Un alegato de defensa insólito para un juicio insólito al fiscal general

Alguien no avisado que se pasase este lunes por el Tribunal Supremo se encontraría con la insólita imagen de un juicio sin aparente acusado. Entre los solemnes muros de la Sala Segunda que acoge una de las vistas más sonadas de los últimos años, no había ni rastro de un...

Alguien no avisado que se pasase este lunes por el Tribunal Supremo se encontraría con la insólita imagen de un juicio sin aparente acusado. Entre los solemnes muros de la Sala Segunda que acoge una de las vistas más sonadas de los últimos años, no había ni rastro de un banquillo físico. El encausado, vestido de toga igual que magistrados, fiscales y abogados, ocupaba una esquina del estrado, junto a su defensa. Y en esa misma fila, se alineaba el Ministerio Público, representado en primer lugar por la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, en la trinchera contraria a la que se le presupone. Así que sonó casi lógico el desliz del presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, rápidamente corregido con una sonrisa:

—Por la defensa… perdón, por la Fiscalía.

Sánchez Conde, efectivamente, estaba allí no para acusar sino para defender al inquilino del banquillo imaginario, su superior jerárquico, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Todo resultó insólito en este primer día del primer juicio de la historia al máximo representante del Ministerio Público español. Una vista oral que culmina la mayor investigación practicada nunca por una de las decenas de filtraciones judiciales que se producen cada año. Insólitas las imágenes e insólitas las palabras. Como las acusaciones lanzadas por toda una abogada del Estado —exjefa además de ese cuerpo de letrados de la Administración—, Consuelo Castro, para denunciar que el Supremo, el máximo órgano judicial del país, ha instruido contra el fiscal general un proceso de “naturaleza inquisitorial y de carácter prospectivo”, en el que “se vulneraron derechos fundamentales”. Hasta el punto, según ella, de impedir al acusado ejercer su derecho a la defensa frente a la imputación de haber filtrado las comunicaciones entre la Fiscalía y el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que este admitía un fraude de 350.000 euros a Hacienda.

Castro, cabeza del equipo jurídico que representa a García Ortiz, protagonizó la primera sesión del juicio con un alegato tremendo, durísimo. Sin ninguna concesión, fue arrojando sus puñales dialécticos durante más de media hora. Los siete magistrados del tribunal escuchaban con gesto imperturbable. La letrada del Estado sostuvo que, lejos del principio de presunción de inocencia, las diligencias se guiaron por la “idea preconcebida de que el investigado era culpable”. Lo probaría, según ella, que la instrucción ni siquiera llegase a indagar a las decenas de otros fiscales y funcionarios -tanto en la Fiscalía de Madrid como en la del Estado- que también tenían acceso a las direcciones genéricas de correo a las que se envió la comunicación filtrada y por la que se acusa a García Ortiz de un delito de revelación de secretos.

A Consuelo Castro le une una estrecha relación personal con el acusado desde que ambos coincidieron hace años en Galicia en el juicio por la catástrofe del Prestige. La letrada se extendió en denunciar el registro practicado durante 10 horas en el despacho del fiscal y la incautación de sus dispositivos electrónicos. “Se le han practicado las mismas diligencias que decreta la Audiencia Nacional para los más graves delitos de terrorismo”, clamó. La actuación de García Ortiz, enfatizó, solo pretendía atajar los bulos difundidos entre medios afines por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (el célebre MAR). El propósito de este, remachó, no era otro que sembrar la idea de una “confabulación de Hacienda, la Fiscalía y el Gobierno” contra la presidenta madrileña.

Las acusaciones —con el abogado del novio de Ayuso como voz cantante— recordaron que todas esas actuaciones fueron avaladas por la Sala de Apelaciones del Supremo. Y ensalzaron la instrucción del juez Ángel Hurtado como “modélica” y hasta “pulcra”. Este último adjetivo lo empleó el abogado acusador de una minoritaria asociación de fiscales. Lo argumentó reseñando que “ni siquiera se ordenó registrar el domicilio” de García Ortiz, pese a que —lo dejó caer como quien dice una verdad indubitada— “fue allí donde se cometió el delito”. Entonces sí que saltó el presidente del tribunal para cortarlo con una diplomática apelación a la brevedad.

Castro concluyó su zarandeo a la actuación del Supremo reclamando la nulidad total de las diligencias. El tribunal se retiró brevemente a deliberar. Volvió a la media hora con lo que todo el mundo ya daba por hecho en los pasillos que iba a suceder: posponer hasta la sentencia la decisión final sobre esas alegaciones.

García Ortiz había llegado a pie a primera hora de la mañana a la plaza que da entrada al Supremo, sin esconderse de la multitud de cámaras que la aguardaban. Desde su esquina del estrado, fue asistiendo a las intervenciones y testimonios con gesto aparentemente relajado. Tomaba notas y comentaba con los abogados del Estado. Solo se le torció un tanto el gesto cuando testificó la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en términos muy poco favorables a él.

Las rarezas del juicio se prolongaron con los cuatro primeros testigos: todos fiscales. Y con las contradicciones que surgieron entre ellos y la imagen un tanto tóxica que se ofreció del ambiente en la Fiscalía de Madrid. Tres de los testimonios sirvieron para reforzar a la defensa: los del fiscal de delitos económicos de Madrid, la fiscal jefa provincial y del número dos de la Fiscalía del Estado, Diego Villafañe. El más proclive a las acusaciones fue el de Lastra, cuyo testimonio trató de rebajar Villafañe al afirmar que profesa “animadversión” a García Ortiz.

Lastra ratificó su rechazo a la nota de prensa difundida el 14 de marzo de 2024 a instancias de la Fiscalía del Estado para subrayar que fue el novio de Ayuso, Alberto González Amador, quien ofreció un pacto al Ministerio Público y no al revés, como pregonaba MAR. Para Lastra, eso equivalía a “revelar la estrategia de defensa” de un abogado. Cuando la letrada del Estado le preguntó si no consideraba necesario salir al paso de una campaña para acusar a la Fiscalía de actuar por motivos políticos, alegó: “En el nivel de polarización política de la Comunidad de Madrid, yo intento mantener la neutralidad institucional”.

Durante la instrucción, Lastra aportó una de las circunstancias valoradas como indicio para sentar en el banquillo a García Ortiz. Según declaró hace meses, ella espetó al fiscal: “Habéis filtrado la nota”. Y él le respondió: “Eso ahora no importa”. Este lunes matizó que esa mención a la nota fue un “lapsus” y que en realidad quería referirse a los correos entre el abogado de González Amador y la Fiscalía. Eso sí, admitió que no recordaba si le había dicho “has filtrado”, en singular, o “habéis”, en plural.

A Lastra no la secundaron sus dos subordinados, la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, y el de delitos económicos, Julián Salto. Este último fue quien denunció a González Amador y a quien el abogado de este ofreció un pacto para confesar los delitos y esquivar la cárcel. Salto echó por tierra las fabulaciones de Ayuso y MAR de que todo parte de una “operación de los poderes del Estado”. Tanto él como Rodríguez —y en esto también la propia Lastra— manifestaron que cuando se presentó la denuncia no sabían de quién era pareja el dueño de aquella empresa llamada Maxwell Cremona. “Ha habido una operación de desinformación durante 20 meses”, sentenció el fiscal de delitos económicos.

Uno de los indicios esgrimidos contra García Ortiz es la premura con la que se desplegó la noche del 13 de marzo de 2024 para desmentir los bulos que el jefe de gabinete de Ayuso empezaba colocar en los medios. A Salto lo frieron a llamadas mientras asistía a un partido de la Champions en el estadio Metropolitano. Pero dice que lo consideró normal, dado que se estaba acusando a la Fiscalía de turbios manejos. Lastra, en cambio, no consideró oportuno reaccionar. Resaltó varias veces en que “eran las 10 de la noche”. Tanto insistió que acabó deslizando: “Yo soy fiscal y trabajo por las mañanas”.

Consuelo Castro tomó nota y comenzó así el interrogatorio a la fiscal superior de Madrid:

—Lo primero, felicitarla por poder trabajar solo por las mañanas.

El presidente salió al quite:

—Letrada, ironías las justas.