El fiscal investiga si el líder de Vox en Castilla y León usó recursos de la Junta para promocionar al partido ultra

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León investiga si el vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, también líder de Vox, aprovechó recursos de la Junta con fines partidistas. Las pesquisas comenzaron tras la denuncia que interpuso Francisco Igea, el dirigente de Ciudadanos que precedió en el cargo a Gallardo, al entender que el dirigente ultra regional incurrió en una irregularidad al colocar el logo de Vox y música en el vídeo de la toma de posesión de un cargo de la Junta. El...

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León investiga si el vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, también líder de Vox, aprovechó recursos de la Junta con fines partidistas. Las pesquisas comenzaron tras la denuncia que interpuso Francisco Igea, el dirigente de Ciudadanos que precedió en el cargo a Gallardo, al entender que el dirigente ultra regional incurrió en una irregularidad al colocar el logo de Vox y música en el vídeo de la toma de posesión de un cargo de la Junta. El tuit de García Gallardo con el vídeo ha sido borrado.

La fiscal que ha analizado el caso detalla, tal y como ha adelantado El Norte de Castilla y confirmado EL PAÍS, que el pasado 3 de junio García-Gallardo colgó en Twitter un vídeo sobre su intervención en una toma de posesión de un puesto oficial de la Junta. “Según parece, se trata de un vídeo elaborado por los servicios de comunicación de la Junta sobre la toma de posesión del nuevo viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral, al que Vox añadió música y su logo y que fue publicado en el Twitter del vicepresidente. No es descartable, al contrario, que la utilización partidista de un acto institucional, protagonizado, exclusivamente, por cargos institucionales, puedan haberse servido de más medios públicos, por lo que también sería aconsejable la investigación”, apunta la resolución, que ve posible además que para realizar ese contenido audiovisual se empleasen recursos públicos.

La fiscal destaca que tales acontecimientos podrían suponer un delito de malversación porque debe resolverse si el vicepresidente “se excede de las facultades que le corresponden” cuando destina el patrimonio de la Junta “a un objetivo o interés distinto al interés general, como consecuencia de su utilización partidista”. Así, considera que ese uso causa “perjuicio” al órgano de gobierno de Castilla y León, pues sus recursos no deberían “servir a los designios de partido alguno”.

El exvicepresidente y ahora único procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, valora que el ministerio público se haya posicionado de este modo hacia la denuncia que presentó poco después de difundirse el vídeo cuestionado. “Estamos satisfechos de que se abra la investigación, pensábamos que se merecía al menos investigarlo y la Fiscalía está de acuerdo”, expone Igea, que insiste en que desde su “labor de oposición” van a intentar impedir “malos usos de dinero público o uso de propaganda directa o indirecta”.

El ex alto cargo matiza que este paso dado por la Fiscalía “no presupone ni culpabilidad ni inocencia, pero sí demuestra que algo de razón teníamos” y afea que Gallardo y su partido de extrema derecha recurran a un “escenario, acto y logo de la Junta con finalidad perversa para propaganda de partido, es insólito, nunca había visto nada así en mi vida política”. El vídeo fue retirado en cuando se formó polémica a su alrededor, pero no por ello, planteó Ciudadanos en su escrito, se altera “ni la procedencia de la investigación ni la eventual comisión de los delitos aquí denunciados, máxime cuando el hecho relevante penalmente ya se habría producido”.

El parlamentario de Ciudadanos aspira a que a través de este proceso, de resultado aún incierto y a la espera del pronunciamiento del alto tribunal autonómico, sirva para “frenar” lo que cree una “costumbre” en su sucesor. Vox, con el PP de acuerdo como socio de Gobierno, ha anunciado un estudio de viabilidad de la central nuclear de Garoña (Burgos), cerrada en 2017 con conformidad de la empresa que la administraba, pese a que la Junta no tiene competencias para poder abrirla. “Es un gasto de dinero público para algo en lo que no tienen competencias, no es buen uso de ese dinero, sino para propaganda propia”, censura Igea, que sentencia sobre la actitud del socio de Alfonso Fernández Mañueco (PP) en la presidencia de la comunidad: “Se han instalado en la propaganda”.