Navarra reconoce oficialmente a las primeras víctimas de violencia policial y de la extrema derecha

El departamento de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra ha aprobado los primeros reconocimientos de víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. La Comisión de Reconocimiento y Reparación del Parlamento navarro propuso los reconocimientos, cuyo objetivo es lograr la reparación de las personas fallecidas o heridas —física y psicológicamente— por acciones violentas, desproporcionadas e ilegítimas en el contexto victimológico citado. En esta primera fase se han inadmitido otras cuatro solicitudes. La comisión ha estado trabaj...

El departamento de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra ha aprobado los primeros reconocimientos de víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. La Comisión de Reconocimiento y Reparación del Parlamento navarro propuso los reconocimientos, cuyo objetivo es lograr la reparación de las personas fallecidas o heridas —física y psicológicamente— por acciones violentas, desproporcionadas e ilegítimas en el contexto victimológico citado. En esta primera fase se han inadmitido otras cuatro solicitudes. La comisión ha estado trabajando durante el último año en el análisis de las más de setenta solicitudes recibidas. Los expertos estudian ahora unos sesenta expedientes que están en diferentes fases del procedimiento. Según ha podido saber la cadena SER en Navarra, entre las personas reconocidas oficialmente como víctimas, están Mikel Arregui y Mikel Zabalza.

El Gobierno foral ya ha comunicado a las familias las resoluciones sin hacer públicos los nombres pero sí ha detallado cómo se encuentran los casos de dos personas fallecidas como consecuencia de diferentes violencias, tres personas heridas por arma de fuego de distinta consideración durante las fiestas de San Fermín 1978 y otra víctima más que sufrió daños graves por exceso o mal uso de material antidisturbios en una carga policial en un contexto temporal posterior. A estas víctimas hay que sumar otras cuatro personas que padecieron violencia física y psicológica durante su detención y otras dos personas que resultaron heridas en sendos atentados reivindicados por grupos de extrema derecha. Dos de las doce víctimas son mujeres y casi todos los casos ocurrieron en las mugas navarras —excepto Mikel Zabalza—. Cronológicamente, estos doce casos se extienden desde 1969 hasta 1994. Además del reconocimiento oficial, las familias también podrán recibir asistencia sanitaria, indemnizaciones económicas por daños físicos y o psicológicos y materiales. Estas indemnizaciones económicas se calculan según unas tablas marcadas por ley y son iguales a la que reciben, por ejemplo, las víctimas del terrorismo de ETA. Para hacerlas efectivas, se ha consignado una partida económica en los Presupuestos Generales de Navarra de este 2024.

Mikel Zabalza, natural de Orbaiceta, fue detenido el 26 de noviembre de 1985 en Donosti junto con su primo y dos personas más. Al día siguiente se informó de que Mikel Zabalza había desaparecido. La versión oficial de la Guardia Civil es que se escapó lanzándose al río Bidasoa cuando guiaba a varios agentes hasta la ubicación de un zulo. Los testimonios de quienes fueron detenidos junto a él apuntan a la posibilidad de que Zabalza hubiera muerto tras sufrir torturas -la bolsa o la bañera-. Encontraron su cuerpo el 15 de diciembre en el cauce del río. Desde entonces, su familia ha reclamado justicia. El Gobierno Vasco ya lo reconoció como víctima de la violencia de motivación política. Ahora, y de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER, la comisión ha reconocido oficialmente la condición de víctima de motivación política a Mikel Zabalza (Miguel Ángel Zabalza Garate) al considerar que cumple con los requisitos marcados por la ley foral que regula la comisión. Consideran probado que las acciones violentas que provocaron su muerte se encuentran dentro del marco temporal determinado, que en dichas actuaciones intervinieron funcionarios públicos y que la víctima tenía la condición oficial de navarro -aunque los hechos tuvieran lugar en Guipúzcoa-. La comisión reconoce además que los funcionarios públicos “actuaron con abuso de poder y extralimitándose en sus funciones, bajo un contexto de impunidad que impidió una adecuada investigación judicial de los hechos en cuestión y la sanción de los culpables, así como el reconocimiento y reparación de la víctima y su dignidad”. Por ello, se ha determinado la concesión de una indemnización económica -115.000 euros- a la familia.

Mikel Arregui, natural de Lakuntza, donde trabajaba como concejal, viajaba en un vehículo con otros cuatro amigos. En la madrugada del 11 de noviembre de 1979, a la altura de Etxarri Aranatz, la Guardia Civil disparó contra el vehículo. Arregi, de 32 años, murió tiroteado. La comisión ha reconocido oficialmente la condición de víctima de motivación política a Arregi al considerar que los hechos se encuentran dentro del marco temporal determinado, que intervinieron funcionarios públicos y que los daños se produjeron en territorio navarro y contra una persona oriunda de la zona. En este caso, la comisión también reconoce que los funcionarios públicos abusaron de su poder y se extralimitaron “en sus funciones, bajo un contexto de impunidad que impidió una adecuada investigación judicial de los hechos en cuestión y la sanción de los culpables, así como el reconocimiento y reparación de la víctima y su dignidad”. Por todo ello, conceden a la familia una indemnización de 238.000 euros.

Comisión de Reconocimiento y Reparación

Los doce casos aprobados han sido valorados por la Comisión de Reconocimiento y Reparación, compuesta por el director de Memoria y Convivencia, el director del Instituto Navarro de la Memoria, por dos peritos forenses y una psicóloga con experiencia en materia de víctimas, designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal. Además, a propuesta del Parlamento de Navarra, está completada por cuatro personas expertas del ámbito académico y social. Este órgano fue constituido en el marco de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo. Este texto legal fue recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional que terminó declarando la conformidad de la norma foral con la Carta Magna (sentencias 108/2021, de 13 de mayo y 135/2021, de 24 de junio).