La inercia de acuerdos, en quiebra

El Gobierno no puede intervenir en los convenios pero sí en la fiscalidad de las empresas para sufragar un fondo para los vulnerables. Las centrales sindicales tenderán la mano, pero sin permitir que otros actores les arrebaten su representación. Elimínese del lenguaje político y socioeconómico la expresión “pacto de rentas”. No lo habrá.

No hace tanto, el 2 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso con tono grave la necesidad de alcanzar un “plan nacional de respuesta al impacto de la guerra” e impulsar un “pacto de rentas”. Lo primero está en marcha, a pesar de las ...

El Gobierno no puede intervenir en los convenios pero sí en la fiscalidad de las empresas para sufragar un fondo para los vulnerables. Las centrales sindicales tenderán la mano, pero sin permitir que otros actores les arrebaten su representación. Elimínese del lenguaje político y socioeconómico la expresión “pacto de rentas”. No lo habrá.

No hace tanto, el 2 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso con tono grave la necesidad de alcanzar un “plan nacional de respuesta al impacto de la guerra” e impulsar un “pacto de rentas”. Lo primero está en marcha, a pesar de las serias dificultades que ha tenido que pasar en el Congreso. Nada sobre la mesa, sin embargo, del pacto de rentas ante las diferencias abismales de sindicatos y patronal. El Gobierno sabe ya que no hay nada que hacer; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sostiene que nunca ha estado sobre la mesa de negociación. El anuncio lo hizo el presidente en el Congreso. Lo siguiente será la presión de los sindicatos para que el Ejecutivo actúe por vía fiscal y eleve el impuesto de sociedades. Aún sin alarmismos, las centrales sindicales preparan sendas concentraciones nacionales de sus delegados para acompañar de presión la negociación de lo convenios uno a uno, una vez fracasada la negociación colectiva global. En la hipótesis del desacuerdo entra la convocatoria de huelgas.

La inercia de acuerdos de abajo arriba se ha quebrado. Por muchos intentos del Gobierno, singularmente de la ministra de Trabajo, para tirar del carro del acuerdo social, no parece posible. La inflación desatada deteriora el discurso alegre del Ejecutivo sobre la creación de puestos de trabajo. Esa subida de precios sin alzas salariales es el caballo de batalla de los sindicatos, con la comprensión del Gobierno y el rechazo de la patronal. Las espadas están en alto con la demanda sindical de una subida de un 3,5% y, sobre todo, de una cláusula de revisión salarial a finales de año. Estabilidad y equilibrio para trabajadores y empresarios, son las consignas repetidas que no llegan a ninguna parte.

“Si esto ocurriera con un Gobierno del PP, los sindicatos habrían convocado ya varias huelgas”. Este augurio se reitera en ámbitos conservadores pero se rechaza en el Ejecutivo, que responde exhibiendo los acuerdos alcanzados entre los agentes sociales con poco o ningún apoyo de la derecha parlamentaria. Esa situación satisfactoria ha acabado con los nuevos males traídos por la guerra en Ucrania, que ha agravado la inflación y los problemas energéticos. Los sindicatos, con Unai Sordo y Pepe Álvarez al frente de CC OO y UGT, aseguran que quieren acuerdos y no conflictos, por lo que aún se esforzarán al máximo para “atraer a la CEOE a posiciones más equilibradas”, señalan interlocutores sindicales. Pero sí habrá preavisos, avisos y demostración de músculo sindical. Antes de que termine junio habrá dos grandes movilizaciones frente a las sedes de las organizaciones empresariales territoriales de toda España para empujar la negociación de los convenios. No hay afán de convocar huelgas pero las habrá si los convenios terminan en frustración para los trabajadores. Este asunto no compete al Gobierno pero sí es consciente de que las exigencias de los sindicatos no son desmesuradas, dado el quebranto del poder adquisitivo con la inflación en el 8,4% aunque con tendencia a disminuir.

El contexto no es bueno para ninguno de los actores. Elecciones en Andalucía en menos de cuatro semanas; congreso de la patronal CEOE cercano con la segura reelección de Antonio Garamendi; pugna entre los partidos de izquierda, con el PSOE a la cabeza, para alzarse como garantes de las necesidades de las clases menos pudientes, y los sindicatos. Al tiempo, la derecha aguarda a que la paz social se tambalee. El Gobierno ya sabe que pronto los sindicatos le mirarán para que “sea más valiente”, apuntan las centrales.

Una prestación para hacer frente a la inflación puede ser una de las medidas destinadas a los empleados con bajos sueldos. Una subida del tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades podría ser la base para esa ayuda de los que tienen dificultades. En este contexto, las respuestas de la CEOE son rechazadas de plano: vincular la subida salarial a la productividad y olvidar por completo la inflación. Si suben los salarios, suben los precios y la espiral inflacionista, alega la máxima organización empresarial. Imposible para los sindicatos aceptar esos argumentos. Hoy se celebra una reunión de los agentes sociales, con los segundos niveles de cada organización, en la que habrá números sobre la mesa. Se trata de debatir la dificultad de ciertos sectores empresariales, sobre todo la hostelería, en encontrar trabajadores. Los sindicatos llevan en cartera sus conocimientos sobre el terreno. Quizá tenga algo que ver la oferta de 1.200 euros de salario, con muchas horas de trabajo, y pagos de alquiler que pueden estar entre los 600, 800 o 900 euros, según la localidad de que se trate.

De esto se hablará hoy en esta mesa de negociación con el fondo de preocupación de los riesgos que supone estirar sin mesura la cuerda social. Los sindicatos siguen dispuestos a estar en primera línea para acordar pero sin dejar que otros actores los arrinconen o los sustituyan.