Condenado el cabo de la Guardia Civil de Algeciras que blanqueó 1,6 millones de euros procedentes del narco

Bernardo A. P. ganaba 1.600 euros al mes por su puesto de cabo de la Guardia Civil en la sección fiscal de Algeciras (Cádiz). Ni más ni menos que el mismo salario que podía recibir —en el lapso de 2010 a 2016— cualquier otro compañero de la misma categoría. Con esos emolumentos se antojaba complicado tener un entramado societario de 12 empresas y cuatro uniones temporales capaces de hacerse con concesiones públicas millonarias, si no fuera porque el cabo Bernardo contaba con una ayuda clave procedente del blanqueo de hasta 1,6 millones de euros del ...

Bernardo A. P. ganaba 1.600 euros al mes por su puesto de cabo de la Guardia Civil en la sección fiscal de Algeciras (Cádiz). Ni más ni menos que el mismo salario que podía recibir —en el lapso de 2010 a 2016— cualquier otro compañero de la misma categoría. Con esos emolumentos se antojaba complicado tener un entramado societario de 12 empresas y cuatro uniones temporales capaces de hacerse con concesiones públicas millonarias, si no fuera porque el cabo Bernardo contaba con una ayuda clave procedente del blanqueo de hasta 1,6 millones de euros del narco. Su conducta le han llevado a acabar condenado a siete años de prisión y una multa de 4,5 millones de euros.

La Sección en Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado al guardia civil, de 55 años, por un delito de blanqueo de capitales, agravado por procedencia del tráfico de drogas, y por otro de organización criminal. Además, la sentencia 211/2024 del pasado 22 de julio ha considerado culpables a los dos hijos de Bernardo, María del Mar y Juan Francisco, de ser cooperadores necesarios del delito de blanqueo, por lo que les impone sendas penas de tres años y un mes de prisión y multas de 4,5 millones de euros a cada uno. Los tres, pese a carecer “de recursos económicos personales suficientes, han constituido una compleja estructura societaria compuesta por doce empresas y cuatro uniones temporales de empresas estas últimas con la finalidad de participar en distintas licitaciones públicas”, según considera el pronunciamiento.

No es la primera vez que Bernardo A. tiene problemas por sus enredos con el narco. Tanto él como su mujer acabaron detenidos en octubre de 2014 por pertenencia a organización criminal y blanqueo. Casi cuatro años después, en marzo de 2018, la Policía Nacional lo detuvo como presunto autor de un delito de falsificación de documentos. Entonces, los agentes lo detuvieron por usar un depósito judicial de su propiedad, Rent Marín S. L., como aparcamiento camuflado para todoterrenos de los narcos. La investigación por blanqueo, realizada por la fiscal antidroga del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo, que ahora ha acabado con su condena abarca desde 2015 —año en el que acabó trasladado al puesto de la Guardia Civil en Almadén (Ciudad Real)— hasta ese 2018, cuando se encontraba de baja desde hacía dos años.

En ese lapso, los hechos probados de la sentencia relatan un complejo entramado económico, societario e inmobiliario compuesto por 12 empresas y cuatro uniones temporales de empresas, estas últimas con la finalidad de participar en distintas licitaciones públicas. Dos de ellas fueron capaces de hacerse con la adjudicación del contrato público de un depósito judicial de Sevilla por un valor de 544.500 euros. El cabo Bernardo sumó a eso una elaborada estructura de préstamos privados o capital de terceros “dirigida a enmascarar y servir de justificación a las cantidades invertidas, préstamos que pese su apariencia legal son encubiertos realizados con las partidas de dinero en efectivo que se tratan de blanquear”.

El cabo de la Guardia Civil también blanqueó parte del dinero en compras inmobiliarias realizadas directamente por él o por las empresas administradas por sus hijos: tanto de parcelas y terrenos como de coches de alta gama, además de los numerosos viajes a países y ciudades como Japón, Londres, Marruecos, Orlando o Riviera Maya. Entre las pruebas también ha quedado documentado cómo Bernardo A. gastó parte del dinero —aunque no se ha podido determinar la cantidad exacta— participando en carreras automovilísticas.

Durante el juicio, celebrado del 3 al 7 de junio, el cabo aseguró ser empresario desde el año 1997. La mayoría de las compañías, creadas en Castellar (Cádiz) estaban dedicadas a desguaces, compraventas de coches o empresas de turismo activo y un depósito judicial, además de haber realizado diferentes adquisiciones inmobiliarias. Sin embargo, los tres magistrados han considerado que buena parte de esos movimientos societarios los hizo con dinero procedente del tráfico de drogas.

La sentencia extiende la responsabilidad a los hijos al entender que “eran perfectamente conocedores de la anormalidad de la actividad económica/societaria/financiera desplegada por su padre”, explica el pronunciamiento. De esa forma, los magistrados han rechazado el planteamiento de las defensas, que intentaron exculparlos al señalar que todas las gestiones y decisiones eran dirigidos por el progenitor.

Cuando la policía detuvo al cabo Bernardo en marzo de 2018 por usar un depósito judicial de La Línea de la Concepción (Cádiz) como un aparcamiento protegido para los narcos, él y su empresa Rent Marín ya estaban bajo sospecha por otros hechos. Apenas dos meses antes, tres encapuchados asaltaron un depósito judicial en Conil de la Frontera, también en la provincia gaditana, y se llevaron una narcolancha. Los asaltantes, armados con pistolas, supuestamente ataron al vigilante que en ese momento custodiaba las investigaciones. Pero los investigadores rápidamente encontraron contradicciones en las declaraciones de los hechos y circunstancias extrañas que envolvieron al caso.