Una mina junto a Portugal divide a la Junta de Andalucía

A escasos 10 kilómetros de Portugal y al inicio del enorme embalse del Andévalo (Huelva), la Junta de Andalucía prevé autorizar una mina subterránea para extraer zinc, plomo, cobre, oro y plata. Sin embargo, la exploración previa a la apertura de túneles, en marcha desde 2022, es polémica y ha logrado lo que casi ningún proyecto minero antes en la región: dividir en dos al Gobierno andaluz. Por un lado, la Consejería de Industria, Energía y Minas dio ...

A escasos 10 kilómetros de Portugal y al inicio del enorme embalse del Andévalo (Huelva), la Junta de Andalucía prevé autorizar una mina subterránea para extraer zinc, plomo, cobre, oro y plata. Sin embargo, la exploración previa a la apertura de túneles, en marcha desde 2022, es polémica y ha logrado lo que casi ningún proyecto minero antes en la región: dividir en dos al Gobierno andaluz. Por un lado, la Consejería de Industria, Energía y Minas dio un espaldarazo al proyecto para que se declarara “de interés estratégico” y así poder acelerar sus trámites y plazos administrativos. Por el otro, la Consejería de Sostenibilidad y la de Agricultura han resaltado los riesgos que entraña la explotación, ya que afectaría a zonas protegidas de la Red Natura 2000 y al agua potable y de riego agrícola, dada su extrema cercanía al Andévalo -el tercer embalse de la región y el mayor en Huelva, con 634 hectómetros cúbicos-, del que beben cientos de miles de onubenses y con el que se riegan muchos cultivos.

El pasado 18 de septiembre la Junta declaró el proyecto Iberian Belt West (IBW) de la empresa Emerita, filial de una multinacional minera canadiense, “inversión empresarial de interés estratégico” para Andalucía, a través de su Unidad Aceleradora de Proyectos, creada para favorecer grandes inversiones, y eliminarles burocracia y tiempos de espera, que se reducen a la mitad.

Pero ante tanta velocidad, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, advirtió de que el proyecto afectaría a zonas protegidas por su biodiversidad y pidió que su declaración como proyecto de interés estratégico se paralizara. A continuación, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, competente en materia de aguas, añadió otro aviso más serio si cabe: “La ubicación de la mina en la cola del embalse del Andévalo entraña un riesgo que sería conveniente no asumir, dado que afecta al agua de consumo de la mayor parte de la costa y capital de la provincia”.

Finalmente, pese a los reparos de ambas consejerías, el Gobierno andaluz dio luz verde y lo declaró de interés estratégico por “silencio administrativo”, según la resolución del pasado septiembre del Boletín Oficial de la Junta. A preguntas de este diario, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos no ha aclarado por qué su Comisión Delegada para Asuntos Económicos acordó el pasado 31 de mayo calificar “desfavorablemente” el proyecto, pero finalmente ignoró los reparos de Sostenibilidad y Agricultura para impulsar el proyecto minero por silencio administrativo.

Durante 17 años y a partir de 2027 si los plazos previstos se cumplen, de las galerías subterráneas pegadas al río Guadiana que separa España y Portugal 350 empleados extraerán los minerales ―junto a otro millar de empleos indirectos― y una inversión de 350 millones. Desde la explotación junto a los municipios de Paymogo y Puebla de Guzmán, el mineral se llevará en camiones con contenedores hasta la parte navegable del río, donde se montarán en barcazas que seguirán el curso hasta la desembocadura y desde ahí los contenedores irán en trenes hasta el puerto de Sines (Portugal), para luego seguir en barco hasta su destino final en Róterdam (Holanda).

Tras ser declarado estratégico, el proyecto ―con tres depósitos de minerales, La Romanera, La Infanta y El Cura separados por ocho kilómetros― está pendiente de obtener la autorización ambiental unificada, necesaria para que los técnicos de la Junta certifiquen que no afecta a la zona de especial conservación (ZEC, con rango de protección europeo) del Andévalo Occidental, con 53.000 hectáreas. Una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente subraya que el informe previo negativo “no prejuzga ni condiciona el resultado” de la autorización ambiental que se tramita ahora.

Los técnicos evalúan las afecciones ambientales del proyecto, “para evitar o reducir la producción de residuos, las emisiones a la atmósfera, el agua y al suelo, así como las repercusiones sobre fauna y flora silvestre y los hábitats naturales”. En esta área habitan el águila real, la cigüeña y el buitre negros ―ambas especies en peligro de extinción― o el águila perdicera. “La ZEC Andévalo Occidental es de gran interés por los procesos de conectividad ecológica entre espacios red Natura 2000″, reza su plan de gestión como espacio protegido, desarrollado en 2019.

El director general de Emerita España, Juan Luis del Pozo, considera que las pegas iniciales de la Consejería de Medio Ambiente son infundadas: “Haremos los trabajos a 400 metros de profundidad de la superficie del terreno en la Red Natura y la zona de la Infanta, con la balsa de lodos y la zona industrial [una de las tres que forman la explotación] es superficial, pero está toda fuera de la Red Natura”. Sobre el segundo problema de una posible contaminación del agua con metales pesados, Del Pozo rebate: “El agua también nos sorprendió. Queremos que IBW sea una referencia en minería sostenible con cero vertido operativo de agua porque vamos a recircular todo el agua. Al principio pusimos un punto de vertido, pero ahora ya no hay”.

La empresa minera asegura que logrará el vertido cero gracias a que reutilizará todo el agua con un proceso de ósmosis inversa en circuito cerrado desarrollado por la empresa Aguas de Valencia. Además, almacenarán las pluviales con un depósito para 2,2 veces el periodo de retorno de 500 años, unas lluvias equivalentes a la reciente dana de Valencia, sostiene Emerita.

Las dudas de los colectivos ambientalistas permanecen pese a las promesas de vertido cero de agua y a que es un proyecto subterráneo cuyos lodos tóxicos resultantes de la extracción se devuelven entre un 50% y un 70% del total a las galerías de los que se sacaron. “La explotación es subterránea, pero conlleva el procesamiento de los minerales, que siempre dejan detrás toneladas de residuos. Los lixiviados de metales pesados podrían llegar hasta el agua que bebemos y los alimentos que comemos. Además, el traslado de los minerales por el Guadiana podría afectar a la fauna y flora durante 17 años de extracción”, critica Reyes Tirado, experta en cambio climático y sostenibilidad de la Universidad de Exeter (Reino Unido).

Más severo y crítico que esta científica es Ecologistas en Acción: “Aunque Emerita pretenda blanquear su imagen hablando de puestos de trabajo y de la necesidad de acceder a las riquezas metálicas españolas, lo cierto es que no es más que sólo una de las múltiples empresas que han venido a obtener el máximo beneficio a costa de la explotación de las tierras y gentes de la franja pirítica onubense, dejando tras de sí escombreras, ríos envenenados, balsas de contaminantes y comarcas deprimidas, cada vez que cierran un ciclo extractivo”.

Emerita define IBW como un “proyecto excepcional” por la alta riqueza en minerales que conserva el subsuelo de esa zona, y subraya que siempre debe contar con “un compromiso social”. “Quiero que el apoyo social y gubernativo sea del 500% porque no puedo permitirme el lujo de que haya oposición cuando vaya a recuperar mi inversión en cinco ó 10 años”, asegura Del Pozo. La empresa minera repartirá sus oficinas y centros tecnológicos entre Paymogo, Ayamonte y Sevilla.

La firma perdió el concurso público para explotar la mina de Aznalcóllar y lo denunció ante la justicia. La vista oral se celebra esta primavera y Emerita es la única acusación particular personada en el proceso. Como la Fiscalía no acusa, se da la circunstancia excepcional de que si se retirara del juicio, este se vendría abajo.

Los municipios cercanos al yacimiento lo ven con buenos ojos. “El proyecto de explotación conlleva tiempo y somos prudentes, pero hay recursos para ser explotados. Sería un punto de inflexión en el empleo industrial que perdimos desde que las antiguas minas cerraron en 1988. Somos conscientes de que hay que estar alertas para que la minería sea sostenible, y si hay reparos, pues que se subsanen con medidas correctoras”, opina el alcalde socialista de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán.

Al margen de la autorización clave de la Consejería de Medio Ambiente, el proyecto ―cuya logística financia la Unión Europea― deberá contar con la venia de las autoridades portuguesas por su cercanía a la frontera y el traslado de minerales a través del Guadiana. Entre otros, las consultas transfronterizas de la ley ambiental 2013, la gestión de los residuos portuarios y el plan de emergencia ambiental para prevenir derrames o una posible contaminación desde los camiones o buques.