Las comparecencias de los candidatos a presidir las salas del Supremo abren la pugna entre progresistas y conservadores para hacerse con los puestos clave

Los aspirantes a presidir cuatro de las cinco salas del Tribunal Supremo han defendido este martes su candidatura ante la comisión de calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta cita ha servido para escenificar la carrera abierta para estos nombramientos, los primeros que afronta el nuevo CGPJ tras su renovación en julio pasado y que ponen en liza cuatro plazas claves del alto tribunal. La atención se centra especialmente en dos: las presidencias de la Sala de lo Penal, la que investiga y juzga a los aforados y tiene la última palabra sobre todos los casos de corrupción; y la de lo Contencioso-Administrativo, la encargada de dirimir los recursos que afectan a decisiones del Gobierno. Las fuentes del CGPJ consultadas auguran una negociación complicada para ambos puestos, en los que conservadores y progresistas apoyan a diferentes candidatos.

La sustitución en la presidencia de la Sala Penal de Manuel Marchena, que tras dos mandatos de cinco años no puede presentarse a la reelección, augura una dura batalla para hacerse con el timón de una sala que, en los últimos tiempos, ha marcado el paso de la actualidad no solo jurídica, sino también política, con sus decisiones sobre el procés, la amnistía o la investigación al fiscal general. Este último caso, unido al abierto en torno al exministro de Transportes José Luis Ábalos, dan cuenta del papel que va a jugar esta sala en los próximos meses, y de la relevancia que adquiere la elección de su presidente.

Los conservadores apuestan, en principio, por Andrés Martínez Arrieta, número 1 del escalafón de la carrera judicial y que de facto sucederá a Marchena en funciones a partir del próximo 6 de diciembre hasta que se produzca el nombramiento oficial por ser el magistrado más antiguo de la sala. Martínez Arrieta, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de tendencia moderada, ha resumido ante la comisión una carrera judicial de 45 años, más de 25 de ellos en el Supremo. Si rival será la magistrada Ana Ferrer, miembro de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Los vocales propuestos por el PSOE y Podemos ya apoyaron su candidatura para presidir el CGPJ, pero su nombre fue vetado por los conservadores, que ni la eligieron para ese cargo ni están dispuestos a darle la presidencia de la Sala de lo Penal.

Durante su comparecencia de este martes, Ferrer ha presentado una batería de propuestas que, entre otros objetivos, persiguen, según ha explicado, potenciar la “transparencia” y acabar con las “sospechas” que han generado en algunos asuntos la elección de los magistrados designados para resolver determinados casos. Su plan pasa por que se publique al inicio del año qué magistrados van a integrar cada sala, en vez de decidir esa composición a medida que se señala la deliberación de cada caso, como ocurre ahora. “Creo que contribuirá a enervar el riesgo de sospecha de que se puedan constituir salas ad hoc para casos concretos”, ha advertido. Un objetivo similar tendría también otra de las propuestas que ha detallado, consistente en asignar al magistrado ponente de cada asunto a través de una aplicación informática con la que ya funcionan muchos tribunales.

La candidata a presidir la Sala Segunda ha propuesto también cambios en el funcionamiento actual de la sala encargada de los casos de aforados, de forma que se divida en dos, una de admisión y otra de enjuiciamiento, y que el presidente de la Sala Penal solo pueda formar parte de una de ellas. Este modelo, según Ferrer, contribuiría a “potenciar la apariencia de imparcialidad” y a reducir el carácter excesivamente “presidencialista” que a menudo se atribuye a esta sala. La magistrada ha defendido también su disposición para encabezar un proyecto a largo plazo para dar estabilidad a la sala, en contraposición con Martínez Arrieta, que se jubila dentro de dos años y medio y no podría culminar los cinco de mandato previstos.

La pugna para presidir la Sala de lo Contencioso-Administrativo repetirá, en parte, la que se vivió el verano pasado para presidir el CGPJ y el Supremo. Los dos candidatos, Pablo Lucas y Pilar Teso, aspiraron a ese puesto y la división entre los vocales impidió que ninguno de ellos fuera elegido. Los conservadores apoyan a Lucas, que ocupa la presidencia de la sala de forma interina desde que el anterior presidente, César Tolosa, fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. Lucas ha esgrimido este martes esa labor desempeñada hasta ahora que, asegura, ha sido vital para adaptar su funcionamiento a las vacantes que se iban generando y que ya suponen que haya la mitad de las plazas sin cubrir (16 de 32). “No ha sido fácil, pero ha merecido la pena”, ha señalado el magistrado, que ha reivindicado su experiencia como un valor para liderar la recomposición que va a vivir la sala.

Frente a él, la magistrada Teso, la preferida de los progresistas, ha expuesto un programa más reformista para acortar los plazos de resolución de los recursos, que incluye la creación de una nueva sección. Al igual que Ferrer, Teso ha subrayado la “estabilidad” que daría a la sala su nombramiento, en alusión, aunque sin citarlo, a su rival, cuya jubilación está prevista para 2026. Antes de acabar, la magistrada ha hecho también referencia a uno de los debates que están sobre la mesa: la necesidad de poner a más mujeres al frente de las salas del alto tribunal (actualmente no hay ninguna y la primera, María Luis Segoviano, no lo fue hasta 2020). “Yo creo que las mujeres del Tribunal Supremo tienen de su lado el mérito y la capacidad. Yo soy la más antigua en el Tribunal Supremo y en la Sala ercera (...). Fui la primera mujer especialista en Contencioso-Administrativo que llegó al Supremo. He estado siempre en salas grandes y creo que mi perfil se ajusta a las funciones que tiene atribuida la presidencia de la sala” ha concluido.

La comisión de calificación hará una primera propuesta para cada presidencia, pero la decisión final es del pleno, donde se necesitan 13 de los 21 votos para sacar adelante el nombramiento. Ninguno de los dos grupos cuenta con este número de miembros, lo que obliga a una negociación que se prevé larga.