La desaparición de Sonia Iglesias se queda sin respuestas tras 12 años de búsqueda
Un juzgado certifica la muerte de la mujer a la que se le perdió el rastro en 2010 en Pontevedra, después de que el fallecimiento del principal sospechoso haya frustrado la investigación
El Juzgado de Familia de Pontevedra ha declarado civilmente fallecida a Sonia Iglesias, desaparecida el 18 de agosto de 2010 en el centro de esta ciudad gallega donde fue vista por última vez. Su único hijo, de 19 años, solicitó la certificación de su muerte a finales de 2020, tres meses después de que falleciera su padre, imputado como principal sospechoso de la desaparición de su madre. El trámite deja si respuestas un extraño caso sobre el que los investigadores reconocen “una enorme frustración”.
El 1 de enero de 2021 es la fecha legal del ...
El Juzgado de Familia de Pontevedra ha declarado civilmente fallecida a Sonia Iglesias, desaparecida el 18 de agosto de 2010 en el centro de esta ciudad gallega donde fue vista por última vez. Su único hijo, de 19 años, solicitó la certificación de su muerte a finales de 2020, tres meses después de que falleciera su padre, imputado como principal sospechoso de la desaparición de su madre. El trámite deja si respuestas un extraño caso sobre el que los investigadores reconocen “una enorme frustración”.
El 1 de enero de 2021 es la fecha legal del fallecimiento de Sonia Iglesias Eirín que se recoge en un decreto emitido por el juzgado en mayo pasado, según ha informado el Tribunal Superior de Galicia. El documento permitirá desbloquear los asuntos de carácter legal y administrativo de su hijo, como la herencia de sus padres o la parte de la pensión de orfandad que le corresponde de su madre, al haber trascurrido una década sin poder resolver la incógnita de su paradero.
Iglesias tenía 38 años y era empleada del grupo Inditex como encargada de la tienda de Máximo Dutti en la ciudad. La investigación se archivó provisionalmente en dos ocasiones por el juzgado de violencia de género, al no poder obtener ninguna prueba concluyente para acusar a su pareja, Julio Araújo, que presentó la denuncia de su desaparición y con quien estaba en trámites de separación.
Un caso que en principio no prescribirá hasta agosto de 2030, pero que difícilmente podrá resolverse ante el fallecimiento del único imputado, lo que ha producido “una enorme frustración a los investigadores”, según admite el fiscal jefe de Pontevedra. Para Juan Carlos Aladro, “no se trata de un crimen perfecto, porque no hay sombras de dudas, pero es un caso muy complejo al no poder llegar tan lejos como pretendíamos para obtener alguna prueba”, expone.
El móvil que ha barajado la policía fue el divorcio que recientemente le había planteado Iglesias a su marido por la relación que esta había iniciado con un empresario español residente en Venezuela. Aquella mañana temprano, Julio Araújo llevó a su pareja hasta el centro de Pontevedra donde iba a ir al zapatero y a recoger las fotos de la primera comunión de su hijo que se había celebrado días antes.
El hombre regresó a casa y luego bajó al bar que frecuentaba, según corroboraron varios testigos. Sin embargo, son estas las horas clave del caso, cuando se cree que se ejecuta el supuesto crimen, y que se suceden entre las 9.30 y 12.30 de la mañana. En ese lapsus de tiempo, Araújo, de 62 años, que trabajaba en el negocio familiar de venta de muebles, recibió dos llamadas en su domicilio que quedaron registradas por la policía: una de su hermana y otra de una empleada de la tienda para preguntar por qué su mujer no había ido a trabajar. Al día siguiente, un hombre encontró en una cuneta, cerca del monte Castrove, la cartera de Iglesias con la tarjeta sanitaria dentro. Allí comenzaron las batidas de la policía, pero no llegaron a utilizar el georradar sobre el terreno por falta de indicios.
En 2018 se reabrió el caso y la policía citó a declarar a Araújo y a un hermano como supuesto cómplice, pero no contestaron al interrogatorio que se realizó en la comisaría. Agentes de la Policía Científica regresaron a algunos escenarios ya inspeccionados años antes, como una finca y un pozo, y acudieron a otros lugares sorprendentes, como el panteón de la familia Araújo. Pero el recinto alberga una treintena de sepulturas, lo que hizo inviable la posibilidad de explorar la hipótesis de una posible incineración del cuerpo de la mujer que llegaron a barajar los investigadores.
Tampoco este insólito rastreo permitió encontrar restos biológicos de la mujer y las diligencias volvieron a archivarse hasta hoy. Para el abogado de Araújo, estas pesquisas fueron “desconcertantes” y siempre ha defendido que su cliente no tuvo tiempo material para deshacerse del cuerpo, y que el supuesto crimen tuvo que ser ejecutado por, al menos, dos personas. Jesús Santaló ha lamentado que la policía no investigara al hombre residente en Venezuela que iba a ver a Iglesias a la tienda donde trabajaba, según varios testigos.
El teléfono de prepago que ella utilizaba para comunicarse con su supuesta nueva pareja y que guardaba en su taquilla permitió a la policía contactar con él. El hombre declaró que se encontraba en Santo Domingo (República Dominicana), y que habló con Iglesias dos días antes de su desaparición para decirle que estaba con su expareja con la que intentaba reanudar la relación.
Sin un punto y final al caso de Sonia Iglesias, la tragedia ha marcado la niñez y adolescencia de su hijo Alejandro Araújo, que tenía ocho años cuando perdió a su madre. Pese a todo, el chico ha seguido conviviendo con su progenitor en la casa familiar y le ha acompañado en su larga enfermedad, aquejado de un cáncer, hasta su muerte en septiembre pasado.