La Audiencia Nacional desmonta uno de los ataques del PP contra la Fiscalía

La Audiencia Nacional ha desmontado uno de los ataques lanzados por el PP contra la Fiscalía y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Como defendía el ministerio público, el tribunal ha declarado prescritos los delitos imputados a la exjefe etarra María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, por la muerte de Miguel Ángel Blanco, el concejal popular de Ermua (Bizkaia) secuestrado y ...

La Audiencia Nacional ha desmontado uno de los ataques lanzados por el PP contra la Fiscalía y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Como defendía el ministerio público, el tribunal ha declarado prescritos los delitos imputados a la exjefe etarra María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, por la muerte de Miguel Ángel Blanco, el concejal popular de Ermua (Bizkaia) secuestrado y asesinado por la banda en 1997. Esta decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia llega después de que la formación conservadora haya utilizado este caso para arremeter contra la Fiscalía y su máximo representante debido al criterio técnico que mantenían. La ofensiva del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo llegó a acusar a Ortiz de “complicidad” y “colaboración” con ETA.

Tras conocerse la decisión de la Audiencia Nacional sobre Anboto, que marca el camino que seguir respecto a otros dos exdirigentes de la banda terrorista sobre los que penden las mismas acusaciones, el PP ha mantenido un perfil discreto sobre este tema —en su lugar, Feijóo ha acusado ahora al PSOE de encabezar “un pacto encapuchado” con Bildu para facilitar beneficios penitenciarios a los presos de ETA—. Este miércoles, Daniel Portero, diputado popular en la Asamblea de Madrid y presidente de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, fue uno de los pocos que se pronunció: “Contentos estarán los fiscales que hacen el trabajo sucio del Gobierno defendiendo a los jefes de ETA. ¡Asco!”, ha tuiteado, poniendo así, de nuevo, la vista en el ministerio público.

La derecha ha convertido a la Fiscalía General del Estado en un objetivo más de su política de oposición. Ortiz ha recibido furibundos ataques del PP (algunos basados en bulos), que comenzaron antes incluso de asumir el cargo. El 28 de julio de 2022, cuando este compareció en el Congreso después de que el Gobierno lo propusiera para el puesto, el diputado popular Luis Santamaría tomó la palabra para arremeter contra él por la postura del ministerio público en el caso de Miguel Ángel Blanco. “¿Por qué no quiere usted que sean juzgadas las personas que fueron los autores intelectuales del asesinato de Miguel Ángel Blanco? Pues para sostener la mayoría de Gobierno que sostiene a su jefe, el señor Sánchez”, cargó el parlamentario, que lo acusó de mantener una “actitud de complicidad o colaboración” con la banda terrorista.

“¿No cree que es su deber rebuscar en el ordenamiento jurídico cualquier posibilidad para que esas personas no salgan impunes? Parece que usted no quiere que sean juzgadas. ¿Va a permitir que la Fiscalía persiga a quienes dieron la orden de ejecutar a Miguel Ángel Blanco como pide Dignidad y Justicia y reclama el pueblo español?”, continuó Santamaría, espoleado por algunos medios conservadores que acusaban a García Ortiz de ordenar defender la prescripción del atentado de Blanco por motivaciones políticas. “[Este es] el peaje de Bildu al nuevo fiscal general del Estado”, tituló la web El Debate al abordar este asunto. “García Ortiz ha causado desolación a las víctimas de ETA, que no son ajenas al trasfondo de una decisión en línea con las cesiones del Gobierno a Bildu”, rezó un editorial de El Mundo.

Sin embargo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que fue portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, emitió un comunicado entonces para negar que se hubieran recibido “directrices políticas, como parece insinuarse en algunos medios”. De hecho, antes de que la Fiscalía General del Estado se pronunciara sobre el tema, el propio Alonso ya había defendido la prescripción y, por eso, decidió elevar una consulta a la cúpula del ministerio público para confirmar su postura.

Pese a ello, durante más de dos años, el PP ha ido más allá de la crítica a los criterios técnicos y jurídicos de la Fiscalía, y ha acusado al fiscal general de “alinearse” con el grupo armado. María del Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco y actual senadora popular, ha insistido este mismo julio en que el Gobierno “maneja los hilos de la Fiscalía para obstruir el derecho a la justicia de todas las víctimas”, y señaló expresamente a García Ortiz por “oponerse a que sea la Audiencia Nacional quien juzgue a los jefes de ETA por ordenar el secuestro y asesinato de mi hermano”, según publicó El Español. Y Juan Manuel López Zafra, director General de Economía de la Comunidad de Madrid gobernada por Isabel Díez Ayuso, ha escrito: “La Fiscalía defendiendo a los asesinos y colegas de los socios de Gobierno de la pesoe [sic]. Todo en orden por aquí”.

Hace menos de tres meses, el PP volvía a la carga y aseguraba que Ortiz debía dimitir porque, “bajo su mandato, la Fiscalía se ha alineado, en contra de la Audiencia Nacional, con las defensas de los etarras procesados en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco”. Pero, precisamente, este tribunal se ha pronunciado este miércoles para dar la razón al ministerio público.

A través de una resolución de más de 50 páginas, la Sala de lo Penal de la Audiencia afirma que no queda otra que archivar la causa contra Anboto, que fue procesada en abril por el crimen de 1997. “De lo contrario, se vulnerarían los principios de legalidad, de seguridad jurídica, de irretroactividad de normas sancionadores no favorables y de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos”, exponen los magistrados, que explican que el sumario se dirigió contra ella cuando habían trascurrido casi 25 años del atentado contra Blanco, cuando el plazo de prescripción era de 20.

Los jueces han respaldado así al ministerio público, representado por el fiscal Carlos García Berro, y rechazan la tesis de las acusaciones populares (entre ellas, el PP y Dignidad y Justicia), que querían que se aplicara una ley que entró en vigor en 2010 y que declaró imprescriptibles los delitos de terrorismo con resultado de muerte. “No encontramos resoluciones actuales [en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra jurisprudencia] que proclamen la vigencia de la tesis de retroactividad de normativa penal que se proclama”, reza el dictamen de la Audiencia Nacional.