Vox desafía al PP de Burgos con una orden para controlar el empadronamiento de inmigrantes

La alianza entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Burgos (175.000 habitantes), donde gobiernan juntos, ha vivido un enfrentamiento a cuenta de un plan de los ultras para que la Policía Local vigile el “empadronamiento de inmigración ilegal”. El concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, y el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, ambos del partido ultra, anunciaron públicamente el miércoles, en rueda de prensa, que iban a dar esa instrucción a los agentes, conminándoles a ejecutar “inspecciones periódicas y visitas domiciliarias” para controlar que en los domicilios de personas migrantes todos los presentes cuenten con la documentación en regla. Adelantaron también que se crearía un buzón de “denuncias anónimas” para que los ciudadanos reportaran casos sospechosos. Horas después, el PP, que ocupa la alcaldía, desautorizó a Peña y Martínez-Acitores en un comunicado en el que tildaba las medidas de meras “propuestas” y remarcaba que aún debían debatirse en el pleno y, sobre todo, que algunas de ellas no son de “competencia municipal” sino del Ministerio del Interior. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha cargado este jueves contra lo que considera una iniciativa “claramente xenófoba”.

Peña y Martínez-Acitores desgranaron la propuesta ante los periodistas el miércoles, en un espacio municipal con los logos de la corporación. Las medidas de vigilancia incluirían, dijeron, “inspecciones periódicas y visitas domiciliarias” para “detectar posibles casos de empadronamiento de inmigración ilegal”. El vicealcalde explicó que así la Policía Local colaboraría con los servicios sociales municipales y otros colectivos relacionados con las personas migrantes “para compartir información relevante y coordinar esfuerzos en la detección y prevención de empadronamientos ilegales”.

Los concejales indicaron también que se abriría un buzón de “denuncia anónima” para que la ciudadanía pudiera informar de esos posibles casos irregulares y que la Policía Local actuara sobre ellos. En caso afirmativo, adelantaron, “se tomarán las medidas necesarias para corregir la situación y sancionar a los responsables”. La orden planteada por la extrema derecha incluye solicitar a las Administraciones implicadas que anulen “cualquier tipo de ayuda social para aquellas personas que han ingresado ilegalmente o se encuentren en Burgos en una situación de empadronamiento ilegal”.

Pasaron pocas horas hasta que, revuelo mediático mediante, el PP lanzó un comunicado apartándose de sus socios municipales. “Las medidas anunciadas por los concejales de Vox forman parte de una proposición elaborada por ese partido, propuesta que trataron de llevar de urgencia al pleno ordinario de mayo, si bien finalmente no se incluyó en el orden del día”, esgrimieron los populares, evitando aclarar el fondo de la cuestión: su opinión sobre la moción ultra. El PP se limitaba a matizar que parte de esas propuestas “ya se están llevando a cabo, otras no son de competencia municipal y en algunas más [los dos partidos de gobierno] no comparten el mismo criterio”.

La concejala del PSOE Sonia Rodríguez, que es además abogada de la ONG Burgos Acoge, ha recordado a los ediles de extrema derecha que los Ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a todos sus habitantes y que no se puede solicitar a la Policía Local que impida eso. Además, ha remarcado, los migrantes en situación irregular no reciben ayudas más allá de recursos de subsistencia administrados por trabajadores sociales y en ningún caso pueden obtenerlas viviendo fuera de España, como denunciaba Vox.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, comandado por Elma Saiz, ha querido hoy “condenar profundamente esta intromisión en materias que competen a la Policía Nacional con finalidades xenófobas”, pues, a su juicio, se debe “velar por el cumplimiento de la ley sin criminalizar a ninguna persona por razones de raza o de origen”. En una nota enviada por su portavoz, el departamento de Inclusión explica que se ha puesto en contacto con Interior para coordinar “una acción que proteja los derechos humanos y en concreto a la ciudadanía”. El mensaje recuerda que “es imposible identificar si una persona está en situación irregular a simple vista, y hacerlo de forma aleatoria atendiendo al color de piel es una acción claramente xenófoba”. Asimismo, se critica la “intromisión en materias que competen a la policía nacional con finalidades xenófobas”, en alusión a que la capacidad de sancionar la tiene la Policía Nacional, no la municipal.