El Parlament prohíbe el pago de sobresueldos como el que ha venido cobrando Ignacio Garriga
Un informe de la interventora de la Cámara concluye que el líder ultra en Cataluña incumplió el reglamento al no declarar su retribución
El Parlamento catalán ha acordado prohibir que los responsables de los grupos parlamentarios de la Cámara autónoma puedan cobrar con cargo a la subvención que estos reciben, como ha hecho durante los últimos años el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga. La Mesa del Parlament acordó el pasado 30 de julio modificar la instrucción sobre control de la subvención que reciben los grupos parlamentarios para dejar claro que “no se c...
El Parlamento catalán ha acordado prohibir que los responsables de los grupos parlamentarios de la Cámara autónoma puedan cobrar con cargo a la subvención que estos reciben, como ha hecho durante los últimos años el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga. La Mesa del Parlament acordó el pasado 30 de julio modificar la instrucción sobre control de la subvención que reciben los grupos parlamentarios para dejar claro que “no se consideran subvencionables los gastos destinados a la remuneración de los sueldos y salarios o servicios profesionales de los miembros del grupo o subgrupo parlamentario”. Es decir, es ilegal hacer lo que ha venido haciendo Ignacio Garriga y, desde el año pasado, otros tres miembros de Vox: su portavoz Juan Garriga, Sergio Macián y Manuel Acosta.
El endurecimiento de las normas de control sobre el uso de las subvenciones responde a una recomendación de la Oidora de Cuentas, que actúa como interventora general del Parlament, quien en un informe del pasado 26 de julio dejó claro que Ignacio Garriga “incumplió el artículo 19 del reglamento del Parlament”, al no declarar el sueldo que cobra como presidente del grupo parlamentario ultra en la Cámara catalana.
El artículo del reglamento al que se refiere el informe obliga a los diputados autonómicos catalanes a presentar una declaración de sus actividades profesionales, laborales o empresariales y de los cargos públicos que ocupan y una relación de sus bienes y patrimonio; debiendo comunicar a la cámara cualquier cambio en su situación económica en el plazo de un mes desde que este se produzca.
Sin embargo, Garriga no comunicó durante los años 2021, 2022 y 2023 que cobraba un sobresueldo a cuenta del grupo parlamentario y solo el pasado 6 de junio, tras estallar el escándalo, presentó una declaración actualizada en la que incluye como actividad remunerada su cargo en “la dirección del grupo parlamentario Vox”, así como el de “secretario general del partido político Vox”.
En un informe anterior, la Oidora ya había puesto de manifiesto que, entre los años 2021 y 2022, Garriga había cobrado 38.496,59 euros en concepto de “actividad profesional” y además había cargado otros 864,55 en facturas que aparentemente no tenían relación alguna con la actividad del grupo de Vox, como la cuota del AMPA del colegio de sus hijos, gastos de peluquería, tintorería o supermercado.,
Después de que la Mesa del Parlament le pidiera reiteradamente aclaraciones, Garriga respondió que todas las facturas correspondían a gastos de funcionamiento ordinario de la formación, salvo algunas por un importe total de 380 euros que ya habían sido reembolsadas. Respecto a los 38.496,59 euros, aseguró que eran la retribución por “su trabajo de dirección del grupo”.
La Oidora reconoció que, “con el alcance del control vigente para los años 2021 y 2022, no es posible verificar el importe” de los gastos irregulares reconocidos por el grupo ultra. Respecto a los sobresueldos pagados a Garriga, advirtió de que todo gasto en sueldos y salarios debe imputarse a la partida 64 “y han de tributar y cotizar”, mientras que los pagos al líder de Vox en Cataluña se contabilizaron en la partida 62, de “servicios exteriores”; lo que supone una irregularidad.
La interventora reconoció, no obstante, que “como las cuentas [de esos años ya] están cerradas, no procede realizar ninguna reclasificación” contable, ni tampoco se puede verificar si se efectuaron las correspondientes liquidaciones a la Hacienda pública y la Seguridad Social.
Vox aprovechó este informe para asegurar el pasado día 30, a través de un comunicado, que se había demostrado que ni el partido “ni su secretario general han cometido irregularidad o ilegalidad alguna”. Sin embargo, la interventora sí constata varias irregularidades; entre ellas, el incumplimiento del artículo 19 del reglamento del Parlament. Pero da a entender que hay un vacío legal cuando propone prohibir expresamente que los cargos de los grupos parlamentarios cobren sobresueldos con cargo a la subvención que estos reciben, a la vista de que “el régimen económico de los diputados ya incluye tanto asignaciones fijas como variables para los diferentes cargos que ocupan”. La Mesa del Parlament convirtió esta recomendación en norma en su reunión del pasado día 30.
El informe de la Oidora de Cuentas solo abarca las cuentas del grupo parlamentario de Vox en los años 2021 y 2022, ya que la formación ultra presentó su contabilidad de 2023 el pasado 1 de julio y aún no ha sido fiscalizada. Un somero examen de la misma permite comprobar, sin embargo, que Garriga siguió cobrando el año pasado un sobresueldo de su grupo en el Parlamento catalán por valor de 3.700 euros mensuales (44.400 al año). El rastreo de facturas irregulares es, sin embargo, más difícil que en años anteriores, pues la gran mayoría de los pagos con cargo a la tarjeta de crédito del grupo se presentan bajo rúbricas genéricas, como “manutención” o “viajes”, sin mayores precisiones.
La investigación en torno a los gastos del grupo de Vox en el parlamento catalán se inició en marzo pasado, después de que la exdiputada de dicho partido por Tarragona, Isabel Lázaro, presentara una denuncia ante la Oficina Antifraude de Cataluña. Según fuentes próximas a la formación, Lázaro ha remitido recientemente una carta a los miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional del partido en la que les ofrece documentación que acredita las presuntas irregularidades y les pide que actúen “con determinación contra los responsables, con el fin de preservar el buen nombre de Vox”. De no ser así, concluye la misiva de la exdiputada, ella misma tomará medidas “para que no queden impunes estos presuntos delitos de posible malversación de dinero público en beneficio propio”.