El juez del ‘caso Neurona’ lleva siete meses buscando un perito que asuma una prueba que considera clave

El juez del caso Neurona se ha topado con un importante escollo. El magistrado Juan José Escalonilla, que abrió la investigación contra Podemos en julio de 2020 tras la denuncia de un antiguo abogado de la formación enfrentado con la cúpula, lleva más de siete meses buscando un perito que asuma la práctica de la prueba clave que queda: la elaboración de un informe sobre los trabajos desarrollados por la consultora mexicana Neurona pa...

El juez del caso Neurona se ha topado con un importante escollo. El magistrado Juan José Escalonilla, que abrió la investigación contra Podemos en julio de 2020 tras la denuncia de un antiguo abogado de la formación enfrentado con la cúpula, lleva más de siete meses buscando un perito que asuma la práctica de la prueba clave que queda: la elaboración de un informe sobre los trabajos desarrollados por la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019. El instructor quiere determinar un precio para compararlo con los 363.000 euros que pagó el partido, liderado entonces por Pablo Iglesias.

Según consta en la documentación incorporada al sumario, a la que tuvo acceso EL PAÍS, el encargo del juez ha pasado, al menos, por las manos de dos peritos y dos asociaciones profesionales. Pero ninguno aceptó. “Debe hacerlo un experto en cuestiones electorales, temas audiovisuales, campañas o marketing. Alguien que tenga alguna relación con la publicidad, el periodismo...”, explica Francisco Serrano, uno de los técnicos que ha rechazado la solicitud del magistrado: “Yo soy ingeniero industrial. No he hecho jamás un peritaje de ese tipo, ni lo conozco”.

El magistrado encargó el pasado noviembre una prueba que la Fiscalía considera innecesaria. Según la orden del instructor, los peritos debían elaborar un informe sobre los servicios prestados por Neurona que el propio juez ya da por acreditados: 48 diseños gráficos, 48 vídeos y la cobertura de siete actos electorales. Pero Podemos protestó. El partido mantiene que Escalonilla no tiene en cuenta muchos otros trabajos que había hecho la consultora —la Audiencia de Madrid aceptó este extremo y ordenó que la pericial incluyera el análisis de otros 143 archivos—; y que la labor de la compañía iba mucho más allá, ya que fue “un servicio global de consultoría política, electoral y audiovisual”.

Fuentes de la formación añaden además que, en una sociedad de mercado, resulta complicado calcular el coste. “Los precios no son tasas o aranceles fijados reglamentariamente. Tampoco el servicio requerido. No es lo mismo elaborar productos puntuales que tener la disponibilidad de un equipo de campaña completo que pueda cubrir todas las áreas, a disposición 24/7” expuso el partido en un escrito, donde pone como ejemplo el sector jurídico: “Ni todos los despachos ni todos los profesionales de la abogacía cobran lo mismo por sus servicios”.

En esa idea incidió la Fiscalía al valorar la pericial: “Entendemos, como [Podemos], que la formación política puede contratar con los proveedores que considere oportuno y es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste”. Aunque, eso sí, consideró “lógico” que se encargase la prueba.

“Calidad y cantidad”

Escalonilla avanzó sus intenciones en julio de 2021. A través de una resolución dictada para ampliar el plazo de instrucción, el magistrado adelantó que, más allá de otras pruebas que aún quedaban pendientes, “faltaba” la práctica de otra diligencia más importante: “La emisión de un informe pericial sobre el precio de realización de dichos vídeos y diseños, presuntamente llevados a cabo por trabajadores contratados por Neurona Consulting, en atención tanto a su cantidad como a su calidad”. Su propósito se materializó el 12 noviembre de ese mismo año, cuando finalmente ordenó confeccionar ese documento.

A partir de entonces comenzaron los problemas. Ningún técnico particular asumió el encargo. Ante la incapacidad de encontrar un experto especializado, el instructor se dirigió el 5 de mayo a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid para que le indicase un “perito capacitado” que pudiera llevar a cabo la labor, pero la respuesta llegada desde este colectivo resultó negativa. La asociación, al considerar primero que “se trataba de una cuestión técnica”, se puso en contacto con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, que descartó asumir la tarea: “Parece que lo que precisan es un profesional del ámbito de la comunicación”.

El Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública —que tiene expertos del área de “comunicación social y marketing político”— también se descartó: “Nuestra especialidad no es la requerida. Los asuntos a dirimir, entre los que se encuentra la evaluación del coste de una serie de servicios relacionados con el diseño, la realización de material audiovisual y la organización de eventos con su preparación de material técnico, no se corresponde en ningún caso con las especialidades recogidas dentro de nuestras titulaciones”. Ante tales las respuestas, la Unión Interprofesional le ha dicho al juez que dirija su encargo a la Asociación de la Prensa de Madrid o a una asociación de profesionales de producción audiovisual. Cosa que ya ha hecho.

Dos años de investigación

El caso Neurona cumplirá dos años a mediados de julio. La causa, que nació como un mocroproceso, se ha desinflado a lo largo de este tiempo. El juez Escalonilla ha llegado a abrir siete líneas de investigación, de las que ha dado carpetazo a seis —además de dar luz verde a otras tres pesquisas derivadas, como el caso Niñera, de las que dos ya han sido archivadas—. El instructor descartó, por ejemplo, los supuestos sobresueldos a cargos del partido, el desvío de dinero de la Caja de Solidaridad o las irregularidades en la reforma de la sede de Podemos.

El magistrado mantiene viva la parte principal del sumario: el contrato con Neurona. Pero le ha dado un giro. En un principio, sospechaba que la formación contrató a la consultora para las elecciones generales de abril de 2019 y le pagó más de 360.000 euros por unos proyectos que nunca se realizaron. Sin embargo, una vez que dio por acreditada una parte, ordenó la pericial para valorar si los trabajos coinciden con el precio abonado.