La bronca política que bloquea la acogida de 3.000 menores migrantes en la Península

A las 7.46 de la mañana del martes 23 de julio, el LNG Borno, un petrolero que cubría la ruta entre Portugal y Nigeria, alertó a las autoridades españolas del avistamiento de un cayuco que navegaba 222 kilómetros al sur de Gran Canaria. Unas cinco horas después, mientras los diputados explicaban desde la tribuna de oradores del Congreso su postura sobre la reforma de la ley de extranjería —que debía permitir la derivación obligatoria a otras comunidades de unos 3.000 de los 6.000 menores tutelados en Canarias—, la Guardamar Caliope navegaba por el Atlántico en busca de la embarcación. El rescate se produjo a las 14.10 hora canaria, cuando en Madrid sus señorías ya habían dejado claro que no saldría adelante el texto elaborado durante meses por el Gobierno central (PSOE-Sumar) y el canario (Coalición Canaria-PP). A las 23.15 desembarcaban en el muelle de Arguineguín 129 personas, entre ellas tres menores. Ya habían pasado casi cuatro horas desde que el Congreso había sido incapaz de consensuar una postura común y había tumbado la admisión a trámite de la reforma legal: 177 votos en contra (PP, Junts y Vox), 171 a favor y una abstención (UPN).

Desde el miércoles, las fuerzas políticas se han empleado a fondo tanto para explicar sus posturas como para cargar la responsabilidad del fracaso sobre el contrario. Persisten los intentos, al menos de cara a la galería, de alcanzar un acuerdo antes de que se celebre el último Consejo de Ministros del curso y suene la campana que da inicio a las vacaciones, el martes 30 de julio.

El Gobierno estudia opciones que no pasan de ser paliativas, como aumentar la financiación para Canarias o convocar otra Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia con las comunidades para explorar nuevos repartos voluntarios de los menores migrantes. El presidente del PP canario, Manuel Domínguez, negocia desde el jueves con la dirección nacional de su partido la posibilidad de pactar in extremis un decreto ley de mínimos. Este decreto ley, descartado a priori por el Gobierno, es el objetivo largamente anhelado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), quien se ha desplazado a Madrid para asistir a reuniones con los grupos políticos y las ONG.

La ruta migratoria canaria, mientras tanto, no espera a que los líderes políticos se pongan de acuerdo: entre el viernes 19 y el sábado 27 de julio han arribado a las islas en cayucos más de 600 personas, entre ellas 23 niños y adolescentes. En el horizonte, la época de calmas en el Atlántico, que comienza cuando acaba el verano y que suele traer un repunte de las llegadas: de septiembre a diciembre de 2023 llegaron a Canarias 7.398 menores, según los datos del Gobierno regional. En lo que va de año han arribado a Canarias por vía marítima de forma irregular 19.793 personas, lo que supone un incremento del 160% respecto al mismo periodo de 2023, de acuerdo con el balance del Ministerio del Interior. Este aumento se debe fundamentalmente al aumento de llegadas a principios de año: solo entre enero y febrero se registraron 11.932. Desde entonces, el ritmo ha bajado, pero en el horizonte está ese previsible repunte del otoño.

“Todavía hay partido, todavía hay espacio”, aseguró el viernes, esperanzado, el presidente canario a los medios de comunicación. En los días posteriores al debate en el Congreso, al que asistió como invitado, Clavijo lamentó el rechazo. Ha evitado, eso sí, cargar contra su socio de gobierno —que votó en contra—, señalando en su lugar al Ejecutivo central por el fracaso. “Siempre hay espacio” afirmó, para después añadir que si Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, “no convoca al PP para sentarse, es imposible”. Lo que todavía no puedo entender es por qué el Gobierno de España no ha llamado y no se ha sentado con el Partido Popular. La única vez que nos hemos sentado fue cuando convocamos nosotros en el Congreso de los Diputados unas reuniones a las que fue el ministro”, añadió. El líder nacionalista explicó que en esos encuentros se vio la necesidad de negociar con Junts y con el PP. “No hubo voluntad negociadora [del Gobierno]”, coinciden fuentes del PP en Canarias. “Planteamos peticiones razonables que no se quisieron atender”.

El ministro Torres rechaza estas afirmaciones. En una conferencia de prensa celebrada el miércoles, explicó que el 4 de junio el Gobierno de España y el canario cerraron el compromiso de que el primero se encargaría de lograr los apoyos de su coalición (PSOE y Sumar), y el segundo, los votos de la suya (Coalición Canaria y PP). En esa comparecencia, el ministro recordó que incluso se ofreció a sentarse el 19 de julio con el PP para explicar a sus dirigentes el acuerdo. “No se me dio nunca respuesta”, mantiene.

Seis días antes, aseguró el ministro, el portavoz del PP, Miguel Tellado, le había hecho llegar un documento con varias exigencias para apoyar la reforma legal; entre ellas, la aprobación de una política global sobre inmigración, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, la declaración de emergencia en toda España, la fijación de una financiación suficiente, que ninguna comunidad quedase exenta del reparto —en alusión a Cataluña, porque Junts rechaza acoger a más menores migrantes— o que no fuesen derivadas a la Península personas sobre cuya minoría de edad cupiesen dudas.

El ministro Torres afirmó en esa comparecencia que algunas de esas peticiones del PP ya estaban incluidas, y que otras podrían añadirse en la negociación posterior. “Le quiero decir a la sociedad canaria que me comuniqué en varias ocasiones con el portavoz del PP”, aseveró Torres este viernes. “Le envié documentos. Hay cuatro documentos que así lo acreditan. Respondí una a una y firmé todas las peticiones que me había realizado. Bastaba simplemente que votaran sí para que esto [la tramitación de la reforma legal] se iniciara y meter esas propuestas. Y si finalmente no estaban de acuerdo, podrían votar no al final [de la tramitación parlamentaria]”, subrayó.

Un posible decreto ley

Las distintas fuerzas políticas afirman que siguen buscando una solución. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (Sumar), apuntó el miércoles que el Gobierno trabaja ya en un plan B. “Habría varias opciones. Las vamos a estudiar con tranquilidad, pero con una cierta agilidad porque la situación es insostenible en Canarias”, dijo. Entre ellas, Rego no descartó aprobar la distribución obligatoria de menores migrantes por real decreto. “Creemos que, si hay voluntad política por parte de las fuerzas, hay posibilidad de acuerdo”.

Fuentes del PP en Canarias aseguran que esta fórmula, la del decreto ley, es también el objetivo que persigue contrarreloj su líder y vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez. “Lo sucedido es pasado, y echarnos las culpas no arregla el problema. Estamos buscando fórmulas para sentarnos con el Gobierno de España y buscar soluciones”, remarcan. Entre ellas, un decreto ley con un contenido de mínimos ya pactado o con alcance temporal, mientras se negocian medidas más amplias.

El decreto ley sería de aplicación inmediata, pero tendría que ser igualmente convalidado un mes después por el Congreso. Por tanto, el bloqueo podría volver a reproducirse. Y eso es lo que teme el Ejecutivo. “Génova [la dirección del PP] no quiere apoyar la reforma. Prefiere sacrificar Canarias a enfrentarse con Vox”, afirman fuentes del Gobierno. “Para ellos”, declaró el miércoles Torres, “primaba más que tuviésemos una derrota parlamentaria que el interés de estos niños”. Este viernes, Torres descartaba también durante una visita a La Palma la posibilidad de aprobar un decreto ley: “Hay que buscar otras medidas que no pasan por una modificación legislativa. Estamos trabajando en ello”.

Clavijo mantiene la esperanza de retomar la reforma legal en algún momento. “Tenemos 172 votos”, concluyó el viernes. “Hace falta llevar a cabo las modificaciones para que el PP entre en el acuerdo, pero para eso hay que levantar el teléfono, quedar en una mesa con los portátiles y negociar. No puedes mandar un wasap. No somos niños de 14 años”.