La amenaza de acciones legales contra el reparto de menores migrantes no acompañados anunciadas por algunos barones del PP avanzan. El presidente de Aragón, Jorge Azcón —que ya el martes se negó a “colaborar” con el Gobierno tras el acuerdo alcanzado con Junts—, se ha apresurado y ha movido ficha este viernes. En la reunión de un Consejo de Gobierno extraordinario, el Ejecutivo autonómico aragonés ha ...

La amenaza de acciones legales contra el reparto de menores migrantes no acompañados anunciadas por algunos barones del PP avanzan. El presidente de Aragón, Jorge Azcón —que ya el martes se negó a “colaborar” con el Gobierno tras el acuerdo alcanzado con Junts—, se ha apresurado y ha movido ficha este viernes. En la reunión de un Consejo de Gobierno extraordinario, el Ejecutivo autonómico aragonés ha aprobado autorizar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley que establece los criterios de distribución. El texto de La Moncloa incluye como criterios para calcular el número de menores la población de la comunidad autónoma y su renta per cápita, pero también el esfuerzo que ya hayan realizado en la acogida de niños y jóvenes extranjeros.

El portavoz de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, también apuntó este jueves a que el Gobierno de Fernando López Miras acudirá al Tribunal Constitucional. Tanto Aragón como Murcia dicen estar desbordadas en sus recursos de acogimiento y están pendientes de recibir el apoyo de Vox a sus Presupuestos autonómicos, aún por aprobar. Génova dio este lunes a Azcón y a López Miras un empuje para que cierren cuanto antes un acuerdo sobre sus cuentas con la formación de Santiago Abascal, amparando los mismos “parámetros” del pacto sellado por el president Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana como marco para las próximas ententes.

En Aragón, Azcón ha materializado su oposición frontal a la norma con la aprobación de la autorización de ese futuro recurso ante el tribunal de garantías impulsado por el Ejecutivo autonómico incluso antes de que se celebre en abril una nueva conferencia sectorial en la que el Ministerio de Juventud e Infancia desgranará a los territorios los pormenores de la distribución. El Gobierno central ha dado de plazo desde este miércoles y hasta el 31 de marzo para que las comunidades aporten los datos con un “autodiagnóstico” sobre el estado de sus recursos de acogimiento para acudir a la conferencia sectorial de abril con la foto y el mapa completos. Eso sí, el presidente de Aragón se ha sumado al resto de dirigentes autonómicos populares que asumen que cumplirán la ley cuando sea un hecho.

“Vamos a respetar el Estado de derecho y sabemos lo que significan las leyes desde la entrada en vigor. Lo que buscamos es que las medidas cautelares para la no entrada en vigor permita que podamos hacer un acuerdo más justo y más sensato”, ha dicho Azcón en una comparecencia conjunta en Zaragoza junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien ya este jueves moduló su posición al asegurar que cumplirá con la ley. Una afirmación que también compartieron tanto la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como el gallego, Alfonso Rueda. “Somos Gobierno, los gobiernos tenemos la obligación de cumplir las leyes. Y tenemos la obligación de preservar la institucionalidad que es lo que nos hace ser respetados por los ciudadanos y es lo que nos ampara”, ha añadido en la misma línea Moreno hoy. El Ejecutivo andaluz está “estudiando” asimismo un posible “recurso” legal. También se lo plantean Madrid y Galicia.

Traslado de 4.000 menores

Tanto la dirección del PP como los barones hacen así equilibrios para cargar contra el reparto de menores migrantes mientras aceptan que no habrá insumisión. Azcón y Moreno han continuado este viernes con sus ataques al acuerdo del Gobierno y Junts. También el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, quien ha pedido al Ejecutivo “colaborar” con los territorios. “Y, si no lo hace, tendrá el rechazo del Partido Popular en las comunidades donde gobernamos”, ha señalado Sémper en Santander.

El contenido del real decreto es visto con buenos ojos tanto por el Ejecutivo de Canarias (integrado por Coalición Canaria y el PP canario) como por el de Ceuta (del Partido Popular). A priori se estima el traslado de 4.000 menores de Canarias, donde hay acogidos unos 5.800, y de otros 400 de Ceuta, donde se hacinan unos 420, al resto de territorios (también a Melilla), de los que 10 están gobernados por el PP. En Castilla-La Mancha, su presidente, el socialista Emiliano García-Page —muy crítico con la dirección de su partido por los pactos con los independentistas—, también ha anunciado que exploran la posibilidad de recurrir una medida que considera “insultante”.