El ‘archivo de ETA’ enviado por Francia apuntala las condenas a 10 etarras desde la disolución de la banda

El archivo de ETA ―miles de documentos de la banda terrorista que, junto a más de 300 armas, Francia remitió a España, en su mayor parte, en 2018― ha permitido apuntalar las condenas a 10 etarras desde que la organización anunció su disolución en mayo de aquel año, según un informe del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento destaca que el análisis de toda esta información (más de 40.000 do...

El archivo de ETA ―miles de documentos de la banda terrorista que, junto a más de 300 armas, Francia remitió a España, en su mayor parte, en 2018― ha permitido apuntalar las condenas a 10 etarras desde que la organización anunció su disolución en mayo de aquel año, según un informe del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento destaca que el análisis de toda esta información (más de 40.000 documentos en papel y cientos de terabytes en formato digital) ha permitido que la Guardia Civil y Policía elaboren nuevos informes de inteligencia para reforzar las acusaciones en la Audiencia Nacional, que se han traducido en, al menos, ocho sentencias condenatorias.

Interior augura que estas resoluciones no serán las últimas, ya que ambos cuerpos han confeccionado otros informes periciales en causas que “siguen su curso procesal” y “todavía, a día de hoy, no se ha celebrado el juicio oral o no hay sentencia”. Pese a ello, Interior también añade que analizar todo el archivo aportado por Francia requiere un esfuerzo “sostenido en el tiempo”, ya que los trabajos son “laboriosos y minuciosos”, además de necesitar un “personal muy experto”. A su vez, apostilla que solo “un porcentaje reducido” de los papeles entregados por París, conocidos también como los “sellos de ETA”, tendrá “impacto en investigaciones pasadas o presentes” para esclarecer atentados.

Estas son, por orden cronológico, las ocho sentencias de la Audiencia Nacional recogidas en el informe de Interior.

1 de octubre de 2019. El funcionario de prisiones Máximo Casado fue asesinado el 22 de octubre de 2000 en Vitoria, con una bomba lapa colocada bajo su vehículo. El 1 de octubre de 2019, cuando faltaban pocos días para que se cumplieran 19 años de aquel crimen, la Audiencia condenó a 33 años de cárcel a los etarras José Ignacio Guridi Lasa, Asier Arzalluz Goñi y Aitor Aguirrebarrena, integrantes del comando Totto, como autores materiales del atentado, y al entonces jefe de la banda Javier García Gaztelu, Txapote, como su inductor. La sentencia destaca la “especial importancia” que tuvo en el sentido del fallo un documento intervenido en 2001 en el sur Francia.

Este documento, facilitado como “Sello DOM/V/CH1-40”, era la kantada o autocrítica que había hecho uno de los autores del atentado, Guridi Lasa. Las kantadas eran manuscritos que los terroristas detenidos enviaban a la cúpula de la banda para detallar cómo se produjo su arresto, así como qué datos facilitaron a la policía (incluido, sobre atentados cometidos por ellos), e intentar evitar así la caída de más miembros de la organización. El informe subraya que esta autocrítica ofrecía “detalles” del asesinato de Casado. Según la sentencia, Guridi describía cómo un compañero del comando, Arzalluz Goñi, mostró cierto “nerviosismo” al preparar la bomba lapa y no utilizó guantes para evitar dejar huellas.

17 de octubre de 2019. Los investigadores tardaron casi 20 años en atar un cabo que faltaba sobre José Carlos Apeztegia Jaka. El etarra había sido condenado en 1993 a más de 40 años de cárcel, pero logró mantener desde prisión un contacto directo con la cúpula de ETA, a la que facilitó en 2002, pese a su reclusión, “datos” sobre “funcionarios de prisiones y la sede del sindicato de funcionarios ACAIP de Madrid”. Esta maniobra se consiguió probar gracias a una carta (escrita en euskera y firmada por Apeztegia) que la fuerzas de seguridad francesas intervinieron en 2003, durante una operación que permitió capturar, entre otros, a Ainhoa García, Laia, considerada la jefa de Información de ETA. El 17 de octubre de 2019, la Audiencia Nacional dictó una nueva sentencia contra él (cuatro años más de prisión) por “un nuevo delito de pertenencia a organización terrorista durante el tiempo en el que se encontraba cumpliendo condena”.

19 noviembre 2020. A finales del año 2000, el comando Totto colocó una bomba en una jardinera situada en el alféizar de una casa de Cintruénigo (Navarra), donde creían que vivía un guardia civil. Entre los autores del atentado fallido —el artefacto no llegó a estallar— se encontraba José Ignacio Guridi Lasa, que no fue condenado por este intento de asesinato hasta dos décadas después. El 19 de noviembre de 2020, la Audiencia lo sentenció a 52 años de prisión tras dar, de nuevo, un enorme valor a la kantada que el propio Guradi redactó sobre su implicación en el crimen fracasado: “Lo de Cintruénigo no explotó”, apuntaba en el documento, escrito de su “puño y letra”, según el fallo judicial.

18 marzo de 2021. En 2001, ETA hizo estallar un coche bomba al paso del vehículo del entonces director general de Política Científica, Juan Junquera. Momentos después de la explosión, que causó heridas a este y a su conductor, fueron detenidos los dos supuestos autores materiales, aunque el resto del comando consiguió huir, entre ellos Juan Luis Rubenach. Según Interior, uno de los arrestados, Ana Belén Egües, escribiría una kantada intervenida por la Policía francesa en 2002 en Tarbes, “decisiva para ratificar la veracidad” de lo que confesaron ella y su compañero entonces. Esta permitió a la Audiencia condenar, en marzo de 2021, a Rubenach a 1.008 años de prisión por aquel atentado, en un fallo que cita en nueve ocasiones el documento de Egües.

14 septiembre 2021. María Soledad Iparraguirre, Anboto, acumula condenas desde que Francia la entregara a España en 2019. Una de ellas, por ordenar el atentado de 1997 contra el museo Guggenheim de Bilbao cuando iba a inaugurarlo el rey Juan Carlos I, que costó la vida a un ertzaina. En septiembre de 2021, la Audiencia sentenció a Anboto a 15 años de cárcel por su implicación en el atentado, acorralada por “un cuaderno de espiral, sin portada y con contraportada de color rojo, de tamaño A4 y con papel cuadriculado” incluido en el archivo de ETA. Este contenía anotaciones que situaban a Iparraguirre en la dirección de ETA con su nombre, apellidos y, sobre todo, alias. Un detalle que, según el informe de Interior, sirvió para corroborar que era Anboto, lo que permitió vincularla a este y otros atentados.

18 de febrero de 2022. Ese día, la Audiencia condena a Iratxe Sorzábal a 24 años y medio de prisión por un doble atentado perpetrado en Gijón el 2 de noviembre de 1996, con la colocación de una bomba en el Palacio de Justicia y otra en la farmacia del marido de María Paz Fernández Felgoroso, secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios hasta unos meses antes. Los magistrados consideraron probado su implicación gracias a un kantada de la propia terrorista aportada por Francia. “En noviembre del 96, pusimos un explosivo en el palacio de justicia de Gijón y en una farmacia. Lo hicimos Marcos, Xabi y yo”, recogía el documento, según el informe de Interior.

23 diciembre 2022. ETA asesinó a tiros en 2002 a Juan Priede, concejal socialista en Lasarte (Gipuzkoa) cuando se encontraba en un bar cerca de su casa. 20 años después, en diciembre de 2022, la Audiencia condenó a 19 años de cárcel a Asier Eceiza por “comprobar y ampliar” la información para atentar y por ayudar a los autores materiales a huir. Una sentencia en la que fueron claves las kantadas de otros tres miembros del comando que lo cometieron, intervenidas por la policía francesa en un piso de la localidad de Bergerac. La sentencia incide en que en un terrorista detalla en su autocrítica que, tras irse del lugar del crimen, “aparece Asier con su vehículo y nos marchamos”.

31 de marzo de 2022. Interior incide en que el archivo de ETA reforzó las pruebas para condenar, el 31 de marzo de 2022, a la abogada Arantza Zulueta a siete años y medio de prisión por integrar el bautizado como “frente jurídico” de ETA. “En base al análisis” de tres documentos intervenidos en Tarbes en 2002, “se llega a la conclusión de que Matraka es el nombre orgánico de Zulueta, abogada habitual de los militantes y presos de ETA […] Ella hacía las funciones de enlace o correa de transmisión entre los presos y huidos con los responsables de ETA”, concluye.