La Audiencia Nacional acuerda extraditar a EE UU al presunto cerebro de una venta masiva de armas al narcotráfico mexicano
Washington acusa al búlgaro Petar Mirchev, detenido por la Guardia Civil en Madrid el 8 abril, de negociar con el Cartel Jalisco Nueva Generación la entrega de lanzacohetes y misiles antiaéreos
La Audiencia Nacional ha acordado extraditar a Estados Unidos a Petar Dimitrov Mirchev, un ciudadano de nacionalidad búlgara al que las autoridades de Washington vinculan con Viktor Anatolievich Bout, el traficante de armas ruso conocido como el Mercader de la muerte. Mirchev fue arrestado ...
La Audiencia Nacional ha acordado extraditar a Estados Unidos a Petar Dimitrov Mirchev, un ciudadano de nacionalidad búlgara al que las autoridades de Washington vinculan con Viktor Anatolievich Bout, el traficante de armas ruso conocido como el Mercader de la muerte. Mirchev fue arrestado el pasado 8 de abril en Madrid por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a petición de la DEA (siglas en inglés de la agencia antidroga norteamericana), que lo implica en un intento de venta masiva de armamento de guerra al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo más poderoso del narcotráfico mexicano.
EE UU considera a Mirchev, de 60 años, “un traficante internacional afincando en Bulgaria que se ha dedicado al tráfico de armas durante aproximadamente 25 años”. En este caso, le acusa de mantener desde septiembre de 2022 reuniones con representantes del cartel mexicano para “organizar, coordinar y participar en transacciones ilegales de armas” por un valor cercano a los 54 millones de euros. En esos encuentros, Mirchev supuestamente mostró a sus interlocutores folletos en los que aparecían desde fusiles de asalto y lanzacohetes a rifles de francotirador Dragunov, minas antipersonal y sistemas antiaéreos.
Las autoridades de Washington concluyen que el “CJNG pretendía usar estas armas para impulsar el tráfico ilegal de grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos”. Por ello, acusan al ciudadano búlgaro de tres delitos por conspirar para traficar con cocaína y armas, y por facilitar armamento militar a una organización, el CJNG, a la que las autoridades de Washington tienen catalogada como terrorista desde el pasado febrero. Estas acusaciones acarrean penas que van desde los 10 años de cárcel a la cadena perpetua.
En el auto en el que se acuerda su extradición, los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Nacional rechazan los argumentos utilizados por la defensa de Mirchev para oponerse a la entrega a EE UU, entre ellos que el delito del que se le acusa fue supuestamente provocado por un agente encubierto estadounidense. El tribunal considera la actuación de este último se produjo cuando “la acción está perfectamente diseñada” y, por tanto, concluyen que no provoca el delito. “Es Mirchev el que salva los obstáculos que le pone el agente encubierto”, concluyen.
También descarta, como alegaba el presunto traficante, que los tres delitos de los que se le acusan no tenga su equivalente en el Código Penal español, condición imprescindible para proceder a su entrega. Para los magistrados, aquellos se corresponderían con el de organización criminal, contra la salud pública (tráfico de drogas), tráfico de armas de guerra y falsificación de certificados de la legislación española. No obstante, el tribunal condiciona la entrega a que Washington garantice en un plazo de 45 días que, en caso de imponerse una condena de cadena perpetua (dos de los delitos de los que se le acusaen EE UU llevan acarreada esta pena), “esta no sea indefectiblemente de por vida, bien por revisión legal o por la concesión de una medida de gracia”.
Por todo ello, los magistrados concluyen que se cumplen todos los requisitos legales para proceder a la entrega de Michev, ya que se reclama su entrega por delitos comunes, no se advierte motivación espuria en la petición y no concurren circunstancias que determinen la extinción de la responsabilidad penal. La resolución no es firme y aún puede ser recurrida en súplica ante el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. No obstante, la última palabra la tiene el Gobierno, que es quien debe acordar definitivamente la entrega del presunto traficante búlgaro.
La documentación enviada por las autoridades estadounidense detalla que, para la operación de venta de armas al CJNG, el ciudadano búlgaro presuntamente reclutó a los otros tres implicados ya identificados por las autoridades de Washington. Se trata del keniano Elisha Odhiambo Asumo, el tanzano Subiro Osmund Mwapinga y el ugandés Michael Katungi Mpeirwe, este último antiguo alto cargo del gobierno de su país. Ellos estaban presuntamente encargados de conseguir la documentación necesaria para simular la exportación de las armas a diferentes países africanos para luego desviarlas al cartel mexicano. De ellos, Asumo fue detenido en Casablanca (Marruecos) y Mwapinga, en Acra (Ghana). Este último fue extraditado a Estados Unidos el pasado 25 de julio. El último implicado, Mpeirwe, continúa en paradero desconocido.
El Departamento de Justicia de EE UU considera que Mirchev “estuvo previamente implicado en el suministro de armas” con Viktor Bout, detenido en Tailandia en 2008 y extraditado a EE UU dos años más tarde, donde fue condenado a 25 años de cárcel. Bout —exoficial del Ejército soviético— fue acusado de traficar con armas desde los años noventa con dictadores y zonas en conflicto en África, Suramérica y Oriente Próximo. Desde su arresto, Moscú apoyó al presunto traficante. De hecho, en diciembre de 2022, cuando ya había estallado la guerra en Ucrania, el Kremlin consiguió la excarcelación de Bout al intercambiarlo por la jugadora estadounidense de baloncesto Brittney Griner, condenada en Rusia por posesión de aceite de marihuana.