El Consejo de Europa confirma que España viola la Carta Social Europea por dejar sin luz a la Cañada Real de Madrid

España viola la Carta Social Europea al mantener sin acceso a la electricidad durante más de cuatro años a 4.500 personas en la Cañada Real de Madrid. Lo confirmó la medianoche del martes al miércoles el Comité Europeo de Derechos Sociales —que depende del Consejo de Europa—, al resolver una demanda de cinco organizaciones en favor de los habitantes de esa zona, ubicada apenas a 15 kilómetros del centro de la capital española. ...

España viola la Carta Social Europea al mantener sin acceso a la electricidad durante más de cuatro años a 4.500 personas en la Cañada Real de Madrid. Lo confirmó la medianoche del martes al miércoles el Comité Europeo de Derechos Sociales —que depende del Consejo de Europa—, al resolver una demanda de cinco organizaciones en favor de los habitantes de esa zona, ubicada apenas a 15 kilómetros del centro de la capital española. Como había adelantado EL PAÍS en noviembre pasado, el órgano garante de la carta ha dictaminado que se han vulnerado siete derechos reconocidos en ese pacto europeo, entre ellos el derecho a la vivienda. Desde el inicio del corte de suministro eléctrico, el 2 de octubre de 2020, hasta la fecha, han sido ya casi 1.600 días sin luz.

La reclamación colectiva, entre cuyos firmantes está Comisiones Obreras, se elevó al organismo europeo el 2 de marzo de 2022, cuando el corte del suministro en la Cañada Real llevaba casi un año y medio. Los colectivos reclamaban que someter a la población de los sectores 5 y 6 de la Cañada —con 1.800 niños— a vivir en esas condiciones violaba varias disposiciones de la Carta Social Europea. El Gobierno contraargumentaba que los enganches ilegales al sistema eléctrico, muchos de ellos para sostener plantaciones de marihuana, sobrecargaban las líneas y llevaban al corte del suministro por la empresa Naturgy.

Ahora, el comité encargado de vigilar el cumplimiento de esa carta ha hecho público su veredicto y les ha dado la razón a las organizaciones: además del derecho a la vivienda, España ha violado el derecho a la protección de la salud, a la protección contra la pobreza y la exclusión social, el de la familia y el de los niños y adolescentes a la protección social, jurídica y económica, el de las personas de edad avanzada a la protección social, y el de las personas con discapacidad a la autonomía y a la integración social.

Javier Rubio, abogado de la organización Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y miembro del equipo jurídico de la reclamación, explica que con esta decisión “las personas afectadas cuentan con un título jurídico para acudir a los tribunales nacionales y exigir el cese de la vulneración de sus derechos”. Hasta ahora, explica el letrado, contaban con la reclamación al comité, pero el asunto seguía en discusión porque el Estado alegaba que no se violaban los derechos de esas personas, cosa que ahora ha quedado probada por el Comité Europeo de Derechos Sociales. Rubio destaca que la resolución evidencia una “vulneración continuada” de los derechos de esta población, que sigue produciéndose hasta hoy, cada día, cada hora.

“El Comité considera que España no ha adoptado medidas adecuadas para garantizar que las personas afectadas por los cortes de electricidad que viven en los Sectores 5 y 6 de Cañada Real disfruten de su derecho a una vivienda de calidad adecuada”, se lee en la resolución. El comité argumenta que un informe elaborado por la Universidad Carlos III de Madrid entre marzo de 2021 y marzo de 2023 identificó temperaturas en las habitaciones más utilizadas por encima de 40 grados en verano y por debajo de 10 grados en invierno.

Rafael Cid, abogado de Gentium y también miembro del equipo jurídico de la reclamación, detalla que esta supone la primera decisión en el ámbito social en la que el Comité resuelve contra España por contravenir la Carta Social Europea, más allá de la esfera laboral en la que se pronunció sobre la indemnización por despido improcedente el año pasado. “Ahora el Consejo de Europa confirma que el plan de realojos no es óbice para garantizar que se restablezca el suministro eléctrico en las zonas afectadas”, sostiene.

El fallo llega cuando el asunto más ha estado en las calles con sendas movilizaciones por el derecho a la vivienda, particularmente en Madrid. Tanto en la jornada del 13 de octubre de 2024 como en la del pasado 9 de febrero, el reclamo por la situación en la Cañada Real ha estado en el decálogo de exigencias de los convocantes. De hecho, en la de octubre, una de las personas que leyó el manifiesto en la protesta fue Gladys Zambrana, residente en la Cañada, que es considerado el mayor asentamiento irregular de Europa.

La decisión del comité es arrolladora sobre las afectaciones a la salud de los habitantes de la Cañada derivadas de los cortes de luz y las fuentes alternativas de energía a las que tuvieron que recurrir (generadores de gasolina). Recoge un informe del Equipo de Intervención en Población Excluida que apunta “un aumento de infecciones respiratorias, enfermedades dermatológicas y circulatorias relacionadas con el resfriado, especialmente en niños y jóvenes, dificultades en el uso de dispositivos médicos esenciales, casos de intoxicación por monóxido de carbono, quemaduras, complicaciones de las condiciones de salud de los pacientes con diabetes, empeoramiento de las enfermedades reumáticas (…) complicaciones de comorbilidad por exposición al frío que resultaron en cinco muertes”.

Según ese informe, la necesidad de atención “aumentó drásticamente” desde octubre de 2020 y la unidad atendía aproximadamente entre 1.100 y 1.200 personas por mes. Hubo entre 80 y 90 intoxicaciones por monóxido de carbono durante un periodo de cuatro meses ese año, de las cuales más de 20 requirieron atención hospitalaria de emergencia.

El comité desestima los argumentos presentados por el Gobierno, que insistió en que ha avanzado en el realojo de los habitantes del sector 6 de la Cañada. El órgano insiste en que el plazo del que habla el Gobierno para realojar a todas las familias se extiende según el Protocolo de Actuación 2024-2034 hasta en 10 años, “es decir, hasta 14 años desde el inicio de los cortes de energía”. Incluso el plazo del que ha hablado el comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, que es realojar a todo el sector 6 en 2027, es insuficiente para el comité.