Un nuevo cayuco con 77 personas a bordo alcanza El Hierro en plena búsqueda de cuerpos en el mar

La ruta canaria no da tregua, tampoco para la búsqueda de cadáveres. Un nuevo cayuco ha llegado en la mañana de este lunes al puerto de La Restinga con 77 personas a bordo (70 hombres, cuatro mujeres y tres menores), según Salvamento Marítimo. Esta última llegada se suma a la registrada a las 21.00 del domingo al sur de Tenerife, con otras 81 personas entre las que había cuatro menores. En total, han...

La ruta canaria no da tregua, tampoco para la búsqueda de cadáveres. Un nuevo cayuco ha llegado en la mañana de este lunes al puerto de La Restinga con 77 personas a bordo (70 hombres, cuatro mujeres y tres menores), según Salvamento Marítimo. Esta última llegada se suma a la registrada a las 21.00 del domingo al sur de Tenerife, con otras 81 personas entre las que había cuatro menores. En total, han arribado a las islas en unas horas 158 personas, mientras los equipos de rescate siguen volcados en la búsqueda de cuerpos tras el naufragio del pasado sábado.

Este lunes, además, el Ayuntamiento de Valverde ha dado sepultura en el cementerio municipal de El Mocanal a tres de los nueve únicos cadáveres que pudieron ser rescatados en la madrugada del sábado, en un acto al que han acudido más de 70 personas. Al tiempo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado este lunes la suspensión del nuevo protocolo autonómico de atención a menores migrantes —que endurecía los trámites— en un auto en el que, no obstante, da en parte la razón al Gobierno autonómico al certificar que su capacidad de acogida ha quedado “desbordada” e insta a las administraciones a trabajar con “lealtad institucional” para tratar de revertir la situación.

Tres embarcaciones y dos helicópteros buscan por tercer día consecutivo los cuerpos del medio centenar de personas que se hundieron en el mar en la madrugada del sábado al volcar su cayuco a apenas siete kilómetros de la costa de El Hierro, cuando la precaria embarcación estaba siendo auxiliada por la Guardamar Calíope. Hubo solo 27 supervivientes —entre ellos, cuatro menores— y fueron recuperados nueve cuerpos —entre ellos el de un niño—. Las autoridades han descartado hallar con vida a más supervivientes, con lo que las víctimas mortales ascenderían a unas 60 en la que ya es una de las peores tragedias vividas en Canarias en tres décadas. La Junta de Portavoces del Cabildo insular ha decretado este lunes tres días de luto oficial en la isla.

Mientras esa búsqueda proseguía, este lunes, a las 9.47, ha llegado a la costa de la isla otro cayuco con 77 personas que llevaban cuatro días de travesía desde Nuadibú (Mauritania), según han contado algunas de ellas a los servicios de emergencia, informa Efe. Uno de los migrantes ha tenido que ser hospitalizado con hipotermia e hipoglucemia. El domingo por la noche había llegado al tinerfeño puerto deportivo Marina de San Miguel de Abona otra embarcación con 81 ocupantes a bordo, entre ellos dos mujeres y cuatro menores de edad. Uno de los ocupantes de este cayuco fue evacuado a un hospital.

El naufragio del sábado y el incesante flujo de llegadas presiona al PSOE y al PP para alcanzar un acuerdo que permita la derivación de menores migrantes por todo el territorio nacional y descongestionar así la red de acogida de Canarias. La tragedia ha servido al Gobierno canario para volver a reclamar ayuda urgente, tanto del Estado como de la Unión Europea. “Estamos en una situación de crisis humanitaria en mayúsculas”, dijo el sábado el presidente regional, Fernando Clavijo (Coalición Canaria). “Necesitamos que nos ayuden, el pueblo canario necesita ayuda”, insistió.

Esta semana está previsto que el Gobierno central, el autonómico y el Partido Popular retomen las negociaciones tras más de cinco meses de atasco y fuego cruzado. Desde que comenzó el mes, el Ejecutivo autonómico ha lanzado una ofensiva para acelerar los acuerdos. El día 2, Clavijo anunció que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico iban a analizar las posibles vías, incluida la penal, para que se reconozca que los niños sin tutor que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados. Y que, por tanto, corresponde al Estado atenderlos. Ese mismo día, además, el Consejo de Gobierno aprobó una disposición que prohibía a las entidades colaboradoras recibir a nuevos migrantes sin permiso del Ejecutivo regional.

Estos movimientos del Ejecutivo culminaron 10 días después: el día 12, el Gobierno del archipiélago anunció un nuevo protocolo de recepción, dentro del protocolo marco estatal de 2014. Este nuevo texto legal complicaba la recepción por parte del Ejecutivo canario de los menores migrantes no acompañados, al condicionarla a una serie de trámites y a la disponibilidad de plazas. La Fiscalía se opuso inmediatamente a este nuevo reglamento. Llegó, incluso, a emitir un duro decreto con instrucciones en el que se advertía al Ejecutivo regional de que podría incurrir en un delito de abandono de menores. El viernes 13, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendió el protocolo de forma “cautelarísima”.

El Ejecutivo canario había recurrido esta suspensión, pero el TSJC no ha accedido a la petición del Gobierno de Canarias y este lunes ha confirmado la suspensión del protocolo de acogida de menores, en un auto en el que, al mismo tiempo, manifiesta su comprensión con el Gobierno autonómico por la presión que sufre e insta a todas las administraciones a ponerse de acuerdo para mejorar la situación.

“La capacidad de acogida está desbordada”

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC se reafirma así en la medida que tomó hace una semana con carácter urgente porque, señala, en este momento ha de primar el interés superior de los menores. Pero esta vez se pronuncia ya tras haber escuchado los argumentos en defensa del protocolo esgrimidos por el Gobierno de Canarias, al que da, en parte, la razón en sus quejas sobre el proceder de la Administración del Estado. “No le falta razón [al Gobierno de Canarias] cuando invoca el grado de saturación de los recursos de que dispone y seguramente también cuando se objeta la forma en que se procede a la entrega de los menores extranjeros, a la vista de la documentación que aporta”, dice el auto.

El tribunal recuerda que hay casi 6.000 niños y adolescentes migrantes no acompañados bajo tutela del Gobierno de Canarias, y sostiene que los datos “apuntan sin excepción a que ha sido desbordada notoriamente la capacidad de acogida del archipiélago en el caso de los menores migrantes no acompañados”. Las cifras, subraya, “no hacen sino aumentar en este preciso instante, en lo que además acostumbra por tenerse el momento más álgido del año”. Por eso, la Sala apela “a la lealtad institucional y a la colaboración de las instancias implicadas, para lo que no son suficientes los esfuerzos realizados”. “Más allá de la formalización de un encuentro en el seno de una conferencia sectorial, [esa colaboración] requiere una interacción mucho más intensa y completa (...), porque lo reclama así el principio de cooperación, que es un principio de naturaleza constitucional” y “el tercer pilar del Estado autonómico” junto a los principios de unidad y autonomía, remacha el auto.

La tensión entre las partes es palpable. Este fin de semana, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, fue el único miembro del Gobierno que se puso en contacto con Clavijo para ofrecer ayuda y expresar sus condolencias por la tragedia de El Hierro. Ningún otro responsable del Ejecutivo lo hizo, tampoco de forma pública. El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, cree que “no parece razonable que no haya habido un pronunciamiento claro” del presidente Pedro Sánchez, tras el naufragio. A pesar de ello, mantiene su “colaboración, diálogo y mano tendida”.