Cerco judicial al presidente del Consell de Ibiza por un contrato a una compañera del PP

El presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí (PP), tendrá que declarar el 2 de junio como investigado por prevaricación, tráfico de influencias y coacciones tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Marí es el primer parlamentario autonómico imputado en una causa judicial desde que hace un año el Parlamento balear derogara el ...

El presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí (PP), tendrá que declarar el 2 de junio como investigado por prevaricación, tráfico de influencias y coacciones tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Marí es el primer parlamentario autonómico imputado en una causa judicial desde que hace un año el Parlamento balear derogara el aforamiento de los diputados autonómicos, que desde entonces tienen que ser juzgados en los tribunales comunes, como el resto de ciudadanos, y no en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El Juzgado de Instrucción 4 de Ibiza ha citado a Marí para el 2 de junio —después de varios aplazamientos— apenas unos días después de las elecciones autonómicas, insulares y locales del 28 de mayo. El presidente del Consell está acusado de tramitar irregularmente mediante la vía de emergencia un contrato de 250.000 euros para la elaboración de una campaña de promoción turística de Ibiza. El contrato fue concedido, en contra del criterio de la Intervención, a la empresa Fuera de Escena Ibiza S. L., administrada por una compañera de partido.

En la querella, Anticorrupción relata que Marí aprobó el 5 de junio de 2020 un decreto para declarar la tramitación por la vía de emergencia de un contrato de 250.000 euros para desarrollar una campaña bajo el título La Vida Islados. “Es evidente que no procedía la tramitación por la vía de emergencia, porque no era una medida necesaria para la lucha contra la pandemia”, sostiene el fiscal, que apunta que se vulneraron los principios de “concurrencia y publicidad” para que cualquier entidad hubiera podido optar a presentarse en igualdad de condiciones. Apenas dos meses después de la aprobación del contrato, la intervención general del Consell de Ibiza puso de manifiesto en un informe “graves deficiencias e irregularidades” en todo el expediente.

Marí desoyó los reparos de los funcionarios y, un mes después, firmó un decreto en el que daba vía libre para abonar a la empresa Fuera de Escena Ibiza una primera factura de 164.257 euros. Para la Fiscalía, existen indicios de que esta sociedad se aprovechó de las relaciones personales con las máximas autoridades insulares para lograr su adjudicación. La mercantil fue creada en 2013, y en ella figuraba como administradora única Miriam Juan, que fue la número 10 de la lista electoral del PP al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en 2007, municipio del que Marí fue alcalde entre ese año y 2019. Unos días antes de que los grupos de la oposición en el Consell accedieran al expediente de contratación, la empresa cesó a su administradora y colocó en su lugar a su pareja sentimental, hasta entonces apoderado. “El cambio de administrador único pone de manifiesto indicios sobre una posible relación personal a través de la pertenencia al mismo grupo político del Ayuntamiento de Santa Eulària” dice el fiscal.

Durante los años 2016 y 2020, el Ayuntamiento de Santa Eulària libró 570 facturas a la empresa Fuera de Escena por valor de 1,2 millones de euros sin el correspondiente procedimiento de contratación, expone en la querella. Para la Fiscalía, al levantar Marí por decreto una nota de reparo de la intervención del Consell Insular participó “directamente” en el procedimiento cuando tenía “un interés directo personal” en la administradora de la empresa, al haber concurrido los dos en la misma lista electoral. A pesar de que la campaña adjudicada tenía que publicitarse en la feria de turismo FITUR de Madrid en 2021, la investigación concluye que “la adjudicataria no cumplió el contrato”.

Acoso laboral

La Fiscalía también acusa a Marí de coacciones y acoso laboral hacia la interventora del Consell que cuestionó la limpieza de la contratación. “El presidente quiso que la funcionaria cambiara su informe con amenazas y coacciones. Ello lo realizó mediante amenazas de despido y presiones”. Según la querella, la “presión violenta” se remonta al periodo en que la víctima fue interventora del Ayuntamiento de Santa Eulària cuando Marí era el alcalde. En esa etapa, comprobó que se cometían irregularidades porque se contrataba directamente con los proveedores y el pago de las facturas se realizaba mediante el reconocimiento extrajudicial de crédito por decreto de alcaldía o acuerdo de pleno. “Ella misma manifiesta que el alcalde le chillaba y le gritaba ante las notas de reparo emitidas” sostiene la querella.

La funcionaria se trasladó como viceinterventora al Consell insular y durante ese periodo, en el que Marí seguía como alcalde en Santa Eulària, no hubo ningún incidente entre ellos. Coincidiendo con la llegada de Marí al Consell en 2019 tras ganar las elecciones insulares quedó vacante la plaza de interventor, que el diputado autonómico prometió a la funcionaria, a la que comenzó, según la Fiscalía, a amenazar exigiéndole que se portase “bien” y que revisara los informes de intervención antes de su presentación a pleno para evitar dictámenes negativos. La situación se tensó hasta que, según la Fiscalía, el diputado deslizó su intención de trasladar a la funcionaria al área de gestión acusándola de provocar problemas en el funcionamiento de la institución. En el pleno del 25 de septiembre de 2020, Marí acusó a la funcionaria de cuestionar la situación provocada por la pandemia, de no colaborar en la mejora de los servicios al ciudadano y de poner problemas en la gestión que llevaba a cabo el Consell.

A raíz de este episodio en el pleno, la funcionaria buscó otro trabajo porque la relación con el presidente del Consell le provocaba “estrés y ansiedad”. Finalmente, se trasladó en comisión de servicio al Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona). Durante esos meses acudió en repetidas ocasiones al médico por problemas de ansiedad, al sentirse “cuestionada y descalificada” y terminó tomando posesión de la plaza en este consistorio en noviembre de 2020. “La relación laboral entre el presidente del Consell y la viceinterventora puede ser considerada como acoso laboral o coacciones” sostiene la Fiscalía.

El caso fue denunciado inicialmente por el PSOE, que llevó el expediente a la Oficina Anticorrupción de Baleares y que tras examinar el asunto lo remitió a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, que presentó la querella en un juzgado de Ibiza. Marí ha denunciado este martes que es “víctima de una persecución política” que se ha basado en una “patraña” inventada por el PSOE de Baleares, partido al que ha acusado de actuar “por venganza”. En la sede del Parlamento autonómico, donde ejerce como diputado por Ibiza, Marí ha lamentado ante los medios de comunicación lo que considera un juicio mediático por el que se le ha señalado como “culpable de todo”. “Lo que no me mata me hace más fuerte. Estoy muy tranquilo, con la cabeza bien alta y muy orgulloso de lo que he hecho” ha dicho en referencia a la investigación abierta por la concesión de este contrato, procedimiento sobre el que ha dicho que “lo volvería a hacer”. El presidente del Consell ha insistido en que ha solicitado acudir al juzgado a declarar hasta en siete ocasiones y ha subrayado que fue el abogado de una de las partes quien pidió “un cambio de fecha” por el que se ha señalado su comparecencia tras las elecciones autonómicas.