La inmigración irregular, pieza clave de la negociación sobre el Sáhara

España ha arrancado tres compromisos de Marruecos a cambio de su respaldo al plan para la autonomía del Sáhara, la vía propuesta por Rabat que no tiene en cuenta la voluntad de los saharauis. Con el acuerdo, según el comunicado español, se garantiza que Marruecos no emprenderá acciones unilaterales, como la extensión de la ...

España ha arrancado tres compromisos de Marruecos a cambio de su respaldo al plan para la autonomía del Sáhara, la vía propuesta por Rabat que no tiene en cuenta la voluntad de los saharauis. Con el acuerdo, según el comunicado español, se garantiza que Marruecos no emprenderá acciones unilaterales, como la extensión de la zona económica exclusiva marroquí hasta aguas de Canarias, y que respetará la integridad territorial, en clara referencia a Ceuta y Melilla. El tercero —y, quizá, más importante— es un compromiso de cooperación en la “gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico”. Una fuente de la administración vinculada a la política migratoria afirma: “El control de la inmigración ha sido clave para el cambio de la posición española”.

España, tal y como ha diseñado su política migratoria, depende de Marruecos para gestionar su inmigración irregular. Las cifras de nacionalidad y países de salida, que el Ministerio del Interior nunca hace públicas, dejan claro el papel del vecino del Sur como país de origen y tránsito de los migrantes que llegan al continente a través de las costas españolas. Este año, hasta el 23 de febrero, ocho de cada diez personas que desembarcaron irregularmente en España partieron de Marruecos o del Sáhara Occidental (controlado por los marroquíes), según datos de la Policía Nacional a los que ha tenido acceso EL PAÍS. La proporción fue aún mayor en 2018, cuando España recibió el mayor número de inmigrantes irregulares de su historia. Entonces, nueve de cada 10 salieron del país magrebí. El porcentaje baila ligeramente en cada ejercicio, pero Rabat es, siempre, de lejos, el socio más importante para Madrid en materia migratoria. De él acaba dependiendo el tránsito en el Mediterráneo, en Ceuta y Melilla y en Canarias. Sus nacionales, con la excepción de algunos años en los que son superados por los argelinos, son los que más emigran irregularmente a España.

Desde 2019, Marruecos es el país que más fondos españoles recibe para patrullar, interceptar pateras en el mar y comprar vehículos destinados al control fronterizo. En 2021 fueron para las arcas marroquíes 30 de los 43,5 millones que también financian la cooperación policial de Senegal, Mauritania o Gambia. Para Europa es igualmente estratégico y es el segundo país que más fondos recibe para el control migratorio después de Libia. Fueron 343 millones de euros entre 2014 y 2020. Las nuevas partidas están aún negociándose y España ha mediado para que Rabat salga reforzado. Las fórmulas que utilizan las autoridades marroquíes para frenar a los migrantes, no obstante, han sido denunciadas por diversas ONG a lo largo de los años porque incluyen detenciones, redadas violentas, traslados forzosos y abandono de personas en zonas desérticas.

Pero la colaboración que España quiere de Marruecos no se basa solo en vigilar la frontera y desincentivar las salidas. España —y la UE en su conjunto— demandan que Marruecos coopere en el retorno de sus nacionales. También se aspira a cerrar acuerdos para incluir a migrantes de terceros países. No en vano, la UE, frustrada porque solo expulsa un tercio de los inmigrantes que se propone, está empeñada en que el retorno sustente buena parte del futuro plan migratorio del continente.

Hasta que sobrevino la pandemia y se cerraron fronteras, Madrid gestionaba con más o menos fluidez una serie de cupos de devolución con Rabat, pero desde 2020, las devoluciones se complicaron.

Tras el repunte de llegadas a las islas Canarias en 2020, por ejemplo, el Ministerio del Interior logró negociar cuatro vuelos semanales, que se mantuvieron de diciembre de 2020 a abril de 2021. En ese tiempo, España solo consiguió devolver 1.162 marroquíes de los más de 11.000 que habían llegado a las islas, según cifras de un informe reservado de la Comisión Europea. Este mismo documento, redactado tras la entrada de más de 10.000 personas en Ceuta en mayo del año pasado, daba cuenta de las dificultades de otros Estados miembros con Marruecos. El informe recogía que los Países Bajos calificaban de “muy pobre” la cooperación de las autoridades marroquíes en los procesos de retorno y los obstáculos de países como Bélgica, Austria o Rumanía.

Ni siquiera ahora, que Marruecos reabrió su espacio aéreo en febrero, España ha conseguido devolver marroquíes, según una fuente conocedora de esos dispositivos. En realidad, Rabat no se niega, pero exige que España —y el resto de países— garanticen que los devueltos tienen la pauta de vacunación completa y una PCR negativa. “Así es imposible, lo único que conseguiremos es que no se vacunen”, se quejaba una fuente policial al conocer los requisitos.