La lucha de Maider contra el “secuestro” de su hija en Orán

Amira era un bebé de cuatro meses cuando en mayo de 2018 partió de España con sus padres rumbo a Argelia. Su madre, Maider Ortiz de Arri, vitoriana de 23 años, solo ha conseguido verla en los últimos cuatro años en contadas ocasiones, siempre bajo vigilancia, con ayuda de un traductor de árabe. No ha podido recuperarla, sigue retenida por el progenitor en aquel país. La justicia argelina concedió la custodia de la menor (ahora tiene cuatro años) a su expareja, pese a que el juzgado de violenc...

Amira era un bebé de cuatro meses cuando en mayo de 2018 partió de España con sus padres rumbo a Argelia. Su madre, Maider Ortiz de Arri, vitoriana de 23 años, solo ha conseguido verla en los últimos cuatro años en contadas ocasiones, siempre bajo vigilancia, con ayuda de un traductor de árabe. No ha podido recuperarla, sigue retenida por el progenitor en aquel país. La justicia argelina concedió la custodia de la menor (ahora tiene cuatro años) a su expareja, pese a que el juzgado de violencia de género de la capital alavesa le había retirado la patria potestad y contra él se dictó una euroorden de detención. Un vuelco judicial en el país africano y la presión diplomática son las únicas esperanzas que Ortiz mantiene para “liberar” a la niña y devolverla a su casa.

Recién cumplidos los 17, esta vitoriana comenzó una relación a mediados de 2016 con Mohamed El Habib Cherifi y un año después (el 17 de diciembre de 2017) dio a luz a Amira. El nacimiento de la pequeña fue un alivio en el calvario que vivía junto a él. Ella no quiere remover aquellos episodios tormentosos y prefiere que lo haga su madre, Mar Robles: “Mi hija tuvo que soportar gritos y agresiones desde el principio”. La vida de Ortiz se tuerce al poco de nacer su hija. No pone impedimento a viajar a Orán junto al “maltratador” y el bebé. “Salieron el 1 de mayo [de 2018] y el 3 de mayo Maider nos llamó desde allí llorando. Le estaba pegando. Ese día su pareja le quitó a Amira de los brazos y le forzó a hacer las maletas. La llevó al aeropuerto y, bajo amenazas, le obligó a regresar sola a casa. Maider no se pudo despedir de Amira”, relata la abuela.

Comienza entonces un largo y turbulento empeño por recuperar a su hija. Ortiz denunció a Cherifi por maltrato físico y psicológico y por apartarla con amenazas de la menor. El juzgado de violencia de género dictó en enero de 2019 una orden de alejamiento contra él, le prohibió sacar a la pequeña del territorio nacional, le retiró el pasaporte y le negó la patria potestad sobre la niña. Mar Robles asegura que, durante este periodo, la expareja “ha tenido abandonada a Amira mientras él ha seguido haciendo fechorías de todo tipo; no ha cuidado nunca de ella”. La menor tuvo que ingresar en un centro social de Orán por la falta de atención de su progenitor.

Ortiz viajó de nuevo a Argelia a finales de 2020 con la ayuda del Consulado español en Orán. Interpuso una denuncia en aquel país y logró la asistencia letrada de una abogada nativa. Declaró durante dos horas y media en el juzgado en presencia de su “agresor”, explica Mar Robles: “Maider residió aquel tiempo en el Obispado francés, pero en un intento desesperado por recuperar a Amira, aceptó vivir con él [en Orán] mientras el juzgado resolvía la causa. Sufrió mucho durante aquellos casi siete meses de estancia en Argelia, pero lo compensaba con la satisfacción de visitar a su hija. Le daba de comer, la vestía, la dormía…” Pero en marzo de 2021 todo se le volvió en contra nuevamente. Pese a que Ortiz aportó al juzgado informes psicosociales suyos y la resolución judicial por malos tratos contra su expareja dictada en España, una jueza argelina otorgó la custodia al padre por el “arraigo cultural” de la menor. En la resolución pesó que Amira solo habla árabe, tiene el primer apellido de su progenitor y la doble nacionalidad.

En mayo de 2021 Ortiz vuelve a llamar a sus padres. Desesperada, ruega que la saquen de allí. No ha vuelto a ver a su hija, salvo en fotografías. Una amiga saharaui de Vitoria le ayuda con el idioma para conectarse con los familiares de Cherifi que crían a la pequeña. “Amira vive sin padre ni madre,”, se lamenta Ortiz. No sabe el paradero de su hija, las comunicaciones entre ambas se cortaron hace ya algunos meses.

Unos años antes, Ana Rosa Castro sufrió otro tormento similar. Sufrió penalidades muy parecidas. Ambas no se conocían, pero sus historias son coincidentes. Las dos son de Vitoria, se enamoraron muy jóvenes de chicos argelinos y tuvieron descendencia con ellos. Fueron víctimas de malos tratos. También les fueron arrebatadas sus hijas con un patrón calcado: los padres se las llevaron a Orán y permanecen allí retenidas, “secuestradas”, coinciden. No han podido recuperarlas. Las dos madres, por separado, han hecho esfuerzos ímprobos por devolverlas a casa, gastado cientos de euros, pero siguen separadas de sus pequeñas.

Castro tiene 29 años y desde hace más de siete no ha estado con su hija Mokhtaria Amira. Antes de alcanzar la mayoría de edad conoció a su pareja, oriundo de Argelia, y a los cinco meses se quedó embarazada. En 2013 el padre fue condenado en España a tres años de cárcel por delitos de robos con violencia y atentado contra la autoridad. Fue entonces cuando aprovechó para sustraer a la pequeña, que ahora cumplirá 10 años. Tampoco sabe nada de ella y las posibilidades de recuperarla se esfuman.

Castro y Ortiz contactaron en 2018 a través de Facebook, pero no han vuelto a reencontrarse. A la primera le resulta muy triste refrescar lo sucedido: “Yo no he solucionado nada debido a la mierda de justicia que tenemos en este país. La verdad es que mi caso no ha salido bien, ni va a salir bien. Creo que lo que yo pueda decirle a Maider no le va a ayudar en su caso. Son siete años y para mí es un dolor tener que volver a hablar y recordar lo sucedido. Lo siento mucho”.

Ortiz no arroja la toalla. Ha recibido el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores; del consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka; del delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso; y de otras autoridades. Mar Robles ha pedido al Parlamento vasco ayuda y “protección” para su hija y su nieta. Asuntos Exteriores asegura que el Consulado General de España “está al corriente” de este caso y está “asesorando y prestando asistencia consular” a la familia. El Gobierno aclara que su asistencia en Argelia debe producirse siempre respetando la normativa local y que no puede asumir la asistencia letrada que precisa la madre en aquel país. La familia confía en que la vía diplomática facilite el regreso a España de Amira. A la vez, sigue abierto el pleito en un juzgado de Orán, el único resquicio que le queda para volver a tenerla entre sus brazos.