Interior descarga en Ceuta la responsabilidad de las repatriaciones de los menores marroquíes

El Ministerio del Interior ha tratado en los últimos días de sacudirse el grueso de la responsabilidad sobre las repatriaciones de los 700 menores marroquíes que entraron de forma ilegal en mayo en Ceuta y, que supuestamente se han efectuado sin el preceptivo informe de la Fiscalía y sin escuchar a los menores afectados, como exigen la Ley de Extranjería y la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Los esfuerzo...

El Ministerio del Interior ha tratado en los últimos días de sacudirse el grueso de la responsabilidad sobre las repatriaciones de los 700 menores marroquíes que entraron de forma ilegal en mayo en Ceuta y, que supuestamente se han efectuado sin el preceptivo informe de la Fiscalía y sin escuchar a los menores afectados, como exigen la Ley de Extranjería y la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Los esfuerzos del departamento de Fernando Grande Marlaska en salir del aprieto chocan, además, con la visión de los tribunales. Este miércoles la Audiencia Nacional, atribuyó, si bien de manera indirecta, al ministerio la orden de repatriación de los menores, algo que el Gobierno estaba tratando de evitar.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia rechazó este miércoles suspender de manera cautelarísima —esto es, de manera urgente y sin consultar a las partes, en este caso a Interior— las polémicas repatriaciones, como le había solicitado el lunes una ONG, la Red Española de Inmigración y Apoyo a los Refugiados. Lo que, sobre el papel y atendiendo únicamente a la parte dispositiva del auto, parece un aval judicial al Gobierno, está en realidad cargado de matices poco propicios para el Ejecutivo.

La ONG había presentado un recurso de protección de los derechos fundamentales contra un escrito de la Secretaría de Estado de Seguridad —perteneciente a Interior— por el que, el 10 de agosto, se dirige a la Delegación del Gobierno en Ceuta y “ruega” que “se proceda a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos”. En ese documento de Interior se establece que el proceso se llevará a cabo según lo previsto en un acuerdo bilateral de mayo de 2007 sobre menores extranjeros no acompañados, y se explica que los menores serán trasladados a un centro de acogida en Martil, cerca de Tetuán, “hasta que sean entregados a sus padres lo antes posible. En el caso de no existir progenitores, de los chicos se encargará la Entraide Nationale, un organismo público marroquí de asistencia social. Todo ello, “protegiendo siempre los intereses de los menores implicados”, se cierra el escrito.

La Audiencia Nacional considera que ese documento, por sí mismo, no contiene materia que aconseje suspenderlo de manera cautelarísima, ya que, además, el escrito hace mención al artículo 5 del acuerdo bilateral de 2007, que supedita cualquier actuación sobre los menores a las previsiones de la Ley de Extranjería, del año 2000, y la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España en 1990.

Sin embargo, el tribunal da varios reveses a los intereses de Interior. En primer lugar, la Audiencia desestima la pretensión del ministerio de que se declare incompetente para resolver sobre el recurso de la ONG, ya que, sostiene, el escrito del 10 de agosto no es una orden o instrucción de iniciar los procesos de devolución, sino un mero “ruego”. Los magistrados replican a este argumento que el escrito de la Secretaría de Estado de Seguridad ha desplegado efectos jurídicos: “Ha servido para que las autoridades correspondientes en la Ciudad Autónoma hayan puesto en marcha actuaciones de retorno de menores marroquíes con base en tal documento o instrucción”, afirma la Audiencia Nacional para justificar su competencia. Esta apreciación equivale a otorgar a Interior la orden de iniciar el procedimiento de la devolución, que, en cualquier caso, fue efectuado con el apoyo de la Policía Nacional.

El tribunal no cree que deba anular la instrucción del 10 de agosto, porque de su lectura “no se deducen las violaciones de derechos denunciadas”. Sin embargo, el tribunal considera que las resoluciones o actos materiales que se consideren contrarios a los derechos fundamentales deberán plantearse sobre los procedimientos previstos y regulados legalmente. Es decir, que se deben impugnar resoluciones o actos materiales que vulneren por sí mismos las normas nacionales e internacionales. Estas impugnaciones se deben realizar, explican, en los juzgados de Ceuta, que ya estudian recursos sobre supuestas vulneraciones de derechos de los menores.

La tesis de que la instrucción del 10 de agosto no es más que un mero ruego se ve, además, discutida por los propios documentos que Interior envió a la Audiencia Nacional dentro del plazo de 24 horas que el tribunal le dio para presentar una copia certificada del aquel escrito que inició todo el proceso.

Un correo electrónico de la Secretaría de Estado de Seguridad a la Delegación del Gobierno en Ceuta, en el que se adjuntó el escrito que puso en marcha el proceso de devoluciones, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, deja entrever que el papel de Interior fue más proactivo. “Dada la importancia de este asunto, se insta se proceda a cumplir lo previsto en el escrito desde hoy mismo”, se solicita a la Delegación del Gobierno desde la Secretaría de Estado el 10 de agosto a las 14.45. Las repatriaciones no se iniciaron ese día, como reclamaba Interior, sino el pasado viernes, día 13, con los primeros 15 menores. Durante el fin de semana hubo dos devoluciones más, hasta que el lunes pasado el Gobierno de Ceuta paralizó los traslados durante 72 horas ante la derivada judicial que estaba adquiriendo el proceso.

En el frente político, las aguas no bajan más claras. Los esfuerzos de Interior de descargar la responsabilidad primordial de las devoluciones anómalas en el Gobierno de Ceuta se están enfrentando con la respuesta de la ciudad autónoma, que sostiene que ambas administraciones, cada una dentro de sus competencias, actúan “de manera conjunta”, como manifestó ayer el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, del PP.

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que asumió este martes la responsabilidad de la decisión de solicitar al Ejecutivo el retorno de los menores, ha atribuido al Ministerio del Interior la decisión de activar el acuerdo bilateral con Marruecos para llevar a cabo las devoluciones. “Ceuta no puede, de alguna manera, pagar los platos rotos de algún defecto de índole formal o jurídica que se pueda tener, porque la situación aquí es absolutamente insostenible y de emergencia”, dijo en una entrevista en la cadena Cope. “Debo de aplaudir la decisión adoptada por Interior, que ha sido compartida por el Gobierno de la ciudad”, añadió.

Documentación escrita

En este contencioso es clave la existencia o no de documentación escrita en la que basar, de forma individualizada la repatriación de cada uno de los menores. El propio Vivas autorizó “todos los pasos que se han dado, con conocimiento previo de los mismos y de todas las circunstancias”, aunque la gestión de todo el proceso recayó sobre su vicepresidenta, Mabel Deu.

Tanto Deu como Vivas insistieron en que no se ha devuelto a ningún menor con perfil de vulnerabilidad (entre los que puede haber casos difícilmente detectables de identidad sexual, maltrato, explotación o abusos), que las devoluciones se han realizado “caso por caso”, y que los casos “manifiestamente vulnerables” eran atendidos en otros dispositivos y no en el polideportivo Santa Amelia, de donde salieron los 55 chavales que han sido devueltos ya a Marruecos.

Según ha relatado a EL PAÍS personal conocedor de la gestión del Santa Amelia, al menos un trabajador social y una psicóloga de la Fundación Samu habrían hablado y atendido a los adolescentes acogidos allí. Deu ha dejado entrever que el trabajo llevado a cabo por este “equipo técnico multidisciplinar” no habría dado lugar a ningún documento o expediente individualizado.

Desde el Gobierno autónomo apuntan que, de momento, sigue sin haber salidas. Los traslados podrían reanudarse en la noche del jueves, tras las 72 horas de paralización decretadas el lunes para nueve devoluciones por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta. “Nos está llegando la información de que es posible que mañana se reanuden las repatriaciones”, teme Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, una de las entidades que presentaron en Ceuta el recurso para detener las devoluciones, “es difícil defender la legalidad y los derechos de la Infancia, cuando la Administración actúa en la más absoluta clandestinidad”.

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