La Audiencia Nacional investiga una nueva filtración de datos sensibles de Sánchez y dos ministros

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto una investigación para determinar la autoría de la difusión a través del chat de una aplicación de mensajería instantánea, Telegram, de datos confidencial de, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros Margarita Robles y José Manuel Albares, miembros de las fuerzas de seguridad y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según han confirmado a EL PAÍS fuentes policiales. La investigación judicial se inicia después de que la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional ―la misma que el ...

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto una investigación para determinar la autoría de la difusión a través del chat de una aplicación de mensajería instantánea, Telegram, de datos confidencial de, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros Margarita Robles y José Manuel Albares, miembros de las fuerzas de seguridad y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según han confirmado a EL PAÍS fuentes policiales. La investigación judicial se inicia después de que la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional ―la misma que el pasado julio detuvo en el municipio grancanario de Agüimes a dos jóvenes por otra difusión masiva de datos sensibles de personalidades― entregara en la Audiencia Nacional un informe sobre la filtración realizada por un pirata informático o hacker que se autodenomina N4t0X.

Este hacker ha colgado en internet un mensaje en el que asegura haber conseguido junto a otras personas “una mega filtración de datos personales de la gran mayoría de políticos españoles” con una herramienta informática denominada SpainData. Según este mensaje, esta última les permite “hacer consultas con el 100% de la población española” y proporcionales su dirección actual y el número del DNI. “Siempre que alguien se mude y actualice sus datos en las redes del gobierno, nosotros también lo hacemos”, afirma para luego definir esta herramienta como “algo muy poderoso y comprometedor”.

N4t0x asegura que la filtración de estos datos la hace de maner “gratuita y pública” e incluye, además de los datos de personalidades, número de teléfono e información sobre “familiares cercanos” como “madres y padres, hermanos y hermanas, tíos y tías etc.”. El mensaje concluye afirmando que no han hecho esta difusión “por diversión o para causar un escándalo sin sentido” sino para lanzar un supuesto mensaje contra la corrupción. Todo ello ilustrado con una imagen de dos policías trasladando a un arrestado.

Esta filtración de datos sensibles de personalidades es la segunda de estas características que se produce en los últimos meses. En junio pasado, la policía informó a la Audiencia Nacional de que se había producido una difusión masiva de datos confidenciales a través de chats en internet de ideología ultra realizado por unos hackers que ocultaban su identidad bajo los alias de Akkaspace y Pakito. Entre los afectados por la filtración también estaba el presidente del Gobierno, además de varios de sus ministros, presidentes autonómicos y otros altos cargos públicos. También filtraron información de militantes de partidos de izquierda y de profesionales de medios de comunicación, así como las credenciales de acceso a las webs de formaciones políticas.

Entonces, los autores de la filtración ofrecían a sus seguidores, a cambio de un pago en criptoactivos, la “potente herramienta” que supuestamente estaban utilizando para obtener esa información. Todo ello junto a las etiquetas #noalacorrupción #españalibre y #sánchezdimisión. Dos semanas más tarde eran detenidos en Canarias Yoel O. Q. y Cristian Ezequiel S. M., de 18 y 19 años, como presuntos autores de la filtración. Entonces, el Ministerio del Interior los calificó en la nota de prensa en la que informó de su arresto como una “amenaza muy grave para la Seguridad Nacional”.

Ambos pasaron a ser investigado por ciberterrorismo, ya que tras la reforma de 2015 del Código Penal considera la difusión masiva de datos personales en internet como delito grave. La ley contempla que este tipo de ataques informáticos pueden ser catalogados como terrorismo si, entre sus supuestas finalidades, está “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.