La Audiencia de Sevilla aplaza el ingreso en prisión del expresidente Griñán para cumplir la pena del ‘caso ERE’

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado aplazar la decisión sobre el ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, para cumplir la pena de cárcel impuesta por el caso ERE hasta que el exdirigente socialista concluya las sesiones de radioterapia que debe recibir por el cáncer de próstata que le ha sido recientemente diagnosticado. Una vez que finalicen estas sesiones, su representación letrada deberá comunicarlo “inmediatamente” a la sala, acompañando documentación médica, a fin de que se emita un nuevo informe por el médi...

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado aplazar la decisión sobre el ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, para cumplir la pena de cárcel impuesta por el caso ERE hasta que el exdirigente socialista concluya las sesiones de radioterapia que debe recibir por el cáncer de próstata que le ha sido recientemente diagnosticado. Una vez que finalicen estas sesiones, su representación letrada deberá comunicarlo “inmediatamente” a la sala, acompañando documentación médica, a fin de que se emita un nuevo informe por el médico forense, según el auto emitido este mismo viernes y contra el que no cabe recurso.

La decisión de los magistrados se conoce un día después de que la Fiscalía Anticorrupción se mostrara a favor de la suspensión de la entrada en prisión de Griñán y la misma mañana en la que el PP, que ejerce como acusación particular en la pieza política de las ayudas fraudulentas, presentara su escrito adhiriéndose a la postura del ministerio público. “A la vista del informe médico forense, del que se desprende con claridad la no conveniencia del ingreso del penado en el centro penitenciario, entendemos que procede el aplazamiento de la ejecución de la pena, hasta tanto el penado finalice las sesiones de radioterapia dados los inconvenientes y riesgos que pudiera conllevar el tratamiento desde el centro penitenciario, tanto desde el punto de vista de la enfermedad, como de la dinámica del centro”, indica el auto de la audiencia.

En el escrito se establece que, una vez que Griñán finalice el tratamiento, deberá volver a ser reconocido por el médico forense para “valorar nuevamente, con más datos, la conveniencia y posibilidad de su ingreso en el centro penitenciario”. Los magistrados indican que el expresidente debe comunicar “inmediatamente” el fin de las sesiones de radioterapia —están previstas 23 sesiones, que recibiría de lunes a viernes, de acuerdo con el primer análisis de la médica forense―, aportando toda la documentación médica. En su escrito, la Fiscalía reclamó un “informe más preciso” de la forense sobre el estado de salud del expresidente de la Junta, toda vez que cuando esta se entrevistó con él no había iniciado su tratamiento. La audiencia también pide que se recabe un informe a los servicios sanitarios del centro penitenciario “sobre la posibilidad de tratamiento de la enfermedad” en él.

La defensa de Griñán presentó el pasado 22 de diciembre un escrito solicitando la suspensión de su entrada en prisión por padecer un cáncer de próstata recién diagnosticado para el que iba a necesitar un tratamiento hormonal y sesiones de radioterapia incompatibles con su estancia en la cárcel. La forense advirtió en su informe de que la enfermedad del exdirigente es “muy grave” y que su ingreso en un centro penitenciario “no ayuda a afrontarla”. También subrayó que su análisis era “predictivo” al desconocer en ese punto la evolución de la enfermedad y sus posibles efectos secundarios tras la toma de medicación y de la radioterapia a la que se iba a someter el expresidente.

Ese informe, el que sirve como base a los magistrados para justificar la suspensión de la ejecución de la sentencia de Griñán, condenado a seis años de prisión por malversación, concluye que se trata de “una enfermedad muy grave” y entiende que, “existen posibilidades de curación, pero aún se desconoce la evolución tras la toma de medicación y de la radioterapia, de los posibles efectos secundarios e incluso adversos que llevarían o bien hacia su remisión o bien hacia un pronóstico desfavorable”, señala el auto.

“Con un cáncer a punto de metástasis es esencial fijar un tratamiento para determinar cómo evoluciona el paciente y si se estabiliza y a partir de allí ya se verá si remite y si la atención sanitaria es compatible con estar o no en la cárcel, en función de lo que digan los médicos”, ha señalado a este diario José María Calero, el abogado de Griñán, que se ha mostrado muy crítico con quienes han cuestionado que su representado podría recibir la atención médica requerida desde prisión.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que fue consejera en los gobiernos andaluces de Griñán, ha señalado esta mañana que al antiguo dirigente socialista “le asisten los mismos derechos que al resto de ciudadanos sobre el cuidado de su salud. Los informes médicos ponen de manifiesto que se le perjudicaría de forma clara con el ingreso en prisión porque impediría la continuidad de su tratamiento y lo que todos deseamos es que se reponga, y más yo por la relación personal que nos une”. Desde la Junta de Andalucía, el consejero de Justicia, Antonio Nieto, ha manifestado que “si se decide que una persona que tiene cáncer no entre prisión, para todo el mundo se tiene que tomar esa decisión y en todos los casos se tiene que actuar de la misma forma. La justicia es justa cuando es universal y se trata de forma equitativa a todas las personas que están en esas circunstancias”

Desde que fue condenado a seis años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por malversación y prevaricación por la Audiencia de Sevilla en noviembre de 2019, Griñán ha interpuesto todos los recursos en todas las instancias posibles para tratar de impedir su entrada en prisión. Antes incluso de que se conocieran los argumentos del Tribunal Supremo que ratificaban la sentencia de la audiencia, la familia del expresidente de la Junta presentó al Gobierno una petición de indulto parcial alegando cuestiones humanitarias. También ha interpuesto un incidente de nulidad ante el Supremo, argumentando que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, cuya tramitación no suspende su ingreso en prisión, según trasladó el alto tribunal.