El Gobierno baraja nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional aunque no se renueve el Poder Judicial
El ministro Bolaños advierte de que el Ejecutivo no tiene por qué esperar a que el PP decida cumplir los mandatos de la Constitución
El Gobierno contempla la posibilidad de designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional en la próxima renovación de este tribunal, prevista para este mes de junio, sin esperar a que se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Al órgano de gobierno de los jueces le corresponde designar a otros dos magistrados al mismo tiempo que al Ejecutivo, pero no puede hacerlo, ya que la ley lo impide al encon...
El Gobierno contempla la posibilidad de designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional en la próxima renovación de este tribunal, prevista para este mes de junio, sin esperar a que se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Al órgano de gobierno de los jueces le corresponde designar a otros dos magistrados al mismo tiempo que al Ejecutivo, pero no puede hacerlo, ya que la ley lo impide al encontrarse en funciones. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró este miércoles que el Ejecutivo tiene facultades legales para llevar a cabo los dos nombramientos. Y ello aunque el PP mantenga el bloqueo del Poder Judicial, que trabaja de forma interina desde diciembre de 2018.
El mandato del actual Constitucional termina teóricamente el próximo 12 de junio, pero de hecho ya está organizando su agenda hasta al menos el paréntesis de agosto, por si la renovación no llegara a producirse en la fecha legalmente prevista. Sin embargo, las manifestaciones de Bolaños en Onda Cero abren nuevas expectativas de que pudiera llevarse a cabo al menos un relevo parcial de los cuatro magistrados que deberían cambiar a lo largo de este mes.
La sentencia de mayor trascendencia que el tribunal de garantías sigue teniendo pendiente es la relativa al recurso presentado por el PP en 2010 contra la vigente ley del aborto. La deliberación ya habría comenzado de no ser por la convocatoria anticipada de las elecciones andaluzas del 19 de junio. El tribunal ha decidido dejar pasar la cita electoral, contando con abordar el asunto a finales del presente mes.
La renovación del Constitucional podría dar lugar a cambios en los planes del tribunal. La Constitución establece que el mandato de los magistrados es de nueve años y que órgano de garantías se renovará cada tres años por tercios. Ahora, por tanto, deben cambiar cuatro magistrados, los dos nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy y los dos nombrados por el Consejo del Poder Judicial en 2013. Se trata en el primer caso del actual presidente, Pedro González-Trevijano, y del magistrado Antonio Narváez, y en el segundo caso del vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y del magistrado Santiago Martínez Vares.
A su vez, el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró hace casi cuatro años, mantiene bloqueada su capacidad de efectuar nombramientos mientras siga en funciones. La duda legal es si el Gobierno podría realizar las dos designaciones que le corresponden sin esperar al desbloqueo del Poder Judicial, dado que la propia Constitución contiene la mencionada previsión de que las renovaciones de esta institución se realizarán por tercios.
En este sentido, las manifestaciones de Bolaños en las que ha expuesto la autonomía del Ejecutivo para hacer su parte en la renovación del tribunal entrañan un claro mensaje al PP en el sentido de que entiende que no hay impedimentos legales para decidir sin dilación al menos dos de los relevos, y que, por tanto, baraja actuar sin dilaciones. La incógnita, en este supuesto, es cómo reaccionaría no solo el PP, sino también la actual mayoría conservadora del Constitucional.
Con ocasión de cada renovación el tribunal debe celebrar un pleno en el que dé luz verde a la llegada de sus nuevos integrantes, una vez comprobado que reúnen los requisitos legales para acceder al cargo. En principio, dicho examen se centra en verificar su condición profesional, sus años de experiencia en el ejercicio de sus respectivas profesiones jurídicas. Ahora bien, no han faltado voces para especular sobre un posible freno del propio Constitucional a su renovación parcial.
Las manifestaciones de Bolaños se oponen claramente a esta tesis, al tiempo que contienen un nuevo emplazamiento al PP para que permita desbloquear la renovación de importantes instituciones del ámbito jurídico, como son tanto el Consejo del Poder Judicial como el propio Constitucional. En este sentido, el ministro de Presidencia señaló: “Es gravísimo que el principal partido de la oposición no cumpla la ley de manera abierta”, para añadir a renglón seguido que si los populares asumen los mandatos de la Constitución se renovarán “los cuatro magistrados del Constitucional en cuanto haya plazo”.