El giro de Clavijo por su pacto migratorio con Feijóo indigna al Gobierno: “Se ha sumado a las tesis del PP y la ultraderecha”
Ángel Víctor Torres reprocha a Coalición Canaria que se alinee con el PP pese al respaldo de nueve grupos parlamentarios que tenía la reforma de la ley de extranjería
El pacto sellado este martes entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el jefe del Gobierno canario, Fernando Clavijo, para aunar criterios de cómo debería ejecutarse la derivación de menores migrantes entre comunidades ha provocado un nuevo enfrentamiento con el Ejecutivo central. Tras meses de conversaciones con el Gobierno para sacar adelante un cambio legislativo que imponga una redistribución de la acogida de los niños migrantes —una iniciativa que ...
El pacto sellado este martes entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el jefe del Gobierno canario, Fernando Clavijo, para aunar criterios de cómo debería ejecutarse la derivación de menores migrantes entre comunidades ha provocado un nuevo enfrentamiento con el Ejecutivo central. Tras meses de conversaciones con el Gobierno para sacar adelante un cambio legislativo que imponga una redistribución de la acogida de los niños migrantes —una iniciativa que Junts, PP y Vox terminaron por tumbar en el Congreso en julio— Clavijo, que se declara desbordado, ha cambiado de interlocutor. La nueva estrategia ha llevado al líder de los populares a visitar a Clavijo en Santa Cruz de Tenerife donde han suscrito un documento que recoge buena parte de las demandas que reclama el PP, como la declaración de emergencia migratoria nacional, la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes o la de obligar al Estado a asumir todos los gastos derivados de la acogida cuando cualquier comunidad (y no solo Canarias, Ceuta y Melilla) superen el 100% de sus capacidad. El encuentro ha molestado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha cargado contra Clavijo, líder de Coalición Canaria, por el viraje de su partido. Torres lo ha acusado de plegarse al discurso de la derecha y la extrema derecha.
Con este movimiento se abre un nuevo capítulo en la complicada negociación que comenzó antes del verano para convencer a una mayoría parlamentaria de aceptar en consideración el cambio del artículo 35 de la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes entre territorios. En Tenerife, Feijóo ha dejado claro que no retomará una negociación con la propuesta por La Moncloa y el Gobierno de Canarias para modificar esta ley y ha defendido las nuevas pautas firmadas con los nacionalistas canarios. “Es un documento que busca el consenso y solucionar problemas presentes y futuros”, ha afirmado tras la reunión de este martes. “Nos gustaría que el Gobierno central se uniese a la visión de Estado que se refleja en este documento”, ha añadido. El texto, denominado Acuerdo para afrontar la crisis migratoria, cuenta con la aprobación tanto de los grupos populares en el Congreso y el Senado como de las 14 comunidades autónomas y ciudades autónomas que gobiernan los populares, según han asegurado Feijóo y Clavijo.
“El Partido Popular”, ha aseverado por su parte este último, “puede hoy ofrecer un acuerdo con la voluntad de negociar”, que será remitido, según ha explicado, al Gobierno de España. “Esto es una propuesta”, ha completado el líder popular, quien ha acusado al Ejecutivo central de no haberles planteado a ellos “ni una sola”.
Propuestas
El documento justifica la declaración de emergencia migratoria en todo el territorio para que sea más sencillo llevar a cabo las contrataciones y “para llamar la atención” en la Unión Europea. A su vez, pide una convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Infancia para acordar los criterios de reparto y “garantizar que ninguna CCAA quede exenta”, según ha subrayado Feijóo. Incluye, además, lo que las partes han denominado como “Plan de Acción contra el Descontrol Migratorio”, el cual, a su vez, consta de seis puntos, entre ellos la mejora del control policial en las fronteras españolas o dotar de más medios humanos y materiales a la Comisaría General de Extranjería. Aquí también se reclaman aspectos que ya forman parte de la política migratoria actual, como desplegar las Fuerzas de Seguridad en los países de origen y tránsito “y el despliegue de Frontex y la Agencia Europea de Asilo”.
El acuerdo también pide un compromiso por parte del Gobierno central de “respeto a la situación límite y al criterio” de la mayoría de comunidades autónomas. El quinto punto establece que haya una “suficiencia financiera garantizada” a las comunidades, que habrá de fijarse en una reunión conjunta de la Conferencia Sectorial de Inmigración y la de Infancia y Juventud. Se reclama en este apartado la creación de un fondo de contingencia a las comunidades autónomas y que la reforma de la ley de extranjería explicite que el Estado asumirá el “compromiso financiero” para sufragar los recursos extraordinarios de las comunidades cuya capacidad de asistencia esté “sobrepasada”.
Tanto el Gobierno de Canarias como el PP han explicado en las últimas semanas su propuesta de financiación, que también se explicita en el acuerdo: las comunidades autónomas seguirán asumiendo la acogida de los niños en sus centros hasta que se alcance el 100% de su capacidad; cuando los centros estén entre el 100 y el 150% seguirán en los centros gestionados por las comunidades, pero el Estado tendrá que transferirles recursos económicos y que, cuando se sobrepase ese 150%, será el Estado el que acoja a los menores en soluciones habitacionales destinadas a tal efecto, como ocurre con los adultos.
En los pasillos del Congreso, el responsable de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido este martes que el acuerdo supone que Coalición Canaria se haya “sumado a las tesis del Partido Popular”, el cual, antes, se había “sumado” ya “a las tesis de la ultraderecha”. El ministro ha recordado a Feijóo y a Clavijo que tenían un pacto firmado por nueve grupos políticos y que habría permitido reformar la ley de extranjería, pero lo frustraron los votos del PP, de Vox y de Junts, en referencia al pleno del 23 de julio que tumbó la reforma de la norma.
A su juicio, el objetivo del presidente del PP no es resolver el problema, sino que actúa “para demorar, para retrasar, para alargar, para hacer uso partidario y uso político”, ha recalcado. “Si realmente creyera en la urgencia, hay un documento ocho meses trabajado. Vote sí y modificamos aquello que sea modificable”. Torres también ha dejado claro que su voluntad es seguir trabajando junto al PP y las comunidades, y ha apuntado que el ministerio ultima un “documento riguroso, realista, objetivo y actualizado de los recursos que tienen las comunidades autónomas”. Antes que él había hablado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha denunciado la “hipocresía” y el “cinismo” en materia migratoria de Feijóo, a quien exigió “trabajar con rigor” y “ponerse al lado” de Canarias, un territorio al que considera que “dio la espalda” al negarse a tramitar la toma en consideración de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. “Vuelvo a apelar al señor Feijóo para que deje los mensajes, los acuerdos fake, las performances”.
La semana pasada, y tras haberse reunido con Sánchez el 23 de agosto en un acto que sirvió para empujar al PP a aceptar el reparto de menores, Clavijo elevó el tono contra el Gobierno central, reclamando una mayor implicación del Ejecutivo. Tras un supuesto incidente entre el archipiélago, la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad por la atención a personas que acababan de desembarcar, el jefe del Gobierno canario consideró que a partir de entonces los menores eran competencia del Gobierno central, al estar bajo custodia policial, y no abandonados ni desamparados, y anunció que estudiaba llevar al Ejecutivo a los tribunales para delimitar las competencias.