El PP pide a la justicia europea que anule las sentencias del Tribunal Constitucional en los ERE
Los populares consideran que los fallos “generan impunidad en la lucha contra la corrupción”
El PP ha pedido que la justicia europea intervenga en el caso de los ERE fraudulentos para que anule las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y que el pasado verano rebajó de manera drástica las condenas previas del Supremo a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía por la pieza política de la macrocausa.
Los populares, presentes como acusación particular en esta instrucción que nació...
El PP ha pedido que la justicia europea intervenga en el caso de los ERE fraudulentos para que anule las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y que el pasado verano rebajó de manera drástica las condenas previas del Supremo a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía por la pieza política de la macrocausa.
Los populares, presentes como acusación particular en esta instrucción que nació hace 14 años, ha elevado un escrito a la Audiencia de Sevilla para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) “inaplique” las sentencias del tribunal de garantías porque considera que estas generan “impunidad en la lucha contra la corrupción”. El PP solicita al primer tribunal que condenó a los exdirigentes de la Junta que plantee ante la justicia europea una cuestión prejudicial interpretativa para dilucidar si los fallos del Constitucional son compatibles con el artículo del Tratado de Funcionamiento de la UE, que especifica que los Estados combatirán “el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión”, según reza el escrito, avanzado este lunes por Abc.
El pasado verano el caso de los ERE dio un vuelco después de que las tesis de la primera instructora, Mercedes Alaya, la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo fueran corregidas por el tribunal de garantías, que admitió de manera parcial los recursos de amparo de 10 exdirigentes socialistas de la Junta condenados por malversación y prevaricación, entre ellos los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves. El Constitucional ordenó de ese modo a la Audiencia sevillana que emitiera nuevas sentencias para estimar sus nuevos fundamentos jurídicos, que rebaja de manera ostensible las condenas iniciales para los expolíticos.
El escrito del PP se suma a la petición de Manos Limpias, que ya planteó otra consulta ante la justicia europea. Los populares consideran que en el caso ERE el Constitucional alegó que las Leyes de Presupuestos andaluzas avalaron los procedimientos de pago en los ERE, pero el PP reclama que los jueces europeos se alineen con el Supremo y estimen que esas leyes “no excluían la tipificación penal de dichas conductas” por parte de los expolíticos socialistas andaluces. El escrito del PP andaluz considera que los exdirigentes han logrado con las últimas concesiones de amparo del Constitucional “un privilegio de inviolabilidad e inmunidad” que provocará un archivo de parte de las piezas separadas de la macrocausa [una por cada ayuda concedida] pendientes de juicio.
“El Derecho nacional no garantiza la independencia del Tribunal Constitucional, en particular respecto de los poderes legislativo y ejecutivo, tal y como exigen” los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea, reza el escrito. El PP arroja dudas sobre la imparcialidad del Constitucional en el caso y considera que se extralimitó en la que tilda de “mayor causa de corrupción política del país”, además de valorar que su interpretación de las leyes nacionales fueron contrarias al Derecho de la Unión.
En definitiva, los populares reclaman que la justicia europea debe intervenir porque la tesis del Constitucional sobre el amparo que provocaron las leyes de Presupuestos andaluzas entre 2002 y 2009, dado que una ley no puede ser ilegal, eximieron a los exdirigentes andaluces de sus conductas ilícitas. “Dicha interpretación deja al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la fase final de su ejecución, y con ello, se desprotege la indemnidad del patrimonio público, el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los fondos públicos, los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de la Administración pública”, concluye el escrito, de 32 páginas y fechado el pasado jueves.