Moreno releva a la interventora general de la Junta andaluza que censuró los contratos sanitarios
La directora del órgano fiscalizador, que firmó un informe clave para la judicialización de la contratos del SAS fuera de la ley, estaba inmersa en una negociación salarial que lleva meses enquistada
La Junta de Andalucía ha relevado este miércoles a la interventora general andaluza, María Antonia González, en medio de una compleja negociación salarial que lleva meses enquistada, que beneficia a 70 interventores del órgano fiscalizador. A finales de 2022 González firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público. ...
La Junta de Andalucía ha relevado este miércoles a la interventora general andaluza, María Antonia González, en medio de una compleja negociación salarial que lleva meses enquistada, que beneficia a 70 interventores del órgano fiscalizador. A finales de 2022 González firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público. Un juzgado investiga ahora por prevaricación a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.
González, en el cargo desde septiembre de 2022, firmó el informe de actuación ―un código rojo para alertar del menoscabo en los fondos públicos― para que la Junta pusiera fin al abuso de contratos menores “en fraude de ley” en el SAS, según avanzó eldiario.es. Este informe, dirigido a la consejera de Hacienda, Carolina España, lo elaboró González tras comprobar que todas las advertencias previas a la dirección gerente del SAS habían caído en saco roto. Los reparos contables de este Cuerpo a la Consejería de Hacienda pesaron sobremanera en la macrocausa de los ERE durante la etapa socialista y ahora están detrás de la investigación de un juzgado y la Fiscalía Anticorrupción por los contratos de emergencia del Gobierno de Moreno.
El cese de González ha pillado por sorpresa al Cuerpo que fiscaliza las cuentas del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP). Y la versión oficial difiere de la que ha transmitido la propia interventora general. “Motivos personales”, ha alegado un portavoz de la Consejería de Hacienda sobre el cese. Sin embargo, González ha explicado en una reunión interna con los jefes de división y los interventores delegados este mismo martes que ha sido sustituida por defenderles ante la Junta, y por pelear la retribución salarial que estaba contemplada en la orden de creación del Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría, publicada el pasado junio.
Mientras la Consejería de Hacienda defendía que la mejora salarial debía beneficiar solo a los interventores que firman y visan las cuentas de las Consejerías y Delegaciones de la Junta, González apoyó a los interventores para que ese aumento económico ―de unos 5.000 euros al año― beneficiara a todo el Cuerpo. “No es cierto que haya sido por motivos personales, la han cesado [a González] porque la Junta decía que otros colectivos podrían protestar ante la subida establecida en la memoria económica. La Consejería no le ha dicho a la interventora general que la cesen por su informe de actuación, aunque probablemente también esté detrás”, confía un interventor que estuvo presente en la reunión telemática, con más de medio centenar de interventores asistentes.
“La Junta culpa a la interventora general de falta de mano izquierda, de que no ha sabido controlar a su personal y de que se le ha ido de las manos, aunque haya influido el asunto del informe de actuación”, afirma otro interventor, que destaca a la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, como ejecutora del cese. Miguel Ángel Figueroa, ex director general de la agencia Idea, sustituirá a González al frente de la Intervención de la Junta.
Sin embargo, es muy probable que los problemas de la Consejería con el Cuerpo Superior de Interventores no acaben con el cese de González: los interventores llevan meses amenazando con una huelga y “están en una lucha sorda soterrada”, informan fuentes de la negociación. “Carece de lógica que la Consejería no haya sido más generosa en cuanto a la subida de sueldo”, destacan fuentes al tanto de acuerdo aún sin cerrar.
Un portavoz de la Consejería defiende que más del 80% de los interventores integrados en el nuevo Cuerpo se beneficiarían de la subida salarial, aunque no ha explicado los motivos por los que no se ha cerrado un acuerdo después de meses de conversaciones. Este diario ha intentado sin éxito contactar con González y Martínez para que ofrezcan sus versiones del inesperado cese.
La subida salarial que exigen los interventores estaba incluida en la memoria económica de la Ley de Creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta, pero luego el Gobierno autonómico decidió que la aplicaría solo a aquellos auditores que visan las cuentas y dan luz verde al gasto, no a los que ejercen funciones contables. Y esa discriminación ha soliviantado a los interventores, un Cuerpo auditor de élite ―con las máximas categorías 28, 29 y 30― en la Junta.