El calvario de pedir las ayudas de la dana: solo cuatro familias han recibido la indemnización por sus muertos

Ana Sal tiene 38 años, tres hijas pequeñas y pruebas fehacientes de que el día tiene más de 24 horas. Trabaja en la oficina de recursos humanos de una empresa valenciana, Jeanología, encargada de vender máquinas para desgastar vaqueros, pero una vez a la semana acude con su portátil y una impresora al primer piso de la parroquia San Ramón en Paiporta para hacer otro tipo de labor. A partir de las diez de la noche, después de las duchas, las cenas y los cuentos, saca su ordenador y se pone a estudiar: cómo dar de baja un vehículo, conseguir un acta notarial, una referencia catastral, cómo const...

Ana Sal tiene 38 años, tres hijas pequeñas y pruebas fehacientes de que el día tiene más de 24 horas. Trabaja en la oficina de recursos humanos de una empresa valenciana, Jeanología, encargada de vender máquinas para desgastar vaqueros, pero una vez a la semana acude con su portátil y una impresora al primer piso de la parroquia San Ramón en Paiporta para hacer otro tipo de labor. A partir de las diez de la noche, después de las duchas, las cenas y los cuentos, saca su ordenador y se pone a estudiar: cómo dar de baja un vehículo, conseguir un acta notarial, una referencia catastral, cómo constituir una comunidad de vecinos. A 47 días de la tragedia, todavía miles de familias no han recibido la mínima ayuda pública que les corresponde. El trabajo invisible de gente como Ana retrata las grietas de un sistema colapsado.

Cuando habían pasado más de dos semanas de la dana que sacudió todo por debajo de dos metros de altura en 75 municipios de la Comunidad Valenciana y todavía los vecinos arrastraban el fango por sus calles, un grupo de mujeres trabajadoras de la misma empresa decidió que eran mucho más valiosas con el teclado que con una escoba. “Todo empezó porque una compañera de mi marido no se veía capaz de pedir las ayudas. Y las primeras eran hasta agotar presupuesto y estaba bloqueada. Le dije que le iba a ayudar. Pero pensé: “Si esto le está pasando a una chica de 30 años espabilada, ¿qué no le estará pasando a un señor de 70?”. Y ahí dije: “Puf, hay mucho trabajo aquí”. Quizá no soy experta, pero al menos tengo la mente fría”.

Su empresa les permite un día a la semana de voluntariado y ya tenían relación con la parroquia de Paiporta, ubicada en el centro del municipio, una de las zonas más devastadas del núcleo urbano más destrozado de los que atraviesa el barranco del Poyo. En dos semanas han atendido a 60 personas. Lo que no significa que hayan tramitado ese mismo número de solicitudes. “Con cada persona que llega estamos como mínimo una hora, muchos se rompen ahí. Primero tenemos que ver qué necesitan, muchas veces ni siquiera lo saben, y siempre hay que hacer varios trámites. La página del Gobierno se cuelga, es imposible hacer una única solicitud por persona, y hay que volver a empezar. Es un infierno”, relata Ana de Miguel, que trabaja como asistente del CEO de Jeanología.

Ninguna había hecho esto antes. Y no son las únicas. Fuentes municipales de los ayuntamientos de las zonas afectadas aseguran que sus empleados están dedicados desde hace más de un mes casi en exclusiva a atender las solicitudes de cientos de vecinos que cada día acuden a sus oficinas como en una peregrinación. Después de pelearse con alguna autoridad para que consigan vaciar su garaje, todavía con lodo; de arreglarse con algún vecino que ha conseguido un coche para ir a hacer la compra —hasta hace una semana no había supermercado en algunos municipios como Paiporta o en otros quedaba muy lejos y no tienen vehículo—; de buscar en los centros de recogida las cosas que les faltan; de insistirle al seguro para que venga un perito de una vez a revisar los daños en su casa; de llevar más de un mes sin poder comer algo caliente que no sea de una ONG. Cuando queda algo de tiempo, y eso que los plazos de las ayudas están cercanos a agotarse (vencen la mayoría la primera semana de enero), juntan los papeles que han sobrevivido y otros nuevos que han conseguido para que al menos les den unos 6.000 euros por toda una vida.

Las ayudas directas para los afectados que puso en marcha la Generalitat, que fueron las primeras, requerían cualquier documento que acreditara que esa persona vivía ahí, además de una identificación. Un trámite que parecía sencillo, pero que después de la devastación no lo era tanto: la batalla estuvo entonces por recuperar el certificado digital del DNI, por conseguir a alguien con internet u ordenador capaz de solicitarlo en su nombre (las ayudas estatales no permiten el trámite a terceros), además de miles de personas de más de 70 años que no disponían de unas nociones mínimas de digitalización. Con todo, la ayuda de los 6.000 euros la han pedido más de 30.000 personas, aunque solo se ha otorgado a unas 12,000. El plazo vencía este 16 de diciembre, aunque lo han ampliado al 2 de enero.

La consejería de Vivienda puso en marcha a mediados de noviembre un paquete de ayudas al alquiler, de 800 euros al mes, para quienes se hubieran quedado sin casa o fuera inhabitable. Pero de las 728 ayudas solicitadas, solo han recibido los pagos 177, según la información que detalló el presidente Carlos Mazón este domingo. Estas ayudas son por un plazo de 12 meses, a partir de ahí, “cada caso se revisará”, cuentan desde la consejería.

Las ayudas estatales por daños personales, materiales o en las viviendas se han convertido también en un embudo. De las 28.077 registradas (según los últimos datos disponibles de este sábado), solo 815 familias han cobrado un anticipo de la mitad del importe (la cantidad total varía dependiendo del tipo de ayuda, que va desde los 10.300 euros a los 72.000). Y solo cuatro familias han cobrado la indemnización por sus muertos (de 218 cadáveres entregados). En cuanto a las empresas, hay un número similar de solicitudes, 26.567, pero no hay una cifra de beneficiados, cuentan con una orden de pago 20.204.

Desde las administraciones de fincas alertan: “No está nada claro que las ayudas a las comunidades de vecinos vayan a ser recibidas por los edificios que no tenían seguro”, cuenta la coordinadora de administradores de Paiporta, Asunción Rausell. Estas ayudas a las comunidades de vecinos por los daños en espacios comunes ascienden hasta 36.896 euros. Estos días ella y sus compañeros se encuentran tramitando a contrarreloj las solicitudes sin ninguna fe en que las vayan a recibir, el plazo termina el 6 de enero. “Estamos haciendo trámites hasta las 12 de la noche y sabemos que va a faltar documentación, piden cosas ilógicas como copias compulsadas del CIF, del seguro... Estamos presentando mal porque hay muchas cosas que no están claras, pero ya subsanaremos”, cuenta Rausell. La preocupación se extiende a las fincas más vulnerables que han sido devastadas. Muchas no cuentan con administrador, ni seguro, o solo con el de responsabilidad civil o algunas que no tenían un certificado digital de la comunidad, según los administradores: “A menos que el decreto se modifique y se incluya a estos propietarios, se quedarán fuera”, advierte la administradora.

Desde la oficina improvisada en la parroquia de Paiporta, hay un caso que no se le va de la cabeza estos días a Ana de Miguel. Junto al barranco del Poyo hay un señor que tiene que pedir todas las ayudas por una casa que no existe. Desde lo que era una entrada se observa la rambla que daba a la parte trasera, ahora destrozada. Y en medio, donde estaba su vivienda, solo quedan en pie los pilares. “Que este hombre tenga que preocuparse por pedir una ayuda me parece un agravio”, cuenta indignada, pues esta escena se repite en cientos de hogares. “Me parece lamentable que la gente de esas poblaciones con los bajos arrasados, de los que el ayuntamiento tiene constancia porque les cobra el IBI cada año [este año estará exento], les exija que sean ellos los que vayan a pedir algo, cuando debería ser la administración quien les facilitara un apoyo sin obligarlos a pedirlo”.

Si uno hace las cuentas de lo que una persona en esa situación obtendría del Estado y la Generalitat, y siendo optimista con los trámites, ese señor obtendría unos 60.480 euros por destrucción total de la vivienda (de ayuda estatal), más 10.320 por pérdida de enseres, más los 6.000 euros de ayuda directa de la Generalitat: en total, unos 76.800 euros de la administración pública por un inmueble en ruinas. “Con eso ni siquiera reconstruyes esa casa”, remata De Miguel. Quienes estos días pelean por tramitar los apoyos públicos advierten: las ayudas no solo son lentas y tortuosas, también serán insuficientes.