La maniobra de Lobato de acudir a un notario enreda al Gobierno en el caso del fraude fiscal del novio de Ayuso

El caso de la filtración de un correo de negociación entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en una investigación por dos delitos fiscales, ha dado un nuevo giro hasta convertirse en un problema interno dentro del PSOE con una derivada inesperada: la posibilidad de que esa información llegara directamente desde La Moncloa. La decisión de Juan Lobato, líder del PSOE madrileño, de acudir en noviembre ...

El caso de la filtración de un correo de negociación entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en una investigación por dos delitos fiscales, ha dado un nuevo giro hasta convertirse en un problema interno dentro del PSOE con una derivada inesperada: la posibilidad de que esa información llegara directamente desde La Moncloa. La decisión de Juan Lobato, líder del PSOE madrileño, de acudir en noviembre a un notario para registrar unos mensajes de WhatsApp que se había cruzado en marzo con Pilar Sánchez Acera, que entonces trabajaba en La Moncloa en el Gabinete del presidente, Pedro Sánchez, desvelada por Abc, ha llevado a un enredo de difícil salida para el propio Ejecutivo, que ahora se ha visto implicado en ese caso de filtración.

Tanto Lobato como el propio Gobierno, en sus explicaciones públicas este lunes, insisten en que de esos wasaps, que no se han hecho públicos, no se deduce en absoluto que La Moncloa sea autora de esa filtración a los medios, que ahora se investiga en el Tribunal Supremo y en la que según un informe de la Guardia Civil tuvo una “participación preeminente” el fiscal general, Álvaro García. De hecho, el Ejecutivo niega tajantemente ser el autor de esa filtración. En esos mensajes, según explicó Lobato públicamente y según fuentes del Gobierno, Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López, entonces en La Moncloa y ahora ministro de Transformación Digital, le explica al líder del PSOE en Madrid que la información que le envía sobre el caso, que era secreta, la ha obtenido “de los medios” y, por tanto, no le llega ni por la Fiscalía ni se trata de una revelación de secretos.

En realidad, a la hora en que se produjo este intercambio entre los dos políticos, que era habitual antes de las sesiones de control en la Asamblea de Madrid —los dos son miembros de la cúpula del PSOE madrileño y suelen hablar de esa sesión e intercambiarse papeles— aún no se había publicado íntegro el documento. Lobato además aseguró en La Sexta que la versión que le envió Sánchez Acera no tenía una marca de agua, que es como se publicó esa mañana en algunos medios.

El asunto cobró rápidamente una gran transcendencia no solo política sino también judicial, porque el juez del Tribunal Supremo que sigue el caso, Ángel Hurtado, ha llamado a declarar como testigo a Lobato y le ha pedido que lleve el registro notarial con el contenido exacto de los mensajes de WhatsApp con Sánchez Acera. La cuestión, que ya suponía un problema muy grave para el Gobierno porque ha llevado a la primera imputación de un fiscal general en democracia, se enreda aún más con la posible implicación directa de cargos de La Moncloa.

El Ejecutivo, sin embargo, niega de forma tajante ninguna responsabilidad en la filtración. Lo hizo públicamente el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una rueda de prensa en La Moncloa. “En el Gobierno nos enteramos [de este asunto] a través de la prensa. Lo que ocurrió fue que el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid distribuyó una información falsa y el fiscal general del Estado lo que hizo fue desmentir el bulo y decir la verdad. Eso es lo que ha ocurrido. No tenemos nada más que añadir. El fiscal dijo que era un bulo y demostró que era falso, era justamente al revés”, aseguró.

Esta es la versión que siempre ha ofrecido el Gobierno, esto es, que ante la falsedad difundida por Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso, de que era la fiscalía la que estaba ofreciendo un pacto de conformidad al novio de la presidenta, García desmintió a través de una nota esa idea y reveló que en realidad sucedió lo contrario, que la oferta de acuerdo y, por tanto, el reconocimiento de los delitos vino por parte del abogado de la pareja de la dirigente del PP.

Diversas fuentes del Gobierno insisten en ese desmentido y confían en que todo se acabará aclarando si es necesario en los tribunales, porque ese intercambio de mensajes no apunta hacia ninguna filtración, sino a un intercambio de algo que les había llegado por los medios. En cualquier caso el malestar en La Moncloa con Lobato es muy importante, sobre todo porque creen que con esta maniobra de ir en secreto al notario para registrar sus mensajes con una compañera de partido, que nadie acaba de entender del todo, el líder del PSOE madrileño lo que ha conseguido es que en vez de hablarse del fraude fiscal de 350.000 euros de la pareja de Ayuso se esté centrado la polémica en la filtración de esa información sobre la negociación entre el fiscal y el abogado y además centrando ahora el tiro ya no solo en la Fiscalía sino en La Moncloa.

Este asunto llega en un momento de especial tensión interna en el PSOE madrileño. El congreso federal es este fin de semana, y después se abrirá el proceso para el congreso regional. Y ahí Lobato ya estaba en serias dificultades antes de que estallara este escándalo, porque todo indica que Pedro Sánchez no está satisfecho con su gestión al frente a la oposición a Ayuso en Madrid y era uno de los liderazgos que quiere renovar. El candidato con más posibilidades de relevar a Lobato es precisamente Óscar López, el jefe de Sánchez Acera, una persona de confianza de Sánchez y un peso pesado del PSOE con mucha experiencia. Lobato está dispuesto a defenderse de esa ofensiva de la dirección nacional en unas primarias, pero esta polémica debilita mucho sus opciones porque nadie acaba de entender muy bien ese movimiento de registrar en un notario mensajes de una compañera de partido. De hecho, el movimiento interno del PSOE hace pensar que Lobato en este momento puede acabar su mandato incluso antes de llegar a esas primarias.

Mientras, el PP aprovechó este enredo de Lobato para meter más presión a Sánchez. Ahora la cuestión política queda de nuevo en manos de la justicia y de los movimientos del juez del Supremo, que después de Lobato podría citar también a Sánchez Acera, y el PSOE y el Gobierno llegan al congreso socialista en Sevilla, que en teoría estaba pensado como una exhibición de unidad, en un momento de tensión interna cada vez más evidente y pendiente de decisiones judiciales muy relevantes no solo en este asunto sino también en el de las denuncias de Víctor de Aldama, el empresario que asegura que entregó dinero en metálico a varios miembros de la cúpula socialista, algo que ellos niegan de manera tajante.