La pareja de Ayuso se presenta como víctima del fiscal general: “Me voy de España o me suicido”

El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal, se ha presentado este martes en el Tribunal Supremo como una víctima de la Fiscalía General del Estado, a la que acusa de ...

El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal, se ha presentado este martes en el Tribunal Supremo como una víctima de la Fiscalía General del Estado, a la que acusa de filtrar el correo electrónico en el que su abogado admitía ante el ministerio público la comisión de dos delitos fiscales. González Amador, que ha declarado como testigo en el juicio contra Álvaro García Ortiz, en el que él ejerce la acusación particular, ha asegurado que su “obsesión” cuando Hacienda le comunicó que se le investigaba por fraude era que el asunto se cerrara “rápido y sin ruido” para no salpicar a su pareja, pero su plan se vino abajo cuando su caso trascendió a la prensa y, sobre todo, cuando se filtró el correo en el que admitía los delitos. “A partir de ese día yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. El señor [Álvaro] García Ortiz me había matado públicamente”, ha dicho la pareja de Ayuso. No obstante, el empresario ha admitido durante la declaración que su abogado le explicó que llegar a un acuerdo con la Fiscalía implicaba “el reconocimiento del delito”.

La declaración de González Amador ha evidenciado como ninguna otra de las escuchadas en las dos primeras sesiones del juicio a García Ortiz que en esta vista oral se mezclan realmente dos causas: la que ha sentado al fiscal general en el banquillo y la que ha llevado a un juzgado de Madrid a procesar a la pareja de la presidenta madrileña. Y, en ambos procesos, tiene trascendencia el daño que la supuesta filtración del correo electrónico pudo causar a la pareja de Ayuso. En el caso de García Ortiz, porque la posible vulneración del derecho de defensa del empresario es uno de los factores que ha tenido en cuenta el Supremo para llevarle a juicio; y, en la causa contra González Amador, porque el reconocimiento de esa vulneración por parte del alto tribunal podría servirle al empresario para impugnar su acusación.

González Amador ya se presentó ante el juez instructor como una víctima de una operación de Estado urdida por los rivales políticos de su pareja, y en el juicio ha exprimido ese argumento a lo largo de toda la declaración. El empresario ha contado que, ya desde que supo que Hacienda lo investigaba, pensó que detrás de esa inspección podía haber razones políticas, pero sus asesores fiscales le dijeron que estuviera tranquilo. Sin embargo, cuando el 13 de marzo vio que la Cadena SER publicaba el correo de su abogado, sus temores se cumplieron.

“Resultó que aquella paranoia que yo tenía no era tal paranoia. [...] Todo el cuerpo fiscal iba a por mi”, ha asegurado, antes de recordar, a preguntas de su abogado, que, tras publicarse esa información, el presidente del Gobierno, “todo el Consejo de Ministros” y muchos periodistas comenzaron a referirse a él como “delincuente confeso”. “Estoy enviado a un juicio oral dentro de nada donde voy a ser condenado. No hay opción ninguna”, ha dicho.

El empresario ha abundado en el mismo argumento varias veces a lo largo de su declaración. Y cuando el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, estaba despidiéndole para dar paso a otro testigo, González Amador le ha interrumpido y le he pedido “un minuto” para exponer una última idea: “A raíz de la filtración del fiscal general del Estado me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, ha dicho. A lo que Arrieta ha contestado: “No le recomiendo ninguna de las dos cosas. En todo caso, hable con su abogado”.

Más allá de su alegato de víctima, la declaración de Gozález Amador ha servido para concretar un aspecto que no había quedado del todo claro en la instrucción: que, a pesar de que asegura que se sorprendió cuando supo que su abogado, Carlos Neira, había mandado un correo a la fiscalía donde expresaba que su cliente había cometido dos delitos fiscales, la pareja de Ayuso admite que Neira ya le había detallado que un pacto de conformidad implicaba “el reconocimiento del delito”. “Me dijo que tendría que ir a un juicio, reconocer los hechos, sentencia y a casa”, ha afirmado. Y luego ha añadido: “Yo sí tenía en mente que sería una pena mínima, de cuatro meses [de cárcel] por cada año [defraudado]”.

El abogado Neira, quien ha declarado después de González Amador, ha confirmado que, durante una reunión el 30 de enero de 2024, le explicó al empresario con detalle lo que iba a proponerle a la Fiscalía. Fruto de ese encuentro, tres días después mandó el correo cuya filtración se investiga, en el que el letrado proponía un pacto de conformidad de común acuerdo” con su cliente.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, han intentado hacer ver que, aunque la información de la Cadena SER, leída en antena a las 23.24 del 13 de marzo de 2024, fue la primera que habló de la existencia de un correo del abogado del 2 de febrero en el que admitía dos delitos fiscales, esta información ya venía recogida en la noticia publicada dos horas antes (a las 21.29) en El Mundo. A preguntas de ambos, González Amador ha admitido que ese día recibió una llamada de teléfono de Esteban Urreiztieta, subdirector de ese diario, quien firmaba la información, al que le explicó su proceso con Hacienda.

González Amador ha negado que hablaran de que su abogado negociaba un pacto con la Fiscalía, pero sí ha reconocido que, cuando habló con el periodista, ya sabía que el acuerdo que proponía su letrado implicaba admitir cuatro años de cárcel por cada delito y una multa del 40% de la cuota defraudada a cambio de la suspensión de la pena de cárcel. Estos detalles se recogían en la noticia de El Mundo.

Esta información fue la primera que difundió la falsa versión que estaba dando el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, de que era la Fiscalía la que proponía un pacto al abogado Neira. Como apoyo a ese dato, la noticia incluía el contenido de un correo enviado el 12 de marzo por el fiscal Julián Salto al letrado, en el que se leía: “Aunque se ha denunciado también a otras personas no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible”. González Amador ha admitido que él había mandado un pantallazo de ese mail al jefe de gabinete y le había autorizado a publicarlo.

Preguntado por el reenvío de ese mail por parte de su cliente, Neira ha señalado que González Amador no le pidió permiso para rebotar el correo al jefe de gabinete de Ayuso. “Ni lo autoricé ni tuve conocimiento de ello”, ha asegurado el letrado. “¿Alguna vez le ha pasado que un cliente suyo haya contado correos suyos a la prensa?“, ha preguntado entonces la Fiscalía. ”No”, ha admitido Neira, que luego ha añadido: “Lo que me ha pasado en este proceso, ni en un sentido ni en el otro, no me había pasado antes”.

El letrado ha explicado también que, después de que se revelara el correo en el que admitía que su cliente había cometido dos delitos, González Amador “ya no quería una conformidad”. “El quería la vía rápida y silenciosa. Y ya no existía”, ha dicho. A preguntas de la Abogacía, Neira ha contado que el 14 de marzo se reunió con el jefe de gabinete de Ayuso, quien le preguntó si el correo del 2 de febrero que publicaba la prensa desde la noche anterior era “correcto”, a lo que Neira respondio que sí.