El Gobierno pospone la aprobación del decreto para el embargo de armas a Israel

El paraguas jurídico para aplicar un embargo de armas a Israel tendrá que esperar al menos una semana más. El Consejo de Ministros de este martes no aprobará con carácter urgente del real decreto ley que consolidará la prohibición de la compraventa de armamento a Tel Aviv, según varias fuentes gubernamentales. La intención del Ejecutivo era haberlo hecho la semana pasada, justo el día después de que Pedro Sánchez ...

El paraguas jurídico para aplicar un embargo de armas a Israel tendrá que esperar al menos una semana más. El Consejo de Ministros de este martes no aprobará con carácter urgente del real decreto ley que consolidará la prohibición de la compraventa de armamento a Tel Aviv, según varias fuentes gubernamentales. La intención del Ejecutivo era haberlo hecho la semana pasada, justo el día después de que Pedro Sánchez anunciase el decreto para legalizar el embargo total de armas a Israel en una comparecencia en la que el presidente habló por primera vez del “genocidio” que sufren los palestinos. En La Moncloa alegan que se trabaja en el redactado, muy técnico y que afecta a múltiples leyes y acuerdos.

Si finalmente se aprobase la próxima semana, el embargo adquiriría un simbolismo aún mayor, ya que coincidirá con los días en que Naciones Unidas celebrará su 80º aniversario en Nueva York, una conmemoración a la que asistirán Sánchez y Felipe VI. El Rey intervendrá en nombre de España en la próxima Asamblea General de la ONU, en la que está previsto que varios países occidentales como Francia, Reino Unido, Bélgica y Australia reconozcan el Estado palestino, un paso que el Ejecutivo de Sánchez ya dio hace un año.

La medida más relevante a la que se comprometió Sánchez fue la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, que según el presidente se viene “aplicando ya de facto desde octubre de 2023″, esto es desde el inicio de la ofensiva militar indiscriminada ordenada por el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, que desde entonces ha causado más de 64.000 víctimas civiles en Gaza mientras en Cisjordania se acelera la expansión de asentamientos ilegales de colonos. El objetivo era establecer, subrayó Sánchez, “la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar” a Israel. El Congreso tendrá que convalidar el real decreto, que sancionará de forma legal lo que ya estaba sucediendo en la práctica, según Sánchez. Su aprobación acabaría con la inseguridad jurídica que suponía excluir a empresas israelíes de concursos públicos sin respaldo legal alguno: una muestra fue que el Ministerio de Interior cambiara varias veces de criterio sobre la compra de 15 millones de balas para la Guardia Civil.

El embargo también abarcará, según dijo Sánchez, “la prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes”, aunque hay dudas sobre su aplicación ya que en la práctica solo se inspeccionan los buques que declaran portar armas. También se denegará “la entrada al espacio aéreo español de aeronaves de Estado que transporten material de defensa con destino a Israel”. Una medida dirigida en la práctica a Estados Unidos, aunque España no inspecciona a los aviones de Washington que hacen escala en las bases de Rota o Morón de la Frontera.

El pasado Consejo de Ministros sí aprobó otras medidas de presión sobre Israel como el veto de la entrada en España de dos ministros del Gobierno de Netanyahu: Itamar Ben-Gvir, titular de Interior, y Bezalel Smotrich, de Finanzas. Ambos lideran a dos de las formaciones ultraderechistas y racistas que forman parte del Ejecutivo de coalición hebreo. El Gobierno les incorporó a la lista de sancionados donde ya figuraban una docena de colonos judíos. Según el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no es un listado cerrado, sino que está “abierto” para quienes “demuestren con su conducta y sus declaraciones que quieren hacer inviable la solución de los dos Estados” que defiende España y la mayor parte de la comunidad internacional.

Los temas principales del Consejo de Ministros serán la revisión al alza del crecimiento de la economía española previsto para este año —saldrá el ministro del ramo, Carlos Cuerpo— y la aprobación de unas mejoras que los bomberos forestales reclaman desde hace años en la Seguridad Social que explicará la ministra Elma Saiz, según fuentes del Ejecutivo. Además, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, desgranará el paquete de medidas que Sánchez ha adelantado los últimos días. El Gobierno obligará a las plataformas digitales a retirar 53.000 pisos turísticos que presentan irregularidades y triplicará el dinero que transfiere para políticas de vivienda a las comunidades que apliquen la ley, algo a lo que se opone los gobiernos autonómicos del PP. Por otra parte, se pondrán en marcha tres nuevas medidas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes: una nueva ayuda para alquileres con opción a compra de casi 30.000 euros, un seguro de impago de rentas que ya se anunció en el mes de enero y que servirá, según Sánchez, “para dar más garantías a propietarios y a inquilinos” y nuevas ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural.