El juez Peinado demanda a políticos y periodistas

El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta desde hace más de un año una cuestionada investigación contra Begoña Gómez, ha decidido pasar al contraataque y ha presentado varias demandas contra políticos y periodistas, según han confirmado fuentes jurídicas. Peinado, que ...

El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta desde hace más de un año una cuestionada investigación contra Begoña Gómez, ha decidido pasar al contraataque y ha presentado varias demandas contra políticos y periodistas, según han confirmado fuentes jurídicas. Peinado, que dirige el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid y que impulsa unas pesquisas con excesos corregidos ya por todos los órganos judiciales superiores, considera que las críticas vertidas contra él han vulnerado su derecho al honor.

Estas fuentes jurídicas han explicado que se han programado varios actos de conciliación en diferentes juzgados de primera instancia, como primer paso de las demandas del juez. Según ha avanzado este sábado el diario El Confidencial, esta ofensiva se dirige, entre otros, contra Óscar Puente, ministro de Transportes; y los periodistas Antón Losada y Ernesto Ekaizer.

Si los diferentes actos de conciliación acaban sin acuerdo entre el magistrado y los demandados, que no están obligados a asistir, el magistrado podrá entonces optar por continuar por la vía civil contra ellos, en defensa de su derecho al honor, o acudir a la vía penal por supuestos delitos de injurias y calumnias.

El juez Peinado abrió la investigación contra Begoña Gómez en abril de 2024, tras dar luz verde a una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. Desde entonces, el magistrado ha ido ampliando sus pesquisas y adjudicando supuestos nuevos delitos a la esposa del presidente del Gobierno (en total, suman ya cinco: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional, apropiación indebida y malversación de caudales públicos). Su investigación, acotada en varias ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid, ha sido duramente criticada dentro del procedimiento por la Fiscalía y por las defensas, pero también fuera, donde diferentes cargos políticos han cuestionado la actuación del magistrado.