Absuelto el único acusado del gran incendio en el que murieron dos personas en Málaga en 2012

La Audiencia Provincial de Málaga ha absuelto al único acusado por el incendio forestal que, en 2012, arrasó 8.500 hectáreas a lo largo de la Costa del Sol y en el que fallecieron dos personas. La Fiscalía de Medio Ambiente solicitaba siete años y medio para un jardinero al que acusaba de haber encendido una hoguera en una finca en el paraje de Barranco Blanco, en el término municipal de Coín (Málaga, 24.309 habitantes), para quemar restos de poda y abandonar el lugar sin apagarla. El tribunal, s...

La Audiencia Provincial de Málaga ha absuelto al único acusado por el incendio forestal que, en 2012, arrasó 8.500 hectáreas a lo largo de la Costa del Sol y en el que fallecieron dos personas. La Fiscalía de Medio Ambiente solicitaba siete años y medio para un jardinero al que acusaba de haber encendido una hoguera en una finca en el paraje de Barranco Blanco, en el término municipal de Coín (Málaga, 24.309 habitantes), para quemar restos de poda y abandonar el lugar sin apagarla. El tribunal, sin embargo, ha considerado que “no se puede determinar, de forma cierta y segura, cuál es la causa que produce el fuego”, según recoge la sentencia, de 82 páginas. Con esta absolución, concluye un proceso que se ha alargado durante más de una década debido a la enorme cantidad de perjudicados —empresas, municipios, comunidades y personas—, y la escasez de recursos del juzgado que ha llevado el caso.

El de 2012 fue uno de los peores incendios en la historia de Málaga. Las llamas arrancaron durante la tarde del 30 de agosto y a lo largo de las cinco jornadas siguientes quemaron 8.500 hectáreas de los municipios de Mijas, Marbella, Monda, Alhaurín el Grande y Ojén, cuyos 4.000 habitantes fueron desalojados. Dos personas fallecieron —una, porque no quiso abandonar su vivienda cuando se le pidió desalojarla— y otras cuatro resultaron heridas. El fiscal apuntaba a que el jardinero había acudido a una casa, propiedad de un ciudadano extranjero que en ese momento estaba en su país y que apenas ha colaborado durante el proceso judicial.

La acusación consideraba que el sospechoso había prendido una hoguera para deshacerse de restos de adelfas, cipreses y palmeras y que no la había apagado antes de marcharse del lugar. El acusado ha reconocido que estuvo aquel día en ese mismo lugar, pero que estaba haciendo labores de mantenimiento y nunca realizó ninguna poda ni encendió un fuego.

En la sentencia ha quedado probado que el hombre trabajó aquel día en la finca y que depositó restos de podas y de limpieza de plantas “en un lugar donde antiguamente se habían efectuado hogueras de quema de rastrojos, existiendo marcas de cenizas” con la intención de que el propietario del terreno los trasladase a un punto limpio. Sin embargo, para el tribunal no está acreditado que “el acusado prendiese fuego a esos rastrojos y restos de poda ni procediese a quemarlos ese día y en ese lugar, y a esa hora”. Se destaca que no hay indicios que sustenten esa tesis ni que el finalmente absuelto infringiera ninguna norma de control y prevención de incendios.

El propietario de la casa siempre se consideró un perjudicado más por las llamas, cuyos daños ocasionados superaron los 20 millones de euros. El gasto público fue de 1,3 millones de euros porque se requirió que participaran 43 helicópteros y aviones, 27 vehículos, más de 500 especialistas y 400 miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Los informes periciales y las pruebas presentadas a lo largo del juicio han demostrado que las circunstancias del monte en aquella época, con altas temperaturas, baja humedad, hierbas secas y vientos revirados y cambiantes, fueron clave para la virulencia del incendio. Sin embargo, el tribunal cree que no hay manera de conocer “con la seguridad y certeza que se requiere” el punto exacto en el que arrancó fuego. Así que interpreta la “duda racional” a favor del investigado, yque “no cabe imputar responsabilidad sobre ello a nadie”. Tampoco una posible responsabilidad civil subsidiaria al propietario de la finca.

La celebración del juicio se ha demorado a lo largo de más de diez años por diversos motivos. Primero, la escasez de recursos del juzgado de Coín que se ha encargado del caso, situación similar a la de otros municipios de Málaga, una queja que se repite habitualmente en las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Segundo, por la gran cantidad de afectados por las llamas, casi 350, entre personas físicas, comunidades de vecinos, empresas o municipios, que ha dificultado mucho las comunicaciones. Por último, problemas administrativos, después de que a la empresa que tasó las pérdidas de cada perjudicado se le acabase el contrato con la Junta de Andalucía cuando tenía las tareas prácticamente finalizados y la nueva adjudicataria debió repetir el proceso.

Casos abiertos

Hace unos días, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Ronda acordó el sobreseimiento provisional de la causa en la que se investigaba a cuatro personas en relación con el incendio declarado en la zona de Sierra Bermeja, en el municipio de Pujerra, en junio del pasado año, y que quemó casi 5.000 hectáreas y obligó a desalojar a casi 2.000 personas. Mientras tanto, continúa la investigación, que fue declarada secreta, del incendio que en 2021 arrasó 10.000 hectáreas y causó la muerte de un bombero en la misma zona, además de afectar a una zona de pinsapos. Considerado como incendio de sexta generación por su virulencia, dificultad de extinción, rapidez de propagación, entre otras características, se cree que fue intencionado. También se continúa investigando el origen de las llamas que arrasaron casi 2.000 hectáreas el verano pasado en Alhaurín El Grande y la Sierra de Mijas.