Nuevo procesamiento al expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, del PP

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha dictado auto de incoación de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación Provincial y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus; el exgerente de la extinta Imelsa y autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, y otros sei...

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha dictado auto de incoación de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación Provincial y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus; el exgerente de la extinta Imelsa y autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, y otros seis investigados más en el marco de la pieza separada D del caso Taula, relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de atención telefónica. La empresa Imelsa tenía como objetivo la promoción, ayuda y participación en actividades económicas, empresariales y sociales para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Valencia.

Se trata del segundo procesamiento en dos días para Rus, ya que este martes se hizo público que la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia le procesó junto a otras 25 personas más por las contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, también dentro del caso Taula dentro de la pieza también denominada de los zombis, en alusión a la presunta contratación de trabajadores que, en realidad, no trabajaban.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el magistrado considera que la instrucción acredita, sin perjuicio de ulterior calificación, la posible comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Junto a Rus, el instructor dirige el procedimiento contra Marcos Benavent, dos funcionarios de la Diputación —que establecieron las puntuaciones para la adjudicación—, dos empresarios —uno de ellos, administrador de la adjudicataria— y la esposa y la cuñada de uno de ellos. En cambio, acuerda el sobreseimiento libre para un investigado que ya ha fallecido y el sobreseimiento provisional y parcial de la causa para el ex diputado provincial Rafael Pérez, en su caso porque no consta que fuera consciente del fraude, entre otras razones.

El auto, que puede ser recurrido, declara concluida la investigación y da un plazo de veinte días a la Fiscalía para que solicite el sobreseimiento, la apertura de juicio oral o la práctica de nuevas diligencias.

Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia, adjudicó a Servimun S. L. el contrato para la prestación de servicios a través de un centro de atención multicanal (telefónica y telemática) a los contribuyentes de los municipios que delegaban en la corporación provincial la gestión y recaudación tributaria.

De acuerdo con la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la adjudicataria percibió de Imelsa entre agosto de 2013 y enero de 2016 un total de 930.000 euros por este contrato.

En su declaración ante la Guardia Civil en junio de 2015, según consta en el auto, el arrepentido Benavent aseguró que a través de Imelsa se adjudicó “a dedo” —posteriormente aclaró que de forma “amañada”— el call center a Servimun y que fue su exsuegro el que actuó de intermediario con Rus, para lo que se valieron de un funcionario destinado en la empresa pública quien articuló el procedimiento para posibilitar esa adjudicación.

El juez considera que pudo existir “un propósito deliberado de adjudicar un contrato para la prestación del servicio no a la mejor oferta, sino a una determinada y decidida de antemano, con conciencia tanto de favorecimiento arbitrario como del riesgo de de desviar y malgastar los recursos públicos”.

Esta conclusión, según el auto, se fundamenta entre otros motivos en la “relación de vecindad y amistad” entre uno de los funcionarios encausados, Salvador D. I., y el empresario José Mariano L. S., que era a su vez el exsuegro de Marcos Benavent y tenía un “conocimiento estrecho” de Alfonso Rus.

José Mariano L. S. percibió unos 150.000 euros de Servimun S. L. a través de una sociedad mercantil, Técnicas Legales Administrativas (TLA), sin actividad y administrada por su cuñada. El juez considera “evidente” que si el administrador de Servimun SL, Fernando José P.Z., pagó tal cantidad al anterior es porque éste “algún favor le debía” en relación con el contrato, “muy probablemente por actuar de conseguidor” ante el entonces presidente de la Diputación o Salvador D.I.

De hecho, el juez detalla que la adjudicataria optó al concurso anunciando una serie de mejoras cualitativas por las que recibió más puntos aunque luego no llegó a materializarlas. Por ejemplo, expone que el servicio desde el inicio y durante toda la duración del contrato fue realizado por no más de ocho agentes operadores; el horario se fue reduciendo progresivamente; la prestación durante las mañanas del sábado solo se llevó a cabo durante el primer mes y nunca se implantó un soporte técnico permanente de ingeniero de telecomunicaciones sino que todo el soporte técnico corrió a cargo de personal de Imelsa, entre otros incumplimientos.

Un informe del Servicio Jurídico de Divalterra, empresa heredera de Imelsa, reflejó que delas 990.000 intervenciones telefónicas ofertadas por Servimun para prestar el servicio de atención telefónica se recibieron únicamente 264.847 llamadas de las que únicamente 169.175 llamadas se atendieron y 95.665 no fueron atendidas.

Cierre de Divalterra, heredera de Imelsa

Este martes, el presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Toni Gaspar, anunció el “cierre ordenado y definitivo” de Divalterra, la empresa pública heredera de Imelsa, y avanzó que convocará “cuanto antes” una Junta General en la que se destituirá a los miembros del Consejo y se nombrará a los liquidadores, paso previo a la disolución, liquidación y extinción de la empresa pública.

Gaspar dijo que esta medida “permitirá la única obsesión que mueve mis decisiones desde Presidencia y la del resto del equipo de Gobierno de la Diputación, que no es otra que asegurar el trabajo digno de las casi 600 personas que integran la actual Divalterra”. La anterior Imelsa está inmersa en varios procesos de corrupción y enchufismo y Dilvalterra también se situó en el ojo del huracán en el caso Alquería, por el que el juez ha dictado apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, que fue expulsado del PSOE, y más de una decena de excargos socialistas y de Compromís en la corporación provincial, por supuesta prevaricación, malversación y falsedad en al contratación de trabajadores afines a ambos partidos. El fiscal pide ocho de cárcel para Rodríguez, actual alcalde de Ontinyent, tras montar su propio partido.