La inmigración rebrota como la nueva gran batalla contra el Gobierno

La inmigración ocupaba en junio el noveno puesto en las preocupaciones de los españoles. La citaba el 11,2% de los encuestados para el barómetro del CIS. El asunto descendía hasta la 17ª posición si se les preguntaba por las cuestiones que más les afectan personalmente. Solo un mes más tarde, en el siguiente estudio periódico del instituto público, la inmig...

La inmigración ocupaba en junio el noveno puesto en las preocupaciones de los españoles. La citaba el 11,2% de los encuestados para el barómetro del CIS. El asunto descendía hasta la 17ª posición si se les preguntaba por las cuestiones que más les afectan personalmente. Solo un mes más tarde, en el siguiente estudio periódico del instituto público, la inmigración escalaba de repente hasta el cuarto puesto en la clasificación de los grandes problemas del país, señalado por el 16,9%, un ascenso de casi seis puntos.

¿Qué había pasado en tan escaso margen? La inmigración había sobresalido como uno de los debates principales de la campaña a las elecciones europeas en todo el continente, propulsado por la oleada ultra. Aun sin tanta intensidad, las chispas alcanzaron a España, con un matiz muy relevante y novedoso: el PP, por boca de su líder, Alberto Núñez Feijóo, se sumergía en el marco argumental de la extrema derecha, ese en el que la inmigración siempre va asociada a la delincuencia.

En esos comicios del 9-J surgió además una nueva criatura del pantano ultra español. Con un desacomplejado discurso antiinmigración, el agitador de las redes sociales Alvise Pérez lograba colarse en el Parlamento europeo tras lograr 800.000 votos. Al igual que un mes antes la mezcla de independentismo y xenofobia había situado en el Parlament de Cataluña a otro espécimen de nuevo cuño, Aliança Catalana. El odio al extranjero multiplicaba sus altavoces y sus escenarios institucionales.

En esa campaña europea, Vox emuló al resto de su fraternidad continental y situó la inmigración en el primerísimo plano del discurso. Los mensajes contra los “estercoleros multiculturales”, la amplificación de cualquier delito cometido por un extranjero o la defensa de una idea esencialista de la españolidad, según la cual no basta tener el DNI para ser español, han estado desde siempre en el núcleo central de Vox. Pero a menudo quedaban en un segundo plano tras las estridencias del combate contra el nacionalismo periférico y el feminismo. Ahora la inmigración se ha erigido en la primera bandera del partido de Santiago Abascal, incluso en la reciente campaña catalana. Y el reparto de menores migrantes fue la excusa aducida para romper los acuerdos autonómicos con el PP.

En los últimos cinco años, ha habido dos cuestiones susceptibles de quebrar en el Congreso el bloque de la derecha. Cada vez que se hablaba de violencia contra las mujeres o de inmigración, se abría una brecha entre Vox y los demás. En estos últimos se incluía el PP, por mucho que tratase de evitar el choque dialéctico frontal con la extrema derecha. Se volvió a ver el pasado 4 de abril, cuando la formación de Santiago Abascal fue la única en votar contra la admisión a trámite de una iniciativa legislativa popular promovida por organizaciones sociales —Cáritas entre ellas— para regularizar a los cientos de miles de inmigrantes que viven en España sin haber podido legalizar todavía su situación.

Tres meses más tarde, en el último pleno del Congreso antes de las vacaciones, ese tácito consenso se rompió. Sobre la mesa estaba una propuesta de reforma de la ley de extranjería para obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores inmigrantes cuando una de ellas esté sobresaturada, como le ocurre ahora a Canarias. La presentaba el Gobierno, pero ni siquiera había sido una iniciativa suya, sino del presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, en cuyo Ejecutivo está integrado el PP. Esta vez se acabó la soledad de Vox. A su rechazo se unieron PP y Junts, las dos fuerzas de las derechas clásicas, española y catalana, cada una de ellas bajo presión de sus propios competidores ultras. Y el proyecto embarrancó.

A esa votación le habían precedido dos campañas electorales, la catalana y la europea, en las que Feijóo asumió el discurso de la extrema derecha. Primero, y de manera tan expresa como no había hecho hasta entonces, en la antesala de las urnas al Parlament. El líder del PP lanzó proclamas que había evitado hasta ese momento, y que relacionan de manera directa y sin ambages la inmigración ilegal con supuestos problemas de seguridad y de ocupación. “Pido el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios y nosotros no pudiendo entrar en nuestras propiedades”, clamó en Cornellá de Llobregat (Barcelona). Más tarde, en la carrera a los comicios europeos, Feijóo volvió a utilizar en un mitin en Tenerife la inmigración para diferenciarse respecto a Vox y desde posiciones ultras. Propuso que “las personas que quieran formar parte de la Unión Europea han de adquirir un compromiso de adhesión y respeto a los valores fundacionales de Europa”.

No hace falta profundizar en los programas de los partidos a las últimas elecciones generales para tomar conciencia de que el PP ha enfocado la inmigración de una manera bien diferente a la izquierda. Basta con fijarse en los epígrafes bajo los que se coloca el asunto. El PSOE lo sitúa en el bloque España de las libertades y la convivencia; Sumar, en el de Una sociedad del bienestar justa, saludable y verde, y el PP, en el titulado Devolver la seguridad y la tranquilidad a los ciudadanos. Los populares detallan escasas propuestas al respecto, todas dirigidas a frenar las llegadas de irregulares. Pero sin establecer una vinculación directa entre inmigración y delincuencia como haría Feijóo en la campaña catalana y reiteraría el 22 de julio, tras la ruptura de los pactos con Vox, cuando, hablando de las llegadas de personas extranjeras, advirtió: “Los españoles tienen derecho a salir tranquilamente a la calle”. Tampoco figura en el programa la ocurrencia del portavoz parlamentario, Miguel Tellado, de enviar la Armada a aguas de los países africanos para impedir la salida de cayucos. Más bien es una idea de Vox, que en sus propuestas de las últimas generales incluía el “bloqueo naval” contra la inmigración.

El mimetismo con el lenguaje de la extrema derecha se evidencia en el empleó el término mena —menores extranjeros no acompañados—, que Vox ha convertido casi en sinónimo de delincuente y que, al identificar a personas a través de unas siglas supone una forma de cosificarlas. Feijóo y Tellado lo han usado en las últimas semanas y este viernes los siguió Carmen Fúnez, vicesecretaria de organización, en una comparecencia en la sede del partido. Fúnez tuvo que salir al paso de una de las contradicciones internas en las que ha incurrido el PP. Su compañero Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha pedido auxilio al Gobierno porque dice que su capacidad de acogida de menores está desbordada y quiere que lo alivien con traslados a la Península. La portavoz de la dirección nacional respondió acusando al Ejecutivo de “no tener una política migratoria”. Los populares insisten en reclamar la declaración de “emergencia migratoria” y anticipan que este va a ser uno de sus ejes de oposición en las próximas semanas.

Sin llevar el discurso tan lejos, Junts también trata de explotar el asunto. Sostiene que Cataluña está “sobresaturada” de inmigrantes y por eso pactó en enero con el PSOE el traspaso de las competencias sobre la materia, de lo que no se ha vuelto a saber más. En el último debate parlamentario, su portavoz, Míriam Nogueras, se apuntó a los que abordan la inmigración apelando al derecho de los ciudadanos a la “tranquilidad y seguridad”. Ubicó a su formación ajena tanto a “los discursos buenistas como a los populistas”. No tardó en replicarle ―cómo no― ERC, por boca de Jordi Salvador: “Prefiero ser acusado de buenista que de malista”.