El PSOE y el PP se dan cuatro días para pactar los nombres del Constitucional y decidir si avanzan en la paridad

El PSOE y el PP se han dado cuatro días para empezar a poner nombres encima de la mesa para renovar cuatro de los 12 miembros del nuevo Tribunal Constitucional. A partir del lunes, cuando se reanudarán las negociaciones, ambos partidos deberán decidir si avanzan o no en la paridad que desde hace años no se abre camino en el Tribunal Constitucional. Ahora hay dos mujeres y 10 hombres, y en la renovación pendiente sale ...

El PSOE y el PP se han dado cuatro días para empezar a poner nombres encima de la mesa para renovar cuatro de los 12 miembros del nuevo Tribunal Constitucional. A partir del lunes, cuando se reanudarán las negociaciones, ambos partidos deberán decidir si avanzan o no en la paridad que desde hace años no se abre camino en el Tribunal Constitucional. Ahora hay dos mujeres y 10 hombres, y en la renovación pendiente sale una de esas dos magistradas, Encarnación Roca, que ocupa el puesto de vicepresidenta. Fuentes socialistas descartan la posibilidad de que entre los cuatro nombres para esta primera renovación haya cuatro hombres. Al menos en los dos que le tocan al PSOE habrá con toda probabilidad una mujer. Si el PP propone dos hombres, la paridad quedaría exactamente igual, con dos mujeres de 12 miembros. Solo el nombramiento de cuatro mujeres acercaría la paridad a ese órgano (que quedaría constituido por cinco mujeres y siete hombres). Pero es algo muy poco probable en este momento. Lo que sí podría pasar, según estas fuentes, es que se logre un avance en la paridad si se suman las dos renovaciones, cuatro miembros ahora y otros cuatro en mayo de 2022. Ahí, si PSOE y PP propusieran una mujer en cada ocasión, sí se podría alcanzar el número de cinco de 12. Los socialistas insisten en que en cualquier caso, una vez concluida la renovación de ocho miembros de los 12, el número de mujeres será con toda probabilidad superior al actual, pero no está claro aún hasta dónde se llegará.

En menos de 24 horas, el Gobierno y el PP alcanzaron el jueves un acuerdo para el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Son todas las altas instituciones pendientes de renovar salvo el Consejo General del Poder Judicial, que queda fuera del pacto, como querían los populares. El acuerdo se cerró de manera verbal y con un apretón de manos tras dos reuniones y varias conversaciones entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que han iniciado un deshielo entre los grandes partidos con un pacto basado en la confianza mutua. Las negociaciones seguirán de forma discreta para buscar ahora un acuerdo también en el órgano de gobierno de los jueces y para cerrar los nombres del resto de instituciones a partir del lunes.

El PP intenta así quitarse la imagen de inmovilista sin ceder de momento en lo más importante, el Poder Judicial, y sin apenas perder poder, porque el Constitucional seguirá con una mayoría conservadora al menos hasta la siguiente renovación de otros cuatro miembros, en mayo de 2022. Los populares estaban muy satisfechos del acuerdo. Los socialistas también, porque creen que con este pacto se ha abierto la brecha para renovar el Poder Judicial y también para rematar en mayo el cambio de mayoría en el Constitucional.

El miércoles por la mañana, después de que Pablo Casado ofreciera a Pedro Sánchez renovar todas las instituciones salvo el Consejo del Poder Judicial, Bolaños llamó a García Egea. El acuerdo era sencillo, porque ya estaba prácticamente cerrado en febrero, cuando el PP vetó al juez de Prada para el CGPJ y todo se truncó.

—¿Esto va en serio, Teo?, le dijo Bolaños.

—Sí, va en serio. Si quieres, nos vemos esta misma tarde, le contestó García Egea.

Y así lo hicieron. Se reunieron en el Congreso a final de la tarde, y en unas pocas horas el pacto estaba enfilado. Los términos son los de febrero: reparto equitativo en el Constitucional, dos magistrados propuestos por cada partido —aquí hay que ver si de su cuota el PSOE cede uno a Unidas Podemos— que no cambia la mayoría conservadora; y en principio cambio total en el Tribunal de Cuentas, donde el PP debería perder la mayoría que tiene, dada la correlación de fuerzas en el Congreso.

Pasadas las 22.00 del miércoles, después de esa primera reunión y algunas llamadas, se dio a conocer en un comunicado idéntico de los dos grupos que se habían reiniciado las conversaciones. Bolaños y García Egea se citaron de nuevo en el Congreso en la mañana del jueves para rematar el pacto. Y lo lograron muy fácilmente, al volver sobre la senda trazada en febrero. Entonces sí se habían cerrado cuatro nombres para el Constitucional, y otro para el defensor del Pueblo: Ángel Gabilondo. Ahora, sin embargo, algunos de esos nombres pueden cambiar, aunque Gabilondo sigue con muchas opciones para el puesto de defensor. Bolaños y García Egea se dieron una tregua el fin de semana, en el que hay congreso del PSOE, y hablarán de nombres a partir del lunes, aunque fuentes del PP insisten en que estos “no serán un problema”. Ambos sectores coinciden en que se ha acordado que no habrá sorpresas y serán personas de reconocido prestigio.

Poco después de terminar la segunda reunión en el Congreso, a mediodía, se dio a conocer el acuerdo sin nombres, también con otro comunicado idéntico. Y enseguida comparecieron tanto Bolaños como García Egea para celebrar el pacto.

La renovación de estas instituciones se llevará a cabo en sendos plenos del Congreso y el Senado que se celebrarán previsiblemente la semana del 25 de octubre. En la nota oficial de La Moncloa se dice que el acuerdo es entre “el PSOE y el PP”, pero desde Unidas Podemos insisten en que es un pacto del Gobierno de coalición y los populares, y por tanto el grupo de Yolanda Díaz está incluido en ese acuerdo, aunque no haya negociado directamente.

En esta lógica, Unidas Podemos tendrá representación en los nombres para renovar los organismos, según fuentes de este grupo, aunque nadie quiere de momento desvelar los posibles candidatos. Los socialistas también admiten que Bolaños representaba al Gobierno de coalición en la negociación, no solo al PSOE. Mientras, los populares aseguran que “este es un acuerdo PP-PSOE” y no quiere saber nada de Unidas Podemos.

Tanto Bolaños como García Egea se felicitaron por el acuerdo, aunque el ministro insistió en que el Gobierno lo que quiere ahora es que este pacto se extienda al Poder Judicial. El PP asegura que este pacto se produce porque Casado decidió dar el paso el miércoles en la sesión de control. “Esta vez la mano tendida de Casado fue recogida por Sánchez”, dijo García Egea. “Es importantísimo este acuerdo para que las instituciones funcionen con normalidad”, remató Bolaños.

En cualquier caso, las conversaciones sobre el Poder Judicial van a continuar. “Todo es posible con voluntad y con intención de acordar y de ceder”, remarcó el número dos del PP en el patio del Congreso, tras un discurso conciliador en el que habló de la “voluntad de consenso” del PP y de la “normalidad absoluta” de que un partido de Gobierno y la oposición hablen. A ese cambio de tono se aferra el Ejecutivo para confiar en que habrá también pacto en el CGPJ, aunque de momento el PP no se mueve.

El PP, dejó claro García Egea, considera que esta renovación del Poder Judicial se tiene que hacer “con la norma vigente”, pero al mismo tiempo los populares quieren que se pacte un cambio de la ley para que la próxima renovación, cuando toque, se haga ya con un nuevo método de elección de los vocales, de forma que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 vocales.

Los socialistas, por el contrario, defienden el modelo actual y aseguran que es imposible aceptar lo que plantea el PP porque sería una manera de garantizar de forma permanente una mayoría conservadora en el Poder Judicial, voten lo que voten los ciudadanos, dado el aplastante dominio de este sector en las asociaciones judiciales.

La rapidísima negociación demuestra que el acuerdo es sencillo si hay voluntad política. Pero ahora falta el órgano con más poder: el CGPJ.