Interior y el CNI criban las solicitudes de los casi 100 afganos que acogerá España para evitar infiltrados

El imparable empuje de los talibanes que en menos de una semana se han hecho con el control de nueve de las 34 provincias afganas casi sin resistencia ha encendido todas las alarmas. El Estado afgano, apuntalado durante 20 años por la comunidad internacional, parece a punto derrumbarse como un castillo de naipes y los países occidentales no solo están evacuando a sus nacionales sino también a los afganos que trabajaron para los c...

El imparable empuje de los talibanes que en menos de una semana se han hecho con el control de nueve de las 34 provincias afganas casi sin resistencia ha encendido todas las alarmas. El Estado afgano, apuntalado durante 20 años por la comunidad internacional, parece a punto derrumbarse como un castillo de naipes y los países occidentales no solo están evacuando a sus nacionales sino también a los afganos que trabajaron para los contingentes de la OTAN y ahora se exponen a la venganza de los insurgentes, que los acusan de traición por haber colaborado con la “ocupación extranjera”.

El Gobierno español está preparando ya un operativo para evacuar a los afganos que trabajaron para la misión española, tanto la militar como la civil, y también para la Unión Europea. El operativo está siendo ultimado por una comisión en la que participan representantes de los departamentos de Defensa, Asuntos Exteriores, Interior, Migraciones y Presidencia.

Tanto Interior como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) están cribando las solicitudes para asegurarse de que entre los acogidos no se infiltra ningún yihadista. Muchos de ellos hace años que trabajaron para las tropas españolas y les acompañan hijos cuya trayectoria se desconoce.

Aún no se ha cerrado el listado definitivo, pero la relación provisional abarca casi un centenar de personas. Según fuentes gubernamentales, se trabaja en la delimitación de tres grupos: el primero, integrado por afganos que trabajaron para las Fuerzas Armadas españolas, en su mayor parte como traductores, que totalizan casi 40 individuos; otro formado por los contratados por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), más reducido; y, por último, el correspondiente al personal local de la Unión Europea.

Al no ser un Estado, la Unión Europea no tiene posibilidad legal de acoger a nadie, por lo que ha pedido a los países miembros que se hagan cargo de los afganos que prestaron servicio en la misión europea y pueden estar en peligro. Además, España y otros países occidentales podrían ofrecer refugio a afganos que por su proyección pública, periodistas o políticos, están más expuestos a ser objeto de represalias. Cada refugiado tiene derecho a traerse consigo a su familia, lo que hace difícil ajustar la cifra definitiva.

La evacuación no consiste solo en trasladar a España a los ciudadanos afganos que hayan trabajado para las tropas y agencias humanitarias españolas, sino que hay que regularizar su situación legal y preparar un plan de acogida. Interior está estudiando cuál es la fórmula legal aplicable y se inclina por concederles un estatuto de protección internacional, según las fuentes consultadas.

El Ejército español llegó a Afganistán en enero de 2002 y los últimos 24 soldados y dos intérpretes regresaron el pasado 13 de mayo. Atrás quedaron 102 bajas mortales y unos 3.500 millones de euros. El grueso de la retirada se produjo en septiembre de 2013, cuando se transfirió a las autoridades locales el control de la provincia de Badghis, al noroeste del país. Fue allí donde, entre 2006 y 2013, desarrolló sus proyectos de cooperación y desarrollo la AECID.

En otoño de 2013, tras una campaña de apoyo que recogió decenas de miles de firmas, el Gobierno accedió a acoger a casi más una treintena de los intérpretes que trabajaban para las tropas. En total fueron 41 los afganos trasladados a España, contando con sus familias.

Los restantes optaron por quedarse en Badghis, confiando en que se mantendría el entorno de seguridad que se había generado en la provincia, y cobraron un finiquito del Gobierno español, con el que renunciaron a cualquier reclamación ulterior.

El mes pasado, sin embargo, una docena de estos traductores entregaron una carta en la Embajada española en Kabul en la que pedían su evacuación a España, alegando que su vida corre ahora peligro y que habían recibido llamadas amenazantes en las que se les acusa de traidores, según publicó Vozpópuli

Ocho años sin empleados locales

Ante esta petición, Defensa empezó a estudiar la posibilidad de evacuarlos, iniciando así un proceso al que luego se sumarían Exteriores, Interior y Presidencia. Las fuentes consultadas subrayan que en los últimos ocho años el Ejército español no ha tenido empleados locales en Afganistán ya, que tras la retirada de Badghis y la entrega de la base de Qala-i-Naw la presencia militar española se limitó a un reducido contingente en Kabul. Además, sus traductores eran contratados en España y trasladados luego a Afganistán.

Fuentes gubernamentales sostienen que la tarea de documentación y comprobación de los afganos que serán evacuados a España está todavía en una fase preliminar, aunque el Ejército del Aire tiene ya preparado un avión de transporte A400M para recogerlos en Kabul en cuanto reciba la orden.

Antes de septiembre

Los plazos tampoco pueden demorarse demasiado, ya que la fecha límite que el Gobierno se ha fijado para realizar la operación es el 30 de agosto. A finales de mes está previsto que salgan las últimas tropas estadounidenses de Kabul y los responsables militares no se fían de que la seguridad del aeropuerto Hamid Karzai esté garantizada a partir de ese momento.

Washington y Ankara están negociando la posibilidad de que tropas turcas se hagan cargo de la seguridad del aeropuerto en septiembre, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo, ya que Erdogan exige recibir apoyo financiero y logístico.

Si finalmente no se confirmara la presencia militar turca, no solo se pondría en cuestión la evacuación de los afganos, sino la propia presencia de las embajadas extranjeras en la capital afgana, incluida la española, que se ha condicionado a la disponibilidad de un hospital y un aeropuerto. “Sin la garantía de que el aeropuerto está operativo, Kabul puede convertirse en una ratonera y nadie querrá quedarse allí”, admiten fuentes militares.

EE UU se ha comprometido a mantener una fuerza de operaciones especiales alertada en el golfo Pérsico para intervenir en caso de necesidad, pero esta fórmula no se considera suficiente.

Numerosos países han pedido a sus ciudadanos que abandonen el país y han iniciado, antes que España, la evacuación de los afganos que trabajaron para sus respectivos contingentes.

El Ministerio de Defensa alemán ha informado de la entrega de documentos de viaje para 446 contratados locales y sus familias; mientras que un primer vuelo con 200 afganos de los alrededor de 20.000 que trabajaron para el Ejército estadounidense aterrizó el pasado 30 de julio en el aeropuerto de Dulles , en Washington.