Canarias reclama al Estado 157 millones para hacer frente a los gastos de la gestión “en solitario” de los menores migrantes

Cordura a PSOE y al PP, “acuerdo de Estado” entre ambas formaciones, vuelta a la mesa de negociaciones, 157 millones de euros en concepto de costes por la inmigración... y ninguna crítica hacia el PP por suspender las negociaciones para la derivación obligatoria de los menores migrantes. El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, de Coalición Canaria, ha evitado este lunes cualquier atisbo de censura hacia la postura de su soc...

Cordura a PSOE y al PP, “acuerdo de Estado” entre ambas formaciones, vuelta a la mesa de negociaciones, 157 millones de euros en concepto de costes por la inmigración... y ninguna crítica hacia el PP por suspender las negociaciones para la derivación obligatoria de los menores migrantes. El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, de Coalición Canaria, ha evitado este lunes cualquier atisbo de censura hacia la postura de su socio de Gobierno, el PP, que el sábado anunció que cancelaban la negociación prevista para este lunes “hasta que el Gobierno recapacite”, explicaron fuentes de partido, “y busque el apoyo comunitario”. En cambio, el representante nacionalista ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado un requerimiento al Estado para que asuma el coste que se está produciendo en la comunidad por la atención ha tenido que llevar a cabo “en solitario” de los menores migrantes no acompañados, un gasto que ha cifrado en 157,1 millones de euros.

Cabello recordó que durante la reunión del presidente canario, Fernando Clavijo, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 23 de agosto en la isla de La Palma, fue el presidente del Gobierno español quien apuntó la posibilidad de adoptar un acuerdo para realizar una aportación económica con esta finalidad. “Necesitamos que el Estado cumpla con Canarias, con los menores tutelados, y que nos dé una respuesta a esta solicitud”, ha sentenciado.

Esta comunicación, emitida por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud Infancia y Familias, Candelaria Delgado, insta al Consejo de Ministros a asumir el coste del exceso de acogida y protección de estos menores que viene soportando Canarias, dado que, sostiene “corresponde al Estado cumplir el mandato del artículo 138 de la Constitución Española de garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad territorial”. “Al final”, ha sostenido Cabello, “Canarias está abordando en solitario una presión migratoria que seguramente sea la de todo el conjunto del Estado español, e incluso de la Unión Europea, en la llamada ruta atlántica”.

Esta es la segunda ocasión en las últimas dos semanas que el Ejecutivo autonómico remite un requerimiento al central. El 23 de septiembre, el Consejo de Gobierno aprobó otro en el que acusaba a La Moncloa de estar incurriendo en una “acumulación de incumplimientos” en la atención a este colectivo vulnerable. El archipiélago da un plazo de 30 días al Estado para que presente sus alegaciones. Pasado ese tiempo, aseguró que ejercerá las acciones legales y judiciales que vea “adecuadas”.

Tanto en su intervención como en su posterior respuesta a los medios, Cabello evitó criticar que el PP rompiese el sábado las negociaciones para redistribuir a los menores migrantes cuando parecía que el acuerdo estaba más cerca que nunca. Una ruptura que deja al Ejecutivo canario sin solución para la derivación de parte de los 5.400 menores que tutela. Es más, ha agregado que el Gobierno autónomo comparte con las tesis esgrimidas por el PP para “suspender” la negociación “que hay que movilizar todos los recursos posibles, económicos, humanos y de consenso” para la atención a los menores migrantes que llegan a las costas españolas, principalmente Canarias y Ceuta.

El sábado, el PP reprochó al Gobierno de España que no pida suficiente ayuda a la Unión Europea para, por ejemplo, reubicar a los menores en otros países, un mecanismo que, además de lento y restringido a los solicitantes de asilo, no será obligatorio hasta 2026. El PP presentará, en este sentido, una iniciativa en el Congreso para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez solicite a Europa ayuda económica para afrontar la inmigración irregular, un despliegue de Frontex y de la Oficina Europea de Asilo y la derivación de menores no acompañados a países miembros de la UE, según ha indicado este lunes el presidente de la formación en Canarias y vicepresidente del Gobierno autónomo, Manuel Domínguez. “A partir de ahí, sí podemos llegar a una nueva negociación entre el PP y el PSOE a nivel nacional y dejarnos de estos dimes y diretes, que en definitiva no están solventando nada a la ciudadanía”, ha dicho.

“Seguimos confiando”, ha completado Cabello, “en que un acuerdo de país es posible para la redistribución de los menores migrantes. Son muchos más los puntos en los que estamos de acuerdo que los que no separan ahora mismo”, ha aseverado. Cabello, así, ha reclamado “cordura” a ambas partes, a los que acusó de mantener una “conversación de sordos”. Inquirido por los periodistas si esa “cordura” no debía pedírsela también a su socio de Gobierno, el portavoz ha reclamado una “actitud razonable” cuando se habla de este tema”. “ Y ha concluido que la solución debe abordarse como un “acuerdo de Estado” en el que esté el partido que sustenta el Gobierno, el PSOE, y la principal fuerza de la oposición, el PP, que además dirige los ejecutivos de la mayoría de comunidades autónomas del país, que es “fundamental” que también participen en el “diseño y planificación” de la medida.

En la reacción repentina del PP el sábado hay un trasfondo más profundo: la propuesta planteada por el Gobierno supone que para beneficiarse de financiación estatal destinada a la acogida de este colectivo, las comunidades autónomas gobernadas por los populares tendrían que crear 4.000 nuevas plazas. Y, según explicaron este fin de semana a EL PAÍS fuentes conocedoras de ese documento, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana —que se han declarado desbordadas— son las que más lejos están de contar con un número “óptimo” de camas para poder reclamar ayuda del Estado. Entre las más dotadas, por contra, aparecen Cataluña y el País Vasco.

El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha emplazado este lunes al PP a que “deje de buscar excusas” para no apoyar la reforma de la ley de extranjería, y a que se siente a negociar. “Yo creo sinceramente que sobra darle más vueltas a las cosas. Es más sencillo todo. Vamos a sentarnos y que [el PP] diga finalmente qué quiere y en qué condiciones, o que digan no. Y si dicen no, pues que se justifiquen con los territorios frontera sobre por qué el Partido Popular dice que no”, ha manifestado a los periodistas Torres, según recoge Efe.