Muere una de las tres personas heridas en la explosión de una planta de residuos sanitarios en Socuéllamos (Ciudad Real)
Los responsables de la instalación apuntan que la deflagración se originó en un bidón defectuoso
La explosión este lunes por la mañana de una planta de residuos sanitarios de Socuéllamos (12.098 habitantes, Ciudad Real) se ha cobrado la vida de una trabajadora de 51 años. La mujer fue trasladada en estado crítico en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Ciudad Real tras la deflagración que se producía poco antes de las nueve de la mañana en las instalaciones que esta planta de reciclaje, propiedad del grupo granadino Athisa Biogeneración, tiene en el polígono industrial El Llano, a apenas un kilómetro de las primeras viviendas de la localidad manchega. La noticia la ha dado a conocer el Ayuntamiento de Socuéllamos, que ha trasladado las condolencias “a los familiares, amigos y compañeros de la víctima en estos duros momentos”.
En la explosión también sufrieron quemaduras de gravedad otros dos operarios de los cinco que se encontraban en ese momento en su interior, según el 112 de Castilla-La Mancha. Son un varón de 31 años, evacuado en estado crítico en otro helicóptero sanitario al hospital madrileño de La Paz y otro hombre, de 58, trasladado en UVI al Hospital General de Albacete. Al lugar se desplazaban también varias dotaciones de bomberos. La deflagración, según Rafael Hernández del Hierro, jefe del parque de bomberos de Alcázar de San Juan y Tomelloso, generó “una gran onda expansiva que ha roto por sobrepresión los cristales de las zonas superiores y ha hecho deformaciones en la puerta”. El incendio no supuso riesgo para la población.
La explosión, ha apuntado Hernández del Hierro, se habría originado en un bidón contenedor de productos químicos por causas que ya investiga la Policía Judicial de la Guardia Civil. El presidente de Athisa, José Luis Alarcón, ha precisado que los operarios estaban “trasegando” formaldehído de dos bidones cuando un tercer contenedor, que no estaba siendo manipulado, ha empezado a deformarse hasta implosionar por sí solo. El responsable de la compañía apunta a un posible defecto del bidón y descarta cualquier elemento que haya podido favorecer la ignición de una sustancia que, ha recordado, “no es autoinflamable”.
Alarcón reconoce que, con la información disponible hasta el momento, es difícil determinar la causa exacta de la explosión y asegura que la planta cumplía todas las medidas de seguridad. UGT y Comisiones Obreras piden que se aclare lo ocurrido. “Que se compruebe si se han cumplido todas las medidas de seguridad y cuáles han sido las consecuencias de esta desafortunada explosión”, señalaba Javier Ortega, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, desde la localidad conquense de Motilla del Palancar. La alcaldesa de Socuéllamos, Concepción Arenas, señala a EL PAÍS que “aún es pronto para opinar” sobre los motivos que habrían originado la deflagración.
Fuerte rechazo social
La planta integral de residuos sanitarios de Socuéllamos se inauguró el 31 de marzo como la primera de estas características, según la compañía, de todo el país. Sus responsables presentaron el proyecto como una solución al tratamiento de los residuos médicos sólidos y de los efluentes líquidos hospitalarios peligrosos que generan algunos tipos de fármacos. A ella llegaban desechos de varios hospitales del país. La instalación operaba en fase experimental, por lo que, según la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, estaba exenta de autorización. Arenas asegura que el proyecto “tenía toda la documentación en regla” y que “todo venía mirado desde la Junta”.
Pese ello el proyecto se enfrentaba a un fuerte rechazo social. En mayo de este año, 2.000 personas salieron a las calles, convocadas por la plataforma STOP Biometano y STOP Planta de Residuos Médicos Muy Peligrosos de Socuéllamos, para expresar su oposición a esta instalación y a otro proyecto paralelo para levantar una planta de biometano en el mismo municipio. El colectivo, que ha transmitido su apoyo a los trabajadores heridos en la explosión y a sus familias, recogió 10.000 firmas que exigían la paralización de ambas iniciativas y además presentó 500 recursos de reposición contra la licencia de actividad otorgada por el Ayuntamiento.
El portavoz de la plataforma, José María Requena, asegura a EL PAÍS que la planta tenía un permiso de la Dirección General de Economía Circular del Gobierno de Castilla-La Mancha para trabajar “de forma experimental” pero que este expiró el 9 de octubre. “El día 11 solicitamos por escrito a la Junta de Comunidades y al Ayuntamiento que nos dijeran cuál era la situación administrativa de la planta tras caducar ese permiso, sin que a día de hoy hayamos recibido respuesta”. La explosión, señala, indica que “había algún tipo de actividad en ella”, aunque será la investigación “la que lo determine”.