El Constitucional admite a trámite los primeros recursos contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía

El Tribunal Constitucional se dispone a admitir a trámite en el pleno que empieza este martes los recursos presentados por el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa contra la decisión del Supremo de no aplicarles la ley de amnistía. Los tres consideran que esa negativa supone una vulneración de su derecho fundamental a recibir tutela judicial efectiva, porque entienden que el Suprem...

El Tribunal Constitucional se dispone a admitir a trámite en el pleno que empieza este martes los recursos presentados por el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa contra la decisión del Supremo de no aplicarles la ley de amnistía. Los tres consideran que esa negativa supone una vulneración de su derecho fundamental a recibir tutela judicial efectiva, porque entienden que el Supremo no debió excluir del perdón los hechos del procés que consideró malversación. Los recurrentes alegan que la ley de amnistía es una norma en vigor, aprobada por el Parlamento, y a la que debe aplicarse la presunción de constitucionalidad mientras el Constitucional no resuelva los recursos presentados.

Fuentes del propio órgano de garantías subrayan, en todo caso, que la decisión más relevante que ha de adoptar el Constitucional sobre la ley de amnistía es precisamente si la norma encaja o no con la ley fundamental. Y será si el tribunal concluye que la norma es plenamente constitucional cuando quede establecido que la medida del perdón a los líderes del procés incluye el delito de malversación. Pero los recurrentes han pedido que se les aplique una medida cautelar hasta el momento en que el Constitucional dicte esa sentencia, porque en la actualidad siguen inhabilitados para ejercer cargo público. El órgano de garantías decidirá sobre este punto en una pieza específica, cuyo primer paso será el de solicitar alegaciones a las partes.

El Constitucional quedará constituido con sus 12 miembros para resolver sobre los recursos de Junqueras, Romeva y Bassa, a diferencia de lo ocurrido con las impugnaciones contra la ley de amnistía, en que el tribunal estará compuesto por 10 magistrados. Eso obedece a que en relación con dicha ley prosperó la recusación contra el magistrado José Mario Macías, por sus pronunciamientos contra la constitucionalidad de la norma cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También quedó al margen de la resolución sobre la ley el magistrado Juan Carlos Campo, quien durante su mandato como ministro de Justicia consideró asimismo que la ley de amnistía es inconstitucional, y que se abstuvo.

Macías tomará parte en las resoluciones sobre los recursos de amparo de los mencionados dirigentes del procés porque el Constitucional considera las quejas de Junqueras, Romeva y Bassa son cosa bien distinta a las impugnaciones contra la ley. El propio presidente del órgano de garantías, Cándido Conde-Pumpido fue recusado para tomar parte en las deliberaciones sobre la ley de amnistía con el argumento de que ya se abstuvo anteriormente en relación con los recursos de los líderes independentistas contra la sentencia del Supremo que les condenó por sedición y malversación. Pero el órgano de garantías rechazó dicha recusación, precisamente al distinguir la materia de cada impugnación.

Con la decisión de admitir a trámite los recursos de Junqueras, Romeva y Bassa quedarán aún fuera del ámbito del Constitucional el recurso del también exconseller Jordi Turull —ya presentado y pendiente de admisión a trámite— y el más que probable del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Este último está pendiente de que el Supremo resuelva su recurso de apelación contra la no aplicación de la amnistía a su caso. Pero, para que pueda presentar recurso ante el Constitucional, es necesario que antes haya agotado la vía de la jurisdicción ordinaria, en este caso ante el Supremo. La Sala de Apelaciones de este alto tribunal celebrará el próximo 10 de marzo una vista pública sobre el recurso de Puigdemont, así como los de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión del magistrado Pablo Llarena de no aplicarles la ley de amnistía.

El recurso de Jordi Turull —que a diferencia de los tres últimos sí fue juzgado y condenado por el Supremo— incluía la recusación del magistrado José Mario Macías, que no se ha abstenido. Probablemente, el tribunal también decidirá en breve sobre la admisión a trámite de la petición de amparo de Turull. Previamente, tendrá que resolver sobre la recusación de Macías en este asunto, que será rechazada con el mencionado criterio de que se trata de una petición de amparo por supuesta vulneración de derechos fundamentales, en la que lo que se discute no es la constitucionalidad de la ley de amnistía.

Fuentes del Constitucional subrayan la procedencia de estudiar ahora los recursos de amparo de los líderes independentistas, una vez que se ha resuelto admitir todas las impugnaciones contra la ley y se ha decidido sobre la abstención del magistrado Campo y la recusación del también magistrado Macías. Dichas fuentes añaden que no se trata de acelerar en este momento los procedimientos que afectan a los dirigentes del procés, sino de actuar con orden para despejar las dudas sobre la constitucionalidad de la ley, por una parte, y resolver las peticiones de amparo por su inaplicación, por otra. También se subraya en los mismos medios que la decisión de avocar al pleno el debate sobre las peticiones de amparo fue adoptada por unanimidad, lo que refleja que el tribunal estima la relevancia constitucional de los recursos y su repercusión social y política.

Lo más probable, en todo caso, es que la decisión del órgano de garantías sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía llegue antes que la relativa a las peticiones de amparo de los líderes del procés. La admisión a trámite de los recursos de Junqueras, Romeva y Bassa es solo un primer paso, que irá seguido de la designación de ponente para cada caso y petición de alegaciones a las partes. En el Constitucional ya se ha puesto en funcionamiento, en cambio, el grupo de seis letrados que en un plazo de tres meses ha de tener preparadas sus propuestas para el borrador de sentencia sobre el recurso del PP contra la ley de amnistía, del que se ha hecho cargo la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, quien llevará y defenderá en el pleno la correspondiente propuesta de resolución.