Dos policías de Nueva York acuden a las cinco de la tarde del 16 de noviembre de 2020 al número 8 de Catherine Street. El inmueble está en una zona comercial junto a locales donde venden té con burbujas o fideos chinos. Los agentes suben al cuarto piso, suite A, en busca de Philippe Solomon, dueño de la consultora Sinclair & Wilde que ocho meses antes, en lo peor de la pandemia,...

Dos policías de Nueva York acuden a las cinco de la tarde del 16 de noviembre de 2020 al número 8 de Catherine Street. El inmueble está en una zona comercial junto a locales donde venden té con burbujas o fideos chinos. Los agentes suben al cuarto piso, suite A, en busca de Philippe Solomon, dueño de la consultora Sinclair & Wilde que ocho meses antes, en lo peor de la pandemia, ha vendido al Ayuntamiento de Madrid 500.000 mascarillas FFP2 marca EKO por 2,5 millones de euros.

El material era tan defectuoso que Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos en la capital, intentó en agosto devolverlo sin éxito. El Ayuntamiento de Madrid había adelantado 1.250.000 euros y quería recuperar ese dinero. Pero Philippe Solomon se ha esfumado, no contesta a los correos electrónicos y está ilocalizable. Por eso, la Policía Municipal de Madrid ha pedido ayuda al departamento de Policía de Nueva York para encontrar al desaparecido.

Seguir las huellas de una estafa es, a veces, un trabajo frustrante abocado al fracaso.

Los dos agentes neoyorquinos solo encuentran en la suite 4A del número 8 de Catherine Street a Henry M. Fong, dueño de Fong Contabilidad, firma especializada en la preparación de declaraciones de renta. El hombre cuenta a la pareja de policías lo poco que sabe de Sinclair & Wilde y de su dueño, Philippe Solomon:

—“Sinclair & Wilde no ocupa ningún espacio aquí. Hice un favor a un cliente para que usara esta dirección como dirección postal de su empresa. Solo he hablado con Solomon por correo electrónico o videollamada. Nunca le conocí en persona. Creo que vive en algún lugar de Europa. Hace poco le informé que había recibido aquí varias cartas dirigidas a Sinclair de diferentes órganos judiciales, la más reciente del Tribunal del Distrito Sur de Florida. Si continuo recibiendo esos correos, cortaré mi relación con Solomon”.

La huella postal del presunto estafador es un agujero negro que conduce a ninguna parte.

El Ayuntamiento de Madrid ha perdido 1.250.000 euros en la compra de 500.000 mascarillas a Sinclair & Wilde. Esa operación fue autorizada en la madrugada del 25 de marzo de 2020 por el consejo de administración virtual de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios. Ese mismo día se contrató otro millón de mascarillas KN-95 a Leno, una empresa de Malasia a la que el Ayuntamiento de Madrid había llegado a través de dos intermediarios: Luis Medina y Alberto Luceño. Ambos comisionistas están imputados por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Del material vendido por 11 millones de euros, los dos comisionistas se llevaron cinco millones.

El juez que instruye el caso de las mascarillas vendidas por Medina y Luceño ha escrito que el proceso abierto “tiene un interés general y una enorme repercusión pública al investigarse el manejo de los fondos en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el peor momento de la pandemia de covid-19, con miles de fallecimientos diarios”.

El riesgo de sufrir fraude en aquellos días de marzo de 2020 era muy grande en el Ayuntamiento de Madrid. El recurso a la contratación de emergencia, sin controles ni concurrencia, incrementó el peligro de perder fondos multimillonarios en la adquisición de material a comisionistas sin escrúpulos.

De 59 contratos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas en el Ayuntamiento de Madrid, tan solo en cuatro (apenas un 7%) se solicitaron varias ofertas a más de una empresa para decidir la adjudicación. El resto de contratos (93%) se concedió a dedo, sin concurso. Todavía no hay explicación de por qué se contrató con esas firmas y no con otras que ofrecieron supuestamente los mismos servicios.

Madrid es la ciudad, entre las 12 más pobladas de España, que menos recurrió a solicitar ofertas a distintas empresas para adquirir material anticovid. Le siguen Bilbao con el 9%, Barcelona y Zaragoza con el 11%. Sevilla pidió ofertas en el 30% de los contratos, y Valencia en el 42%.

Desinformación

La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción ha destapado un sistema de contratación en el Ayuntamiento de Madrid basado en la desinformación y la falta de controles. El consistorio tenía hasta 90 órganos distintos de contratación. Entre marzo y septiembre de 2020, gastó más de 100 millones de euros en material sanitario para combatir la pandemia. Hasta 16 empresas distintas suministraron productos sanitarios al Ayuntamiento de Madrid en aquellas fechas. Dos días antes de que los supuestos estafadores (Medina, Luceño, y Philippe Solomon) cierren la venta de mascarillas a entre cinco y 6,24 euros, la empresa farmacéutica portuguesa GLSMED entrega 100.000 mascarillas FFP2 al Ayuntamiento de Madrid por 2,5 euros. Otra firma, SUBICU, también vende en esas fechas otras 100.000 mascarillas a 2,75 euros.

La reconstrucción que ha hecho la Fiscalía de la supuesta estafa de los comisionistas Luceño y Medina aún mantiene preguntas sin respuesta.

Medina pone el precio

Luis Medina, hermano del Duque de Feria y vinculado al mundo de la moda, consiguió que altos cargos del Ayuntamiento de Madrid le abriesen las puertas. Ofrecía material sanitario anticovid y se lo compraron. La negociación con Medina transcurrió en términos muy sospechosos. El 20 de marzo, Elena Collado, la coordinadora general de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, se pone en contacto con Medina a través de un correo electrónico a las 18.24 donde le pregunta: “¿Qué pedido mínimo podríamos hacer? ¿Cuál es el precio unitario?”.

“Te lo digo mañana. China dormida”, contesta Medina.

El Ayuntamiento terminó pagando a Leno, la empresa para la que intermediaban Medina y Luceño, uno de los precios más caros por mascarillas FPP2 (6,24 euros); el más caro por test de autodiagnóstico (17 euros) y una tarifa desproporcionada por guantes de nitrilo (dos euros el par). Elena Collado denunció esta última estafa y le devolvieron cuatro de los cinco millones de dólares pagados por 2,5 millones de pares de guantes.

La coordinadora general de Presupuestos confesó al fiscal que nunca pensó que Medina y Luceño —con el que mantuvo nueve meses de conversaciones para gestionar los contratos— fueran comisionistas. Pensó que querían ayudar a Madrid en un momento de necesidad. El alcalde José Luis Martínez Almeida, cuyo primo facilitó el contacto municipal a los comisionistas, tampoco sospechó nada y llegó a agradecer personalmente a Medina que donase 183.000 mascarillas. Tampoco supo, según cuenta ahora al sentirse engañado, que Medina ganó un millón de euros a costa del Ayuntamiento de Madrid por algunas gestiones telefónicas.

La operación, que comenzó a gestarse el 20 de marzo, según los correos electrónicos conocidos ahora, se cerró de madrugada el 24 de marzo en un consejo de administración virtual donde los consejeros de la Empresa Funeraria votaron a favor ante la “premura de tiempo” y la situación de emergencia que vivía Madrid.

Aprobaron esa operación sin saber que los comisionistas Luceño y Medina iban a dar el sablazo de sus vidas al Ayuntamiento de Madrid. En las cuentas bancarias de Luceño, nunca se registraron ingresos tan altos, según el sumario del caso.

Mientras estos empresarios y comisionistas estafaban en marzo de 2020 al Ayuntamiento de Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida censuraba al Ejecutivo de Pedro Sánchez en los medios de comunicación: “Cuando el Gobierno descubrió que no tenía estructura para comprar material, nos mandó a buscarnos la vida. Algunos nos la hemos buscado mejor. Yo llevo aquí proveyendo de test absolutamente fiables a todo el personal del Ayuntamiento de Madrid, lo que demuestra que nosotros sí lo hemos podido conseguir”.

Mientras pronunciaba estas palabras, su coordinadora general de presupuestos se quejaba al comisionista Luceño porque los test de autodiagnóstico comprados a la empresa malasia Leno tenían escasa calidad y una fiabilidad inferior al 60%.

“No hay que exigir responsabilidades hasta que no acabe la pandemia porque cada minuto cuenta para salvar vidas”, insistía entonces Almeida, “pero una de las principales responsabilidades es cómo fue posible que el Gobierno de la nación no fuera capaz de comprar test fiables en número suficiente y que los tuviera que devolver gastándose el dinero de todos los españoles y que no tenga el coraje de decirle a los españoles: lo siento, nos hemos equivocado”. El alcalde de Madrid que ocultó durante más de un año las estafas que supuestamente sufrió el Ayuntamiento en la compra de distinto material sanitario, se siente ahora víctima de una cacería porque la oposición le pide cuentas por lo ocurrido.