Supremo, que pide que se atienda el derecho de protección internacional de estos chicos, pero no que se les traslade necesariamente. Claro que los centros están saturados en Canarias, pero nada impide que se creen nuevas plazas”, afirma un abogado de extranjería, que pide anonimato. “Lo que no tiene sentido”, añade, “es que se les desarraigue, ni que se les impulse a renunciar al asilo por esa razón, algo que está ocurriendo. A los niños hay que escucharlos y su interés debe determinarse individualmente, así lo exige la Convención de los Derechos del Niño y la ley de Protección Jurídica del Menor en España”, afirma. Sin embargo, dice, se les está trasladando a Las Palmas sin haber hablado con ellos previamente, de un día para otro. “Eso es una pérdida de recursos. Sí, Canarias tiene que tener los expedientes de cada uno, pero qué dice en ellos, no pueden ser solo un conjunto de papeles. Si están escolarizados con éxito, si tienen amigos y familia de acogida, si encontraron algún trabajo, si están integrados en sus barrios, todo eso no lo recogen los expedientes”, afirma. Así lo ha criticado también el Ministerio de Migraciones en ocasiones. La Consejería de Bienestar Social dice que ya ha entregado todos los expedientes, con “un esfuerzo titánico” y muchas horas robadas a la madrugada, explicó a este periódico su titular, Candelaria Delgado, el pasado viernes.

Para trasladar a los muchachos hay que hacer una entrevista personal, de la que se encarga Engloba, una entidad especializada en acogida, junto con técnicos del gobierno canario y representantes de la Fiscalía. “Cualquier decisión que se toma se adopta después de escuchar al menor, atendiendo a las necesidades particulares de los menores y adoptando siempre un tratamiento diferenciado en función de su edad, sexo, situaciones de arraigo y su transición a la vida adulta”, afirman en la Secretaría de Estado de Migraciones. Aseguran también que “no se ha trasladado a la península a ningún menor que quisiera quedarse en Canarias y que a las niñas, a los menores de 14 y a quienes manifestaban su voluntad de quedarse los entrevistan en sus propios centros”. En todo caso, añaden, para los que afirman tener arraigo se está a la espera de la decisión de la Fiscalía.

Centenares de chicos han sido trasladados ya, tanto a la península como al Canarias 50, un macrocentro que estos días tiene menos adultos y cada vez más menores, cuenta Jacomar Bolaños, de la ONG Paz desde el deporte, que trabaja con muchos de ellos allí. El recinto pertenece al Gobierno y de ese modo cumplen el dictamen del Supremo. Una vez allí se procede a las entrevistas personales previas a la derivación a los centros de “la gran España”, como llaman algunos de estos chicos a la península. El tiempo en el Canarias 50 se alarga a veces demasiado. Tres meses, en lugar de los 15 días que prometen, estuvo Omar antes de ser llevado a Almería, en julio. Lo cuenta Miguel Llorca, profesor jubilado de la Universidad de La laguna, que coordina el Campus Sansofé, un proyecto de inclusión social a través del deporte. “Yo me trasladé a las Palmas alguna vez para hablar con él, pero no me dejaron verlo. Al final sí manifestó su intención de viajar, pero estuvo a punto de renunciar”, dice.

El revuelo está tomando eco en Canarias, donde se van sumando situaciones como la de los niños de Arucas, una población en la que los padres se han manifestado pidiendo que les dejen donde están, con sus familias, con su club de fútbol, con su vida. Afirman que los sacaron de sus centros sin decir agua va y los trasladaron al Canarias 50. Muchos están a la espera de ver cómo se resuelve su situación.

Dos quejan han llegado ya a la Diputada del Común en las Islas, Lola Padrón, equivalente al Defensor del Pueblo. Son solo dos quejas, pero ya barrunta que hay más casos. No abrirá una investigación de oficio, sino que tramitará convenientemente las dos quejas que se le han presentado para “ver qué está pasando”. “Creo que está faltando sentarse y hablar con esos menores. Si un niño está escolarizado, tiene arraigo, familias que lo apoyan, hay que hacer un buen expediente antes de su traslado, pero me entran las quejas cuando ya están trasladados”, afirma Padrón. En todo caso, pide “que se escuche a los menores. Si no quieren irse y ya tienen un proyecto [de vida] deben quedarse. No pueden estar en clase hoy y decirles mañana que se van. No se trata de paquetes, un niño es una vida y hay muchas personas que están ayudando en estos procesos [de inclusión]”, añade Padrón.

Fuentes de la consejería dicen que pidieron al ministerio que las entrevistas a los muchachos se hicieran en sus mismos centros, pero que no lo han conseguido y los trasladan al Canarias 50, “de ahí las quejas”, aseguran.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha informado este martes de que ya están en el sistema de acogida estatal 551 menores y que faltan unos 200. Ha asegurado que se cumplirán los plazos previstos en el auto del Supremo y Candela ha aprovechado para reclamar a Canarias la documentación del cambio de guarda de los menores que ya están en península, “ya que la ausencia de este trámite está generando problemas significativos a las entidades que se encargan de su acogida y, sobre todo, a los propios menores”.

La secretaria de Estado ha anunciado una extensión de la emergencia migratoria hasta el 31 de marzo, con una inyección económica de 300.000 euros sobre los 40 millones que se adjudicaron tras los primeros autos del Supremo, de manera que puedan hacer contrataciones, arrendamientos y rehabilitación de lugares de acogida así como satisfacer las necesidades de descanso, alimentación, higiene, seguridad, traducción y otras necesidades de los menores. Mientras todo eso llega a Canarias, las lágrimas estos días son el común en los centros de menores.