Dina Bousselham exculpa a Pablo Iglesias a días de declarar ante el juez y lo considera una “víctima”

Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias, insiste en exculpar al exvicepresidente del Gobierno en el caso Dina a pocos días de que ella misma acuda a testificar ante el juez Manuel García-Castellón. En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, donde se opone a la petición de Vox de que el exlíder de Podemos declare como imputado, Bousselham recalca que Iglesias es una “víctima” más de la trama del comisario José Manuel Villarejo y que, en ningún momento, le entregó a ella una “tarjeta destruida, quemada o con da...

Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias, insiste en exculpar al exvicepresidente del Gobierno en el caso Dina a pocos días de que ella misma acuda a testificar ante el juez Manuel García-Castellón. En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, donde se opone a la petición de Vox de que el exlíder de Podemos declare como imputado, Bousselham recalca que Iglesias es una “víctima” más de la trama del comisario José Manuel Villarejo y que, en ningún momento, le entregó a ella una “tarjeta destruida, quemada o con daños”, como ha mantenido el magistrado al colocar en la diana al exdirigente político.

La posición de Bousselham constituye un elemento clave para el futuro de esta causa, que dio un vuelco drástico en 2020, cuando el juez solicitó al Tribunal Supremo que imputase al entonces vicepresidente. La exasesora de Iglesias había denunciado el robo de su teléfono móvil, cuya tarjeta se encontró copiada en casa de Villarejo y cuyo contenido acabó publicado en varios medios de comunicación supuestamente para perjudicarle. Sin embargo, el instructor concluyó que el líder de Podemos se había inventado una conspiración al presentarse como víctima del comisario, además de dañar la tarjeta del móvil de Bousselham, que recuperó de manos de Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta, editor de la revista Interviú, y que “guardó sin decírselo a su propietaria” durante un tiempo.

Por ello, el juez atribuyó a Iglesias delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa. Pero el Supremo los descartó por falta de indicios. García-Castellón encargó entonces un informe a la Policía para tratar de encontrar pruebas sobre la supuesta destrucción de la tarjeta, pero resultó infructuoso.

A continuación, a finales del pasado enero, el magistrado dio por acabada la instrucción. Aunque, tal y como le ordenó la Sala de lo Penal, ha citado a declarar a Bousselham el 9 de marzo. El delito de revelación de secretos —por guardar la tarjeta un tiempo— requiere una denuncia previa de la víctima. Y, si la exasesora expresa que no tiene intención de actuar contra el expolítico, esa parte de la causa no tiene mayor recorrido. De hecho, ella siempre ha defendido hasta ahora a su exjefe y, según fuentes de su entorno, no tiene intención de cambiar de posición.

Así lo reitera la exasesora en su último escrito, enviado a la Audiencia Nacional el pasado 10 de febrero y al que tuvo acceso EL PAÍS, donde explicita que ella “pudo acceder al contenido de dicha tarjeta” cuando se la dio Iglesias; que no existen indicios de “una intervención humana” para dañar el dispositivo; y que no se le puede pedir reproche penal al exvicepresidente. “No procede en absoluto la declaración de Iglesias en calidad de investigado, puesto que no ha tenido ninguna participación en los hechos investigados más allá de la entrega a mi representada de una tarjeta”, explica la abogada en el documento.

Bousselham compara la sustracción de su móvil con Kitchen, la operación policial para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas sin control judicial para robarle presuntamente documentos comprometedores para altos cargos del PP, que también se investiga dentro del macrosumario del caso Villarejo. “Resulta probable que el robo del teléfono se hubiese podido ordenar desde el Ministerio del Interior o la Dirección Adjunta Operativa [de la Policía], utilizando medios policiales y/o fondos reservados, para conseguir información relativa a la financiación del partido político del que forman parte ambos perjudicados, [Bousselham e Iglesias]”, expone la abogada de la exasesora.

En esa línea ahonda el escrito: “Y se podría haber utilizado el contenido de lo descubierto en la tarjeta del terminal móvil con el objeto de realizar una campaña mediática con fines claramente electorales y partidistas contra Iglesias, en una maniobra de intoxicación informativa al objeto de perjudicar la imagen del [entonces líder de Podemos], candidato a la presidencia del Gobierno”. Según remacha la defensa de Bousselham, Villarejo pudo facilitar información del dispositivo a periodistas con los que mantenía “una relación directa”.