Vox logra que el PP cierre un centro de menores en Murcia: “Ningún vecino se había quejado”

La cruzada de Vox contra el centro de menores tutelados en la pedanía de Santa Cruz, en Murcia, ha funcionado. El cierre de este espacio era para los de Santiago Abascal una condición indispensable para apoyar los presupuestos de la comunidad autónoma y, desde el pasa...

La cruzada de Vox contra el centro de menores tutelados en la pedanía de Santa Cruz, en Murcia, ha funcionado. El cierre de este espacio era para los de Santiago Abascal una condición indispensable para apoyar los presupuestos de la comunidad autónoma y, desde el pasado 15 de octubre, es una realidad. Los 70 menores que residían en él, españoles y extranjeros no acompañados, han sido trasladados a otros recursos de la comunidad autónoma, un movimiento muy criticado por las entidades que trabajan con estos jóvenes, y que tampoco tiene del todo contento al partido ultra, que exige ahora acabar con todas las instalaciones de este tipo.

“Quienes dicen que hay que cerrar los centros de menores no saben lo que están diciendo. No saben nada de ellos. No han pisado nunca un centro ni conocen a quienes viven allí. La mayoría hace una vida normal, estudian y están protegidos. Cerrar un centro para llevarlos a otro lado, ¿para qué sirve?”, se pregunta Abdeljalil Benabdelmoula, que vivió en el hogar ahora desmantelado desde septiembre de 2019 (llegó a las costas de Cartagena a bordo de una patera con 15 años) hasta finales de 2021, ya mayor de edad. Cuenta a EL PAÍS que salió de Argelia porque no veía ninguna oportunidad para ayudar a su madre enferma y con una única idea en mente: “Estudiar, estudiar y estudiar”.

Y eso fue lo que hizo en Santa Cruz: aprendió español, idioma del que no conocía ni una palabra y ahora habla a la perfección, y se formó en cocina y hostelería. No ahorra en palabras de agradecimiento hacia los trabajadores de la institución, gestionada por la Fundación Antonio Moreno. “Para mí, no era ningún centro de menores, era mi casa, donde empezó mi nueva vida”, relata.

En el tiempo que estuvo allí, asegura, no conoció ningún problema entre los menores y los vecinos de la pedanía, de unos 2.600 habitantes y a unos ocho kilómetros de Murcia capital. Dice que nunca se sintió rechazado por ellos cuando salía del centro, por eso le sorprendió la campaña emprendida en los últimos años por Vox.

Corrobora la ausencia de conflicto el alcalde pedáneo de Santa Cruz, Patricio Ortiz, del PP, que asegura que en los dos años y medio que lleva al frente de la pedanía “nunca ha venido ni un solo vecino a manifestar un problema con ningún menor del centro”. Las instalaciones, apunta, se han cerrado “por una cuestión política”, porque a los vecinos “les da exactamente igual que los menores se queden, lo ven como algo que no les afecta en su día a día”.

La información de la Consejería de Política Social sobre la situación de los menores ha sido prácticamente nula, hasta el punto de que ni siquiera ha confirmado oficialmente su traslado. Por escrito, se ha limitado a informar a EL PAÍS de que el Gobierno murciano sigue “con la hoja de ruta para implantar el nuevo modelo de acogimiento, lo más parecido a un hogar, para mejorar la atención que reciben estos menores”.

Lejos de acercarse a ese objetivo, advierte Roberto Barceló, presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia, que agrupa a una treintena de ONG y entidades sociales, el cierre del centro ha sido un retroceso hacia el modelo de hogar, porque la mayoría de los menores que residían en él, unos 50, han sido alojados juntos en un albergue juvenil en el entorno de la sierra de Carrascoy-El Valle. Han sido, además, segregados por nacionalidades: todos los menores tutelados de origen extranjero están en ese albergue, mientras que los españoles, en torno a una veintena, fueron repartidos por otros centros. Barceló se muestra muy crítico con ambas decisiones, que considera una mera “medida estética”. “Lo que se ha hecho es desplazar a los menores de un sitio a otro con los consiguientes perjuicios que conlleva para ellos: se les desubica de sus relaciones, de sus centros escolares, de su entorno de servicios de ocio, cultura o de trabajo. De la proximidad a cualquier lugar”, ha lamentado, ya que el albergue se encuentra a unos dos kilómetros del núcleo de población más cercano.

Denuncia también ese aislamiento Adriana Trafonsky, presidenta de la asociación PAREM: “Trasladar a los chicos a la sierra es complicar las cosas y ponérselo más difícil emocionalmente. Ahora tienen que empezar de cero”, apunta, y denuncia el mensaje que se está dando a la sociedad, de que “está bien esconder a estas personas” en lugar de apostar por unas instalaciones que habían sido puestas como ejemplo de buenas prácticas desde su inauguración en 2019. A pesar de que era el centro para menores tutelados con más plazas de la comunidad autónoma, 70, estas se repartían entre tres “hogares” con ocho habitaciones cada uno, en los que los menores estaban agrupados por edades y alojados en habitaciones de tres personas.

Mansour (nombre figurado), que vivió en el centro hasta el pasado mes de agosto, con el cierre ya aprobado, y que prefiere no dar su verdadero nombre para que no le perjudique en su búsqueda de empleo, también los define con ese concepto de “hogar”. Abandonó su país, Burkina Faso, con 15 años, aunque alcanzó las costas de Canarias ya con 16, tras un periplo de meses por Níger, Malí y Argelia. El centro murciano, explica, era “igual que una casa, pero con normas y horarios”: dos horas y media de clases de español por las mañanas, deportes por las tardes y acceso a un teléfono móvil para contactar con sus familiares. Reacciona con estupor al conocer que los dirigentes de Vox reclaman que los menores extranjeros no acompañados regresen a sus países. En el suyo, la guerra civil iniciada en 2015 entre el Gobierno y grupos rebeldes islamistas se recrudeció en 2022 tras un golpe de Estado. “No hay ninguna oportunidad allí. En cualquier momento pueden llegar y llevarte a la guerra. Yo he pedido a mi hermano, mi madre huyó a Ghana, mi padre es agricultor y apenas tiene para comer. Mucha gente muere cada día. ¿Cómo voy a volver?”, se pregunta.

Vox, sin embargo, sigue adelante con su persecución contra estos menores: desde el pasado septiembre ha venido insistiendo en que el cierre del centro de Santa Cruz no es suficiente, sino que deben continuar clausurándose todos los recursos de este tipo de la comunidad autónoma, en la que no hay centros específicos para menores extranjeros, sino que conviven en ellos todos los menores (nacionales o no) bajo tutela de las administraciones, que actualmente rozan los 1.300.

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Murcia defendió este jueves en el pleno municipal una moción para rechazar el nuevo alojamiento de los menores expulsados de Santa Cruz en la sierra de Carrascoy-El Valle. Consideran que también en ese recóndito paraje molestan a unos 60.000 vecinos, los que viven en las ocho pedanías de Murcia que lindan con este parque natural, de casi 16.700 hectáreas de superficie. “¿Ustedes saben dónde está el albergue?”, les han reprochado desde el PP, que ha sustituido la moción por otra para pedir que ese alojamiento sea temporal, precisamente por su aislamiento.