El enfrentamiento en la cúpula del Poder Judicial constata el fracaso del acuerdo de renovación un año después

La historia se repite. Poco más de un año después del pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el único gran acuerdo entre los dos partidos en esta legislatura, que supuso un reparto 10-10 de los voc...

La historia se repite. Poco más de un año después del pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el único gran acuerdo entre los dos partidos en esta legislatura, que supuso un reparto 10-10 de los vocales entre los dos sectores, el bloque conservador es una piña que va ocupando posiciones y el progresista ya se ha roto hasta en tres, lo que permite al otro grupo jugar con las votaciones para tratar de imponerse en muchas decisiones trascendentes.

En realidad, los progresistas que se mantienen unidos conservan una minoría de bloqueo de cualquier nombramiento —con 8 se pueden parar todos, y tienen 9— pero la división del bloque inicial y las tensiones de estos días, con dimisiones incluidas, constatan el fracaso del acuerdo de hace poco más de un año.

Los conservadores logran así tener la mayoría de una u otra manera desde hace casi tres décadas, cuando el PP llegó al poder por primera vez en 1996, a pesar de que en medio ha habido dos largas mayorías progresistas en el Congreso, una con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa y otra con Pedro Sánchez.

Los conservadores han usado para ello dos estrategias. Cuando acaba el mandato y hay mayoría progresista, bloquean la renovación —con Zapatero fueron dos años y con Sánchez cinco— para forzar al Gobierno a aceptar sus condiciones y sobre todo para seguir nombrando jueces con mayoría conservadora mientras se mantiene el bloqueo. Y además, los conservadores maniobran para captar hacia su sector a vocales progresistas, y con ellos rompen la mayoría y siguen dominando los nombramientos.

En 2008 lograron imponer como presidente del CGPJ a Carlos Dívar, un conservador, a pesar de que había mayoría progresista. Y en 2024 vetaron varias candidatas progresistas a la presidencia y solo aceptaron a Isabel Perelló, de Jueces para la Democracia y cercana a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que rápidamente se ha alejado del bloque progresista. De hecho, el nombre de Perelló para la presidencia del Consejo fue propuesto por los conservadores, y los progresistas acabaron aceptándolo para evitar el fiasco que habría supuesto acudir a la apertura del año judicial, que se celebraba solo 24 horas después, con la presidencia vacante por falta de acuerdo de los nuevos vocales.

Esa circunstancia se plasmó ya en la votación por la que salió elegida Perelló, que recabó el apoyo de los diez vocales conservadores y solo seis progresistas. Los otros cuatro consejeros de este grupo votaron a la magistrada del Supremo Ana Ferrer, que había sido la primera candidata de los vocales propuestos por PSOE y Sumar. Varios progresistas admitieron ya entonces que aceptaron a Perelló por responsabilidad institucional e intentaron hacer borrón y cuenta nueva. Pero ya en las primeras negociaciones algunos consejeros empezaron a advertir que la presidenta atendía con más interés a las demandas de los conservadores que a las del grupo al que supuestamente estaba adscrita.

Candidatos conservadores

Cuando el nuevo Consejo llevaba apenas unas semanas funcionando, algunos consejeros explicaban, entre extrañados e indignados, que la presidenta todavía no se había reunido con el grupo completo de los 10 vocales progresistas. Casi 16 meses después, según fuentes de este sector, la situación no ha cambiado y Perelló no ha mantenido ningún encuentro con ellos.

La situación se enquistó cuando empezaron las negociaciones para reactivar los nombramientos discrecionales, sobre todo los de los presidentes de las dos salas clave del Supremo. Los progresistas propusieron a Ferrer para la Sala Segunda y a Pilar Teso para la Tercera, pero los conservadores vetaron ambos nombres por considerarlos demasiado marcados ideológicamente y propusieron a los dos magistrados que ya presidían de forma interina ambas salas (Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas).

Perelló presionó a los vocales progresistas, según fuentes de este sector, para que claudicaran, y, ante la resistencia de estos, les reprochó su supuesta falta de sentido institucional. Finalmente, fueron las dos magistradas candidatas las que optaron por dar un paso al lado para desbloquear la situación, lo que dejó el camino libre a los candidatos propuestos por los conservadores como únicos aspirantes.

La situación ha saltado por los aires esta semana, después de que Perelló y Carlos Hugo Preciado, uno de los dos vocales propuestos por Sumar, unieran sus votos al de los 10 conservadores para relegar a los progresistas en la nueva composición de las comisiones del Consejo, sobre todo en la principal, que ha quedado integrada por dos vocales propuestos por el PSOE, Preciado y cuatro propuestos por el PP.

Tras esta situación, los nueve vocales progresistas que se han quedado en minoría han criticado por primera vez públicamente a Perelló, a la que acusan de encabezar “la ruptura del mandato del consenso, ignorando a los vocales” que representan el 45% del pleno. A las crisis de este sector se le ha sumado la dimisión anunciada del vocal José María Fernández Seijo, uno de los referentes del grupo, que el jueves comunicó a la presidenta una renuncia que, según fuentes de su entorno, es “irrevocable”. El entorno de Preciado, por su parte, difundió después del pleno un comunicado en el que defiende que el “equilibrio entre sensibilidades se ha conservado con carácter general en la renovación”, y añade: “Si bien los progresistas más próximos al Ministerio de Justicia han perdido peso respecto de las opciones progresistas independientes”, una de corriente de la, según ese texto, solo forma parte él.

Malestar en el Gobierno

Diversas fuentes del Gobierno transmiten desde hace meses un gran malestar con Perelló, ahora acrecentado con las últimas tensiones. Algunas miradas críticas del Ejecutivo se centran en Robles, que fue quien apoyó ante Sánchez a Perelló, que “ha salido rana”, en expresión de varios miembros del Gobierno.

El sector más cercano al PSOE culpa a la presidenta del Consejo de la situación y confía en que la reconduzca, pero sobre todo señalan la responsabilidad de Preciado, al que califican abiertamente de “traidor”. De hecho, en este sector ya le apodan “Tamayo”, por el tránsfuga socialista que impidió que la izquierda volviera al poder en Madrid en 2002 y abrió la puerta a Esperanza Aguirre. Y sostienen que se ha entregado a los conservadores y especulan con la posibilidad de que le hayan ofrecido a cambio alguna prebenda.

La división tiene un trasfondo político evidente, y en Sumar defienden a Preciado. Fuentes del grupo de Yolanda Díaz sostienen que él sigue siendo progresista, pero está en contra de los acuerdos que han llevado a que en los nombramientos del último año hasta un 68% de conservadores elegidos por un 32% de progresistas, una desproporción absoluta dado que el CGPJ está 50%-50%. Y aseguran que lo único que va a intentar Preciado es que esos nombramientos se reequilibren. No obstante, en este cómputo total entran medio centenar de plazas a las que concurrió un único candidato, que, en la inmensa mayoría de los casos, era conservador.

La tensión llega, pues, directamente al Gobierno de coalición, porque el PSOE y Sumar, que allí sí logran acuerdos y compromisos, están claramente enfrentados en el CGPJ. En Sumar señalan que los progresistas cercanos al PSOE han aceptado demasiados nombramientos de conservadores en puestos clave, como las audiencias de Sevilla, A Coruña o Asturias. Además, critican que se haya rechazado el reingreso a la carrera de Baltasar Garzón. El sector socialista afirma que esto último era inviable jurídicamente (porque el Supremo y el Constitucional ya cerraron la puerta a la rehabilitación del exmagistrado) y recuerda que la otra vocal elegida por Sumar, Inés Herreros, sí está de acuerdo con la estrategia seguida por el bloque progresista y que Preciado ha roto.

La situación es muy compleja y no parece tener solución fácil. El supuesto bloque progresista está partido en tres -un grupo de 9, entre ellos la otra vocal propuesta por Sumar, que se ha mantenido unida, Preciado que ha creado un grupo propio unipersonal como “progresista independiente” y Perelló, que va por libre- mientras el conservador se mantiene firme. Diversas fuentes confían en que la presidenta recapacite y busque reconstruir el consenso. Pero Preciado ya parece difícil de recuperar para el bloque de los 9 progresistas.

Aun así, desde el Gobierno se niegan a asumir la idea de fracaso del acuerdo. Distintas fuentes sostienen que la situación actual es mucho mejor que la anterior, con cinco años de bloqueo, y aseguran que poco a poco, con muchas dificultades dado el dominio conservador en la justicia —para algunas plazas solo se presenta un candidato conservador porque no hay progresistas dispuestos— se están reequilibrando los nombramientos.