La cumbre europea saca a las calles de Granada a más de 5.000 policías y guardias civiles

Medio centenar de delegaciones participan en Granada desde este jueves, 5 de octubre, en la III cumbre de la Comunidad Política Europea, que reúne a los 27 países miembros de la Unión Europea y a otros 17 estados de su entorno, entre ellos los aspirantes Ucrania o Turquía, el exsocio comunitario Reino Unido, y Suiza. También se sumarán delegaciones del Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeos. Los reyes de E...

Medio centenar de delegaciones participan en Granada desde este jueves, 5 de octubre, en la III cumbre de la Comunidad Política Europea, que reúne a los 27 países miembros de la Unión Europea y a otros 17 estados de su entorno, entre ellos los aspirantes Ucrania o Turquía, el exsocio comunitario Reino Unido, y Suiza. También se sumarán delegaciones del Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeos. Los reyes de España viajarán a la ciudad andaluza, donde permanecerán al menos el jueves. El viernes, en cambio, la cita es más reducida, con los 27 países de la UE sentados en una reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno.

Las exigencias de seguridad de la cumbre han supuesto una llegada masiva de miembros de las fuerzas de seguridad a la ciudad, de 228.000 habitantes. Según ha informado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se trata de un evento de “complejidad máxima” que ha hecho necesario convocar a 3.700 agentes de la Policía Nacional, 1.400 guardias civiles y 400 miembros de Protección civil y policías locales de la capital y de la localidad vecina de Armilla. El operativo alcanza las 5.500 personas.

El ministro, que se ha reunido este miércoles con los responsables del plan de seguridad de estas dos citas, ha comentado que los preparativos del llamado Plan Alhambra empezaron hace seis meses y que, durante los días previos a la celebración del encuentro no se han registrado amenazas ni incidentes “reseñables”. Sí ha habido, en cambio, ciertas complicaciones con una manifestación que se ha convocado para este jueves en el marco de un acontecimiento paralelo, la denominada Cumbre Social de Granada. En la primera semana de septiembre, los organizadores de esta cumbre pidieron permiso para manifestarse el día de la Cumbre Política Europea. La Subdelegación de Gobierno les negó la autorización argumentando conflictos con la seguridad de las comitivas oficiales, decisión que recurrieron.

Ante el recurso de los peticionarios, un tribunal ordenó a la subdelegación que autorizara la manifestación y, a la vez, les propusiera un itinerario alternativo. Este llegó hace algo más de una semana y, básicamente, alejaba a los manifestantes hasta cuatro kilómetros del lugar de la cumbre. Hubo un nuevo recurso que, finalmente, dio la razón al Gobierno y, por tanto, la protesta se celebrará alejada del centro urbano. Marlaska ha considerado este miércoles que esa ruta es la adecuada porque permite compatibilizar la seguridad de los participantes en la cumbre con el derecho de manifestación de los miembros de la cumbre social.

Aunque el ministro ha explicado a la prensa que no había solicitadas manifestaciones o concentraciones diferentes de las de la cumbre social para estos dos días, las redes sociales dan cuenta de alguna otra convocatoria. Es el caso, por ejemplo, de una protesta convocada en redes por un grupo de azerbaiyanos en contra de sus gobernantes y que a Grande-Marlaska no le constaba.

Aunque en los primeros días de esta semana en la ciudad ya se percibía cierto movimiento policial, este miércoles ha amanecido en Granada con un considerable despliegue de agentes. Las furgonetas policiales transitan sin cesar Los hoteles que acogen a las delegaciones cuentan desde muy temprano con un retén de policías armados en sus entradas. Ese efecto se multiplica en las calles cercanas a los dos puntos más relevantes de la cumbre —el Palacio de Congresos y la Alhambra, centro de la agenda social—. Existe un perímetro de seguridad por el que el público en general no puede transitar y, en el caso de unos ciudadanos que viven cerca de la ciudad palatina —que ha cancelado todas las visitas turísticas— se ha obligado a los vecinos más cercanos a acreditarse ante la policía para poder entrar y salir de sus viviendas.